La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, participó en una sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a fundaciones en el marco del Programa de Asentimientos Precarios, y que son indagadas por el llamado caso Convenios.

En la instancia, la encargada de Dipres, que milita en Revolución Democrática (RD), abordó el tema y sostuvo que "es inexacto, incorrecto, decir que hubo algún tipo de flexibilidad a la asignación directa a los convenios de transferencia" en este Gobierno, como consignó La Segunda.

Martínez expuso que la entrega de fondos a entidades privadas, sin fines de lucro, comenzó en 2015, y que pretenden añadir modificación para la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024.

"Hay varias recomendaciones y materias de acción que estamos tomando, (...) primero reduciendo las glosas que establecen excepciones de normas generales", explicó, sumando que también habrá cambios en "regulaciones de contratos y procesos concursables" y exigirán "la rendición de cuentas usando la plataforma de Contraloría".

"problema estructural"

Consultada por una autocrítica, afirmó que "estamos dentro de un problema que es estructural" y sumó que "hay varias condiciones que han mostrado que hay una debilidad normativa".

Ejemplificó con auditorías internas de los servicios donde afirmó que "hay un espacio grande de mejora y que tiene que ser de rango legal".

En tanto, Martínez manifestó que "la Dipres no tiene atribuciones relativas a la fiscalización de un convenio, (...) pero sí atribuciones en materia de evaluación del gasto, que se realizaron".

Antes, desde la oposición surgieron críticas sobre la influencia de cambios en la Ley de Presupuestos 2023 que habrían permitido las transferencias de fondos del caso Convenios, pero fue descartado por Dipres.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo ayer que Salvador Allende murió "asesinado", antes de su visita a Chile, el próximo 11 de septiembre, para conmemorar los 50 años del golpe de Estado y el fallecimiento del exmandatario, cuyo deceso oficialmente está rotulado como suicidio.

"(Voy a) la ceremonia oficial por los 50 años del golpe de Estado y el doloroso asesinato, aunque se habla de que fue un suicidio, pero en las circunstancia yo diría que fue un asesinato, un crimen civil, lamentable, del presidente Salvador Allende", declaró López Obrador en su rueda de prensa diaria.

El mandatario mexicano llamó "asesinato" a la muerte de Allende, una versión que han sostenido antes algunos sectores de la izquierda latinoamericana. Pero la Corte Suprema ratificó en 2014 que Allende se suicidó el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe de Estado, por lo que dio por cerrada la investigación sobre su fallecimiento.

Además de esta ceremonia en el Palacio de La Moneda, López Obrador se reunirá el 10 de septiembre en la Casa de México en Chile con exiliados chilenos que se refugiaron en territorio mexicano.

"Vamos a tener una reunión con todos los que estuvieron en el exilio en ese entonces que viven ya en Chile, pero que estuvieron en México porque están muy agradecidos con México, ya hemos hablado del gran respeto, de la admiración a México por su política exterior", indicó.