Sebastián Mejías O.

Desde que estalló el caso Convenios hay varios gobiernos regionales que están siendo investigados por la Fiscalía y otros que han sido querellados por la oposición, como el caso del Gore de Valparaíso, con serias dudas en la legalidad del traspaso directo de millonarios fondos a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

De ahí, y ante la discusión de la Ley de Rentas Regionales que pretende inyectar más recursos a los territorios, que algunos parlamentarios de oposición, la Contraloría e incluso autoridades de Gobierno pusieran en duda los mecanismos de control del gasto que poseen actualmente los gobiernos regionales y el exceso de discrecionalidad que tienen en algunas transferencias de fondos.

Tales advertencias fueron recogidas por el Ministerio de Hacienda que, a través del ministro Mario Marcel, presentó 23 indicaciones al proyecto -conocido también como Ley de Financiamiento, Descentralización Fiscal y Responsabilidad Fiscal Regional- pensando en darle un mayor control a los recursos que administrarán los gobernadores regionales.

Aquello se lograría, en base a las indicaciones presentadas, haciendo modificaciones al ciclo presupuestario de los Gobiernos Regionales; limitando la regulación del endeudamiento y demás facultades financieras; modificar las reglas sobre ingresos propios y el régimen de bienes; fortaleciendo el rol de la Contraloría General de la República; dándole potestad al Core para incidir en transferencias mayores a 3 mil UTM (hoy inciden sólo si son mayores a 7 mil UTM); o incluso dotando de procesos de Alta Dirección Pública a cargos relevantes del Gobierno Regional.

Será una tarea enorme

Junto a ello, todas las transferencias a privados deberán ser analizadas por el Core, decisión de Hacienda que, según el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, "va a ser una tarea enorme, (...) ya que estamos hablando, también, de pequeños proyectos que tienen un tope máximo de financiamiento de $7 millones, dirigidos fundamentalmente a organizaciones sociales".

Si bien considera que las indicaciones "son mecanismos de control adecuados", Mundaca hubiese querido "que se pudieran discutir previamente con los gobernadores". Cree que "de nada sirve lo que se le está planteando a los gobiernos regionales, si es que no hay medidas de control al funcionamiento de todas las instituciones de apoyo al Estado".

Además, lamentó que frente a toda esta discusión se olvide el foco fundamental de la Ley de Rentas, "que es descentralización fiscal y que los gores cuenten con mayores tributos para combatir las asimetrías que existen en nuestras regiones".

Cargos de confianza

Por su parte, la diputada Camila Rojas (Comunes), que integra la Comisión de Hacienda de la Cámara, piensa que "poner controles al uso de recursos públicos es muy importante" y por eso valora las indicaciones que presentó el Gobierno, "trabajadas en una mesa técnica entre oposición y oficialismo".

No obstante, le preocupa aquella indicación que establece un proceso de Alta Dirección Pública para cargos que hoy son de confianza en el Gobierno Regional. A su juicio, "eso no debería ser así, ya que un cargo que es electo de manera popular requiere tener equipos de confianza".

Notable abandono

Aunque valora que se apunte a garantizar el control y la eficiencia en el gasto, al core Manuel Millones le llama "la atención que el Ministerio de Hacienda no ponga el foco donde se originó la corrupción, que son servicios de dependencia directa del Gobierno". Cree que "quieren de manera descarada lavar sus propias culpas y complicidades haciendo que los gobiernos regionales paguen los costos de actos corruptos facilitados por el mismo Ministerio de Hacienda, cuando eliminó las restricciones a entidades privadas que postulen a fondos públicos".

Pese a su crítica, valoró que se "incluya en causales de notable abandono de deberes la infracción grave a las normas sobre administración y presupuestaria y faltas a la probidad en contexto de transferencias o asignaciones directas con conflicto de interés".

Es necesario, dice, que "se incorporen causales para perseguir responsabilidades políticas a quienes incurran en esas prácticas y vulneren esos principios de probidad".

"Son mecanismos de control adecuados, pero habría querido que se pudieran discutir previamente con los gobernadores".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional

"Poner controles al uso de recursos públicos es muy importante y por eso valoro las indicaciones que presentó el Gobierno".

Camila Rojas, Diputada (Comunes)

"Llama la atención que Hacienda no ponga el foco donde se originó la corrupción, que son servicios de dependencia directa del Gobierno".

Manuel Millones, Consejero regional (Ind.-UDI)

Con el objetivo de contar con información detallada sobre el número de loteos irregulares existentes en la comuna de La Ligua, cuántas personas habitan en ellos y en qué condiciones, la municipalidad local inició un proceso de diagnóstico en conjunto con comités y juntas de adelanto de estos territorios para evaluar su regularización y, al mismo tiempo, frenar este tipo de urbanizaciones ilegales que han proliferado en esta comuna de la Provincia de Petorca.

Para la consecución de esta meta, el alcalde Patricio Pallares encabeza una mesa técnico-política para identificar y realizar una "primera radiografía" que permita sistematizar el trabajo para regularizar su situación, instancia cuya primera reunión se efectuó en el Salón del Concejo Municipal y contó con la participación de concejales, funcionarios municipales y organizaciones de residentes que forman parte de estos asentamientos.

Ordenamiento

El municipio de La Ligua se ha propuesto que los propios vecinos que habitan estas zonas definan y reconozcan los lugares donde están emplazados, llevando a cabo una radiografía sobre uso de suelo y condiciones urbanísticas, para así iniciar una vía que permita sentar las bases de un ordenamiento definitivo del territorio.

"Llevamos muchos años con una población que está creciendo desordenadamente. (...) No queremos ni permitiremos que se siga loteando irregularmente la comuna, porque se está haciendo un daño ambiental y se merman las arcas municipales", señaló el Pallares.

Camino apropiado

Daniel Curilén, presidente de la Asociación de Comunidades Unidas en Territorios Irregulares (Agrupati), sostuvo que "esta cita fue muy fructífera, porque, como dirigentes, creemos que el camino correcto es el que se está tomando con una mesa técnico-política liderada por el alcalde".

Para el diputado Diego Ibáñez (CS), quien también participó en la reunión, se trata de "una iniciativa que valoramos en tanto considera la inclusión de los actores de la comunidad que se han visto afectados y que significa actuar concretamente para resolver un problema que es una realidad de la que tenemos que hacernos cargo".

Tras haber permanecido 13 días con prohibición de baño y de actividades recreativas al detectarse niveles de coliformes fecales por sobre la norma, la Seremi de Salud levantó la restricción para la playa San Mateo de Valparaíso, al verificar que "no existen las causales de riesgos en las aguas primarias". Junto a ello, la repartición informó que solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente establecer si ya existe un programa de medición y control de calidad del agua del área de influencia del cuestionado emisario Loma Larga, de Esval, medición que, indicaron, "permitirá a las autoridades generar acciones de protección".