Edificaciones irresponsables
La alcaldesa Macarena Ripamonti pidió información sobre los permisos de obra entregados a los edificios en Cochoa. Para resolver el problema ocurrido en Reñaca se requiere que las autoridades adopten una actitud seria y responsable, que promueva un desarrollo equilibrado.
Preocupada por la situación de los vecinos del edificio Kandisnky, ubicado a metros del gigantesco socavón que se produjo en el sector de Cochoa, y por el resto de los residentes de la zona, la alcaldesa Macarena Ripamonti pidió información sobre los permisos de obra entregados a las decenas de edificios ubicados cerca del campo dunar. La sospecha de la alcaldesa es que durante la administración de Virginia Reginato hubo una actitud condescendiente con el rubro inmobiliario, una laxitud en la elaboración y fiscalización de las normas que rigen la construcción en las dunas, lo que permitió una explosión de proyectos de edificios de altura en zonas de alto riesgo y un impacto irreversible en los valores naturales de los sectores costeros circundantes, incluido el balneario de Reñaca.
Pero la historia es más compleja de lo que se deduce de la demonización de la administración anterior, ya que los directores de obras municipales tienen una doble dependencia, que siempre es compleja de resolver. Por un lado son funcionarios que administrativamente dependen del alcalde de turno; por otra, están sometidos a las fiscalizaciones, revisiones y supervisiones del seremi Minvu, que es el superior jerárquico del DOM en términos de aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de Ordenanza General. A ello se suman las interminables interpretaciones de la norma que hacen los impulsores de un proyecto, sus opositores, las autoridades involucradas y hasta los organismos dirimentes, como la Contraloría y los tribunales. Para resolver el problema ocurrido en Reñaca no sirven las campañas antiedificaciones o los ejercicios de demonización concertados, sino que la actitud seria y responsable de un conjunto de autoridades que debe fomentar un desarrollo inmobiliario equilibrado, que no sólo cumpla con la legislación, sino que, además, porte una visión de largo plazo que sea compartida por la comunidad.