El pasado 1 de agosto se inició en la Comisión de Defensa del Senado la discusión del proyecto sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), aunque hay otro que está en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y Diputadas, y que fue presentado por el Ejecutivo.

"El proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza ingresado en el Senado es un proyecto transversal del cual soy mocionante y que consideramos es sustancialmente superior al proyecto del Ejecutivo, que se encuentra en la Cámara de Diputados, en el cual no se entregan certezas y garantías suficientes a quienes deben velar por el cumplimiento de la Ley", sostiene el senador por la Región de Valparaíso y exvicealmirante Kenneth Pugh, quien preside la citada comisión.

- ¿Hay puntos en común?

- La iniciativa del Senado tiene foco en hacer más efectiva la responsabilidad del Estado de mantener el Estado de Derecho y otorgar seguridad a los ciudadanos, utilizando la fuerza legítima que existe para ello, esto es, las Fuerzas de Orden y Seguridad en forma normal y, en casos calificados las FF.AA. La aproximación es el cumplimiento del deber de protección a la ciudadanía con personas que han sido mandatadas y preparadas por el Estado, que arriesgan sus vidas y su integridad física, y que por lo tanto deben tener el necesario respaldo jurídico y político. Respecto a las Reglas, ellas deben, dentro de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales, permitir disuadir, controlar e imponerse sobre quienes delinquen o afecten los derechos de los demás ciudadanos, en forma efectiva, con el mínimo de riesgos innecesarios, pero sin limitar la libertad de acción de quienes están en el lugar de los hechos y deben reaccionar en el mínimo de tiempo. En ese sentido, hay que ser muy cuidadoso con los conceptos de proporcionalidad, protocolos secuenciales, legítima defensa, o uso de las armas para cumplir el deber. El proyecto presentado en la Cámara de Diputados presenta varios problemas, por lo que creemos que se debe evaluar nuestro proyecto en su mérito como una mejor alternativa (...).

- Como exvicealmirante, ¿qué aspectos fundamentales tendría que contener la futura ley?

- Como un primer paso, siempre es bueno que exista una ley que establezca el marco de acción, que entregue certeza y claridad sobre los límites dentro de los que se puede actuar en esta materia, porque ello contribuye a tener reglas claras y certeza jurídica para la actuación de las instituciones involucradas. Por lo pronto, debe contener aspectos mínimos deseables, tales como el alcance en la aplicación de la ley, los organismos involucrados, la materia regulada, los principios, los medios para el ejercicio del uso de la fuerza, las reglas propiamente tales, la mención al cumplimiento del deber y la legítima defensa como eximentes de responsabilidad para el personal regulado en la ley, entre otras.

- Por otra parte, ¿qué le parece el nombramiento de Ricardo Montero como subsecretario de Defensa?

- El subsecretario de Defensa (...) tiene inmensas responsabilidades en la conducción política de la Defensa Nacional y en la producción del bien público Seguridad Nacional. No se entiende que éste sea el cuarto subsecretario en menos de dos años de Gobierno. Algo no tiene lógica y sería muy bueno que el Ejecutivo saliera a explicar la causa de la salida de Gabriel Gaspar y de Víctor Barrueto. Especialmente si estamos en medio de una agenda legislativa de seguridad que es relevante para la ciudadanía y para el futuro del país. Esperamos que el subsecretario Montero se ponga al día a la brevedad respecto del estado de la defensa nacional.

- En 2020 Montero expuso ante el Senado, en medio de la discusión por el proyecto de infraestructura crítica y el rol de las Fuerzas Armadas, de que "sería exponer a la población a violaciones a los derechos humanos y exponer a las propias FF.AA. a que no puedan cumplir la labor que se les encomienda".

- No creo apropiado referirme a ello. Siempre he sostenido que cualquier persona que aspire a acceder a puestos de poder político, la virtud cardinal de la prudencia es un activo muy relevante. El propio Ejecutivo envió al Senado, el pasado 1 de agosto, un proyecto de ley para regular la protección de la infraestructura crítica del país, radicado a la fecha en la Comisión de Defensa del Senado, por lo que lo relevante de esta discusión es lo presente y lo futuro. Así lo abordaré en la próxima sesión del martes 29 de agosto donde conoceremos la opinión del Ministerio de Defensa y de dos de las superintendencias de servicios esenciales, regulados por el Estado (electricidad, combustibles y agua).

- ¿Era necesario cambiar a Víctor Barrueto?

- Estos cambios y nombramientos son una atribución exclusiva del Presidente de la República, por lo que deben evaluarse como tales. Sin embargo, por lo fundamentado anteriormente, no es conveniente el cambio permanente del subsecretario de Defensa, un puesto sensible y que debiese estar alejado de la política contingente. El cargo fue creado el año 2010 para dar una mejor conducción política de la Defensa y, en los tres anteriores gobiernos desde entonces, los subsecretarios de Defensa han permanecido todo el período de Gobierno en su puesto, relacionándose con el Congreso para muchos temas país, con una mirada de Estado y de largo plazo.

- Usted ha sido un importante impulsor de las leyes sobre ciberseguridad. ¿Cómo se ha avanzado al respecto?

- Como país hemos avanzado en diversos aspectos, tanto desde lo público como lo privado, así como en infraestructura. Pero, sin duda, faltan diversos aspectos por desarrollar y seguimos estando atrasados respecto de la vertiginosa velocidad del avance de las tecnologías digitales. En lo legislativo, el año 2018 fui autor junto a otros senadores de la ley N° 21.113, que estableció en nuestro país el mes de octubre como el mes nacional de la ciberseguridad, con el fin de promoverla y realizar ejercicios nacionales relacionados con ella; asimismo, el año pasado se dictó la nueva ley de delitos informáticos, N° 21.459, que adaptó nuestra legislación a los estándares internacionales del Convenio de Budapest y actualizó las figuras en este tipo de ilícitos; y actualmente se están tramitando en el Congreso Nacional dos importantísimos cuerpos legales en materia de ciberseguridad, como son la nueva ley de protección de datos personales y la ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, que se espera puedan estar listos durante este año. En esta materia Chile avanza, pero demasiado lento, y a mi parecer falta impulsar una cultura nacional de ciberseguridad, crear nuevas carreras universitarias y técnicas relacionadas, invertir en talento ciber, fomentar a nivel escolar la difusión y el conocimiento de la ciberseguridad mediante la "ciberhigiene"; acelerar la transformación digital del Estado, destinar nuevos recursos a la investigación aplicada y avanzada, apoyar los emprendimientos digitales, regular y emplear de buena forma la inteligencia artificial. En fin, focalizar los esfuerzos en un sinnúmero de ámbitos en los que la revolución digital está cambiando por completo al mundo y a nuestra humanidad. Hago un llamado al Presidente de la República a dejar un legado de su gestión aquí, en la digitalización del Estado, donde existe una herramienta de futuro muy poderosa. No se puede seguir esperando más. Esto se debe hacer con ciberseguridad, que además incluya interoperabilidad, nueva identidad digital, protección de datos personales, protección de redes y sistemas digitales. En resumen, la protección de las personas en el ciberespacio.

- Como integrante de la Comisión Especial de Zonas Extremas, ¿cuánto se ha avanzado en el tema de darle un estatuto especial al Archipiélago Juan Fernández?

- El estatuto especial para Juan Fernández es una necesidad y una urgencia. Nuestra Constitución Política establece en su artículo 126 bis que tanto la Isla de Pascua como el Archipiélago Juan Fernández son territorios especiales, y que para su Gobierno y Administración se regirán por los estatutos especiales que se establezcan por ley. En el caso del Archipiélago Juan Fernández, se encuentra pendiente la publicación del estudio de capacidad de carga que se solicitó e inició hace más de tres años, precisamente para fundamentar y definir el contenido que tendrá el estatuto, que responda a las características, necesidades y variables particulares de dicho archipiélago, por lo que actualmente se está a la espera de que finalice esa etapa para que el Ejecutivo avance en la presentación del estatuto. He pedido oficialmente se consulte a través de la comisión a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que señale en qué fecha tiene previsto ingresar el proyecto de ley del estatuto especial para el Archipiélago Juan Fernández. 2

He pedido oficialmente se consulte a través de la comisión a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que señale en qué fecha tiene previsto ingresar el proyecto de ley del estatuto especial para el Archipiélago Juan Fernández".

Flor Arbulú Aguilera

flor.arbulu@mercuriovalpo.cl

Hace un llamado al Presidente a dejar un legado en la digitalización del estado.

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