Sebastián Mejías O.

A partir de los resultados de la investigación especial publicada por la Contraloría General de la República el 12 de mayo pasado, en torno a eventuales irregularidades ocurridas en la Municipalidad de Limache, dos concejales de la comuna darán a conocer hoy los detalles de una querella que presentaron hace unos días contra quienes resulten responsables ante el posible delito de malversación de caudales públicos. La acción se agregará a la causa que ya se encuentra abierta y en plena etapa investigativa por parte del Ministerio Público.

La indagación que lleva adelante el ente persecutor de la comuna de Limache, que hoy permanece vigente y con diligencias en curso, se inició precisamente por la advertencia que la Contraloría realizó a la Fiscalía Regional de Valparaíso, frente a situaciones que podrían revestir carácter de delito. En este sentido, las dudas se centran en el pago de una cifra cercana a los $37 millones a tres funcionarios, cuyas actividades dentro del municipio no se pudieron comprobar.

Doble trabajo

El principal hecho que preocupa tanto a la Fiscalía como a los ediles Claudia Arcos (Igualdad) y Joel González (independiente) tiene que ver con los $25.241.462 millones que, en la modalidad de honorarios, se pagaron a una supuesta funcionaria de la Dirección de Seguridad Pública en el periodo comprendido entre enero de 2019 a octubre de 2022, de quien no se cuenta "con antecedentes que permitan acreditar las labores realizadas por ella", según estableció la Contraloría.

La empleada apuntada habría sido contratada para atender la caseta de Seguridad Pública, recibir denuncias y llamados de emergencia, entre otras labores, no registrándose, en el total de meses trabajados, antecedentes que acrediten las labores realizadas ni documentación que sustente las labores anotadas en los informes de actividades.

Esta situación, se añade en el informe, "infringe el artículo 2°, letra c), de la resolución N° 30, de 2015, comprobándose, además, que dicha servidora desde el 1 de julio de 2013 hasta el 14 de octubre de 2022, estuvo contratada por la empresa Agrotumita SpA, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y hasta las 18:30 horas en verano".

En base a esa información, la investigación logró determinar que "existirían incompatibilidades horarias con las labores que debía cumplir en el municipio, debiendo esa entidad edilicia adoptar medidas para evitar la reiteración de situaciones similares".

Los más de $25 millones que pagó la municipalidad en el caso anterior, sin que la Contraloría pudiera acreditar las labores realizadas, se suman a otros $11 millones en servicios que debía cumplir una segunda funcionaria y que no pudieron verificarse. Se cuestiona, además, un tercer vínculo fijado entre el 8 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021, a cambio de $508 mil mensuales, caso en el que "no fue posible acreditar el pago por la realización de alguna actividad que requiera de una contraprestación por parte del municipio".

"posible delito"

Lo fundamental para Claudia Arcos, edil de Limache que hoy dará a conocer públicamente la querella que presentó junto a su par Joel González, es que fueron elegidos como concejales "para fiscalizar (...) y la buena fiscalización también vela por la democracia". "Nosotros no vamos a faltar a nuestro mandato si es que tenemos indicios de algo que debemos revisar, fiscalizar o denunciar", agregó.

"Como concejales tenemos que velar porque lo que publicó Contraloría en su informe se cumpla", recordó Arcos, advirtiendo que el fondo de la querella apunta al caso de "una funcionaria que podría constituirse en el delito de defraudación al Fisco y por esa razón Contraloría remite el informe al Ministerio Público".

Municipio se defiende

Consultados por las acciones que inició primero la Fiscalía Local de Limache, más la acción judicial interpuesta por dos concejales, desde el municipio señalaron que se basa en un informe de Contraloría que fue "emitido en el mes de mayo y una vez notificados de su resolución fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal, tras lo cual se concretaron comisiones de trabajo que permitieron disponer de todas las medidas administrativas sugeridas por la Contraloría".

Afirman que "frente a las dudas del ente contralor respecto al cumplimiento del contrato de una funcionaria a honorarios, el organismo estatal remite los antecedentes al Ministerio Público para que investigue, sin que exista un pronunciamiento final de éste o de tribunales".

En ese sentido, dejaron claro que el "municipio seguirá realizando las gestiones que permitan esclarecer la situación, manteniendo la férrea convicción que no existen accionas dolosas o de incumplimientos que puedan implicar responsabilidades penales".

"Nosotros no vamos a faltar a nuestro mandato si es que tenemos indicios de algo que debemos revisar, fiscalizar o denunciar".

Claudia Arcos, Concejala de Limache

"Mantenemos la férrea convicción que no existen acciones dolosas o incumplimientos que puedan implicar responsabilidades penales".

Municipalidad de Limache

Si bien no tienen certeza en torno a las responsabilidades del error que hoy día complica sus ingresos de agosto y septiembre, las más de 2 mil beneficiadas por el Programa de Inversión a la Comunidad (ProEmpleo) de la Región de Valparaíso esperan que las instituciones se pongan de acuerdo para liberar los fondos que garantizan su estabilidad laboral hasta diciembre de este año.

Fue en julio pasado que el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó $6.154 millones para dar continuidad a los salarios desde agosto a diciembre de 2023 de las favorecidas, en su mayoría jefas de hogar, por los programas de ProEmpleo. Sin embargo, los fondos inyectados sufrieron una demora por responsabilidades que aún no se aclaran, afectando el pago correspondiente al mes de agosto que podría, incluso, retrasarse hasta más allá de las Fiestas Patrias.

Luego de manifestarse en el Gobierno Regional y de reunirse con cores, la presidenta del Sindicato N° 1 Viña Oriente de los programas de ProEmpleo, María Tapia, se entrevistó ayer, de la mano de otras dirigentas de la Región de Valparaíso que buscan respuestas a su problema, con el director nacional del Programa de Inversión a la Comunidad. Tapia precisó que dicho encuentro "terminó sin soluciones claras, ya que desde Santiago les dijeron que la responsabilidad está en el Gobierno Regional que no liberó los recursos para pagar los salarios de agosto".

Reclama "que la pelota se la tiran unos con otros, mientras que cerca de 2 mil mujeres de la región siguen esperando por sus salarios".

"burla del gobierno"

A juicio del consejero regional Manuel Millones, la responsabilidad sería del Gobierno, agregando que lo que "sucedió con las trabajadoras de los planes de empleos de emergencia en la región es impresentable y amerita una investigación y posterior sanción".

Millones, quien recibió en dependencias del Core a dirigentas de los planes ProEmpleo, lamentó "escuchar la sentida queja de estas mujeres que, pese haber trabajado durante todo agosto, no recibieron sus pagos del mes por la falta de contratos a cargo de las ONG que las cobijan". Apunta la responsabilidad a "la Dirección de Presupuestos (Dipres), que aún no ha autorizado la transferencia de los más de $6 mil millones que aprobamos como Consejo Regional al Ministerio del Trabajo".

Es triste, dice Millones, que "trabajadoras se queden en la incertidumbre y sin tener una respuesta acerca de quién les pagara sus sueldos". "No hay duda que esta situación es un burla del Gobierno", criticó.

"La pelota se la tiran unos con otros, mientras que cerca de 2 mil mujeres de la región siguen esperando por sus salarios".

María Tapia, Dirigenta programas ProEmpleo