Gian Franco Giovines D.

El pasado viernes 19 de mayo, Maricel Martínez, exdelegada de la Provincia de San Felipe, renunció a su cargo advirtiendo "maltrato y persecución de algunos medios de comunicación". Esto, tras ser acusada de mantener una causa vigente por una presunta deuda de pensión alimenticia, situación que la exautoridad desmintió.

Sin embargo, 105 días después de su bullada salida, el Ejecutivo aún no ha encontrado a un reemplazante para la militante PPD. Y si bien asumió de manera subrogante el delegado provincial de Los Andes, Cristián Aravena, desde la provincia sanfelipeña afirman que dicha autoridad, a pesar de su buena disposición, "no da abasto" con las diez comunas que en este momento están a su cargo.

Carta a delegada

Manifestando su descontento por esta situación, esta semana llegó una misiva hasta el gabinete de la delegada presidencial regional, Sofía González, firmada por dirigentes de distintas agrupaciones gremiales de San Felipe, entre ellas la Cámara de Comercio local y la Asociación de Servicio Sanitario Rural Aconcagua.

En ella exponen la "urgencia de contar con una persona a cargo de la Delegación Provincial de San Felipe", argumentando problemas de seguridad pública y una notoria baja en el personal de Carabineros. En la misma línea, se hace hincapié en la necesidad de mejorar la gestión del Ejecutivo para tratar la emergencia hídrica de la zona y se advierten "los posibles problemas que generaría la falta de representación del Gobierno en caso de emergencias".

"Esto Me preocupa"

Humberto González, presidente de la Asociación de Servicio Sanitario Rural Aconcagua, ha sido el principal impulsor de la carta a la delegada.

"No podemos estar más de 100 días sin un representante del Gobierno. Yo soy un dirigente de mucho tiempo y esto me preocupa", comenta a este Diario el vocero gremial, quien asegura además que la situación ha generado demoras en la gestión de proyectos de Agua Potable Rural (APR).

"agenda detenida"

En un tono más incisivo se refiere el directivo de la Cámara de Comercio de San Felipe, Hernán Gajardo: "Esto nos tiene con una agenda detenida. No sabemos cómo afrontar desafíos como el problema del comercio ambulante, la baja de las fuerzas policiales. La verdad es que es una vergüenza que hayan pasado 100 días sin un delegado presidencial".

Asimismo, el consejero regional Iván Reyes (RN) afirma que "la impresión que tiene la ciudadanía es que efectivamente hay un abandono y una negligencia de parte del Gobierno, (el delegado) es una autoridad muy relevante en la administración de la provincia y el Gobierno no ha tenido la capacidad de nombrarla".

En la misma línea, aunque en distinto tono, apunta el consejero regional Eduardo León (PPD): "Comparto plenamente lo señalado por los dirigentes. Si bien el delegado biprovincial ha hecho los esfuerzos, no es suficiente".

Desde la mirada municipal, el alcalde de Putaendo y ex PS, Mauricio Quiroz (Ind.), se suma a la petición: "Me parece que, efectivamente, estamos en una situación bastante compleja. Si bien hemos tenido una buena coordinación con el delegado biprovincial, se hace indispensable, evidentemente, disponer de un nombramiento a la brevedad posible, entendiendo que la coordinación de los servicios públicos se hace más eficiente en la medida que esa autoridad existe".

En tanto, el alcalde de Llay Llay, Edgardo González (DC), asegura que la situación de la provincia "no es lo esperable. Evidentemente, uno espera que la provincia tenga una autoridad con quien dialogar, con quién resolver conflictos".

Desconexión

En un tono más categórico se refirió el diputado de oposición Andrés Longton (RN): "De este Gobierno uno se puede llevar muchas sorpresas, pero lo que no habíamos visto antes es que un delegado provincial se tenga que hacer cargo de dos provincias. Le pedimos al Presidente Boric que lo antes posible se ponga en los zapatos de miles de ciudadanos que viven en la Provincia de San Felipe".

En tanto, la diputada republicana Chiara Barchiesi manifestó que "lo que ahora está ocurriendo en San Felipe es una muestra más de la desconexión de este Gobierno con lo que ocurre fuera de Santiago. Comprueba, una vez más, que ya no tienen nombres".

"Esto nos tiene con la agenda detenida. No sabemos cómo afrontar problemas como el comercio ambulante".

Hernán Gajardo, Cámara de Comercio San Felipe

"La impresión es que, efectivamente, hay un abandono y una negligencia de parte del Gobierno".

Iván Reyes, Consejero regional (RN)

"No es lo esperable. Evidentemente, uno espera que la provincia tenga una autoridad con quien dialogar".

Edgardo González, Alcalde de Llay Llay (DC)

En la tarde de ayer, los ministros del Tribunal Constitucional (TC) se reunieron en sesión extraordinaria de Pleno en la Región de Valparaíso, para la vista de causas de la Región. La audiencia tuvo lugar en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones porteña, institución que facilitó sus instalaciones a fin de colaborar con la iniciativa y fortalecer el acceso a la justicia en la región.

Al respecto, la ministra Nancy Yáñez, presidenta del Tribunal Constitucional, señaló que si bien la sede de funcionamiento está en Santiago, la actividad que se desarrolló en Valparaíso insta por la descentralización efectiva de la justicia constitucional. "El Pleno de ministras y ministros se desplaza como un acto deferente a los ciudadanos, acercando su quehacer jurisdiccional a las regiones", destacó.

En ese sentido, recordó que "acceder al Tribunal Constitucional hasta hace poco era una brecha, pues los abogados debían trasladarse a Santiago para litigar. Hoy ello se ha superado con la tramitación electrónica. No obstante, sigue pendiente (...) un efectivo acercamiento del Tribunal a otras realidades geográficas para la toma de conocimiento de la realidad local y garantizar la pertinencia de las resoluciones judiciales a los casos concretos que estamos llamados a resolver."

Esta es la segunda vez que esta magistratura sesiona en Valparaíso. La primera se efectuó el 23 de enero de 2014.

Vieron tres causas

Ayer se vieron tres causas penales, cuyas gestiones pendientes tienen su origen en la Región de Valparaíso. La primera en tabla correspondió a un recurso de inaplicabilidad presentado por Arturo Bernardo González Espinoza, en el marco de proceso penal donde se impugna el artículo 387, inciso segundo, del Código de Procedimiento Penal.

La segunda y tercera vista recayeron en requerimientos presentados por Julio Antonio González Salazar y Gonzalo Alejandro Morales Castro, respectivamente, solicitando que se declare inaplicable el artículo 5°, numeral tercero del Código de Justicia Militar.

Antes de la sesión y en el marco de su visita a la Ciudad Puerto, durante la mañana el TC también organizó, en conjunto con la Universidad de Valparaíso, el seminario "Desafíos Actuales de la Justicia Constitucional", encuentro académico que tuvo lugar en el Aula Magna de la Escuela de Derecho del plantel, y en el que participaron la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, María del Rosario Lavín, y el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales.

"Acceder al TC hasta hace poco era una brecha, pues los abogados debían trasladarse a Santiago para litigar".

Nancy Yáñez, Pdta. Tribunal Constitucional