Claudio Ramírez

Una fuerte discusión genera por estos días un proyecto de ley que busca que el aguinaldo, que es un beneficio que se entrega a los pensionados y en general al sector público, también llegue de manera obligatoria a los trabajadores del sector privado. De hecho, según una encuesta realizada por Edenred, un 43% de personas aún no sabe si lo recibirá para Fiestas Patrias.

La moción impulsada por diputados del PPD, PS y el Frente Amplio contempla que sea entregado tanto este mes como en Navidad. Para ello se propone una modificación al artículo 10 del Código del Trabajo, donde se detallan los aspectos referentes al contrato del trabajador.

En la región esta posibilidad genera inquietud por los efectos económicos que puede acarrear, sobre todo para las empresas más pequeñas y considerando además que, recientemente, fueron aprobadas leyes laborales importantes como el aumento del salario mínimo.

"Un proyecto o iniciativa legislativa que vaya en beneficio de los trabajadores y trabajadores, de sus familias y calidad de vida, es una buena señal. Sin embargo, este tipo de avances no pueden hacerse a costa de las micro y pequeñas empresas, que en la práctica son quienes generan cerca del 70% de los puestos de trabajo existentes en nuestro país, según datos del INE, y para quienes esta obligatoriedad puede traer profundas dificultades económicas, al igual que el proyecto de las 40 horas laborales", comentó el presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), Javier Torrejón.

En esa línea, cree que esta iniciativa debe ser dialogada con tiempo y no encima de las festividades. "Creemos que debe ser profundamente contrastada con la realidad, por cuanto una gran mayoría de los emprendedores y empresas existentes en la región y el país, pertenecen al segmento de las micro y pequeñas empresas, para quienes esta obligación puede traer enormes dificultades económicas en el inmediato, considerado además que queda sólo dos semanas para el inicio del período de Fiestas Patrias", subrayó.

Requiere diálogo

En el gremio de las pymes remarcan que iniciativas de esta naturaleza implican acuerdos. "Es muy importante que planteamientos como este puedan ser conversados con quienes, eventualmente, tendrían que dar cumplimiento a un acuerdo de proyecto de ley entre parlamentarios", dijo la presidenta de Unapyme, Gianina Figueroa.

La líder gremial remarcó que en el sector existe un vínculo diario y estrecho con los colaboradores y que, en general, está en el proceder de las pymes entregarlo, aun cuando no existe obligatoriedad legal alguna para incorporarlos dentro del contenido contractual.

"Hay que recordar que las pymes acceden al 13% de las ventas totales del país, nuestras ventas actuales están por el suelo y la contratación de personal no abunda precisamente en nuestro quehacer hoy, a esto se suma un alza en el desempleo, la alta tasa de rechazo en solicitudes de financiamiento, etcétera", puntualizó.

Agregó que sería importante que el Parlamento avanzara "en soluciones más sistémicas de nuestra economía, saber si hay voluntad para leyes que reduzcan la concentración, por ejemplo, gran parte de los bajos sueldos y la precariedad de nuestra creación nacional radican en eso".

En las pymes del turismo, la opción también es vista con resquemor más allá de las buenas intenciones. "Parece una idea plausible, pero en nuestra industria donde aún no logramos una reactivación total no puede ser una obligatoriedad", opinó la presidenta de la Federación de Servicios Turísticos de Valparaíso (Fesetur), Verónica Castillo.

"Esto viene a cambiar nuevamente nuestro escenario como pymes. Postulamos más bien a la capacidad de cada empresario y hacemos un llamado a otorgar este beneficio de acuerdo a sus arcas y condiciones actuales", subrayó.

Parlamentarios

Por su parte, uno de los parlamentarios que impulsa la iniciativa, Tomás de Rementería (PS), reconoció que "es complicado que pueda ser efectivo para estas Fiestas Patrias, pero pienso que es un buen momento para discutirlo". En tanto, Andrés Longton (RN) manifestó que la iniciativa a su juicio es populista. "A sólo días del 18 de septiembre se presenta un proyecto de ley de aguinaldo obligatorio que, además, es un engaño porque los diputados no tenemos atribuciones para eso, ya que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República", concluyó.

"Creemos que esta iniciativa debe ser profundamente contrastada con la realidad, (...) puede traer enormes dificultades".

Javier Torrejón, Presidente CRCP

"Planteamientos como este deben ser conversados con quienes eventualmente tendrían que darle cumplimiento".

Gianina Figueroa, Presidenta de Unapyme

La dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto denominado Continuidad Operacional Fase V El Soldado, que permitirá que la mina de cobre de Anglo American pueda prolongar sus operaciones hasta el 2027.

"Recibimos la aprobación de este proyecto con responsabilidad y con la convicción de que será un aporte para la zona y sus habitantes", comentó la gerenta general de El Soldado, Paulina Jaramillo, quien recalcó la importancia que tiene la mina para la compañía en una serie de aspectos que tienen que ver también con el desarrollo de nuevas tecnologías.

"El Soldado tiene un rol clave para Anglo American a nivel mundial y su ambicioso enfoque de innovación tecnológica, FutureSmart MiningTM. En nuestra operación se inicia el desarrollo de proyectos tecnológicos de alto impacto para la industria minera, que tienen por objetivo disminuir los riesgos operacionales, mejorar la productividad y reducir la huella ambiental, aumentando la eficiencia en el uso del agua y la energía", remarcó.

Características

El proyecto, que contempla una inversión aproximada de US$ 40 millones, de acuerdo a lo señalado por la compañía, fue diseñado siguiendo criterios de sustentabilidad que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de reducir la generación de emisiones y minimizar la intervención de nuevas áreas.

Asimismo, considera una serie de mejoras operacionales y ambientales, como la implementación de una innovación tecnológica llamada Bulk Ore Sorting para clasificar minerales de acuerdo con la ley de cobre, permitiendo con ello reducir el uso de energía y la generación de residuos.

Su construcción se estima en un plazo de 18 meses, y se iniciará una vez que la empresa cuente con todos los permisos sectoriales específicos para el inicio de las obras.

Pero la aprobación de la iniciativa fue compleja porque en julio del año pasado había sido rechazado en el Comité de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, decisión que en su momento había generado preocupación en la minera, pues a su juicio contaba con todas las recomendaciones favorables para su visado, agregando que eso generaba incertidumbre sobre el proceso de evaluación. Trascendió que ese rechazo fue porque se consideraba que el proyecto debía someterse a un estudio de impacto ambiental.