Los riesgos de una mala legislación
Los llamados del Gobierno sobre el peligro de autotutela que encierra la ley contra usurpaciones no tuvo eco en el Congreso.
Un nuevo conflicto político vive el Gobierno y su coalición de partidos debido a la aprobación en el Congreso del proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución de los predios tomados. La iniciativa surgió como una herramienta para frenar el descontrolado crecimiento de los asentamientos irregulares, pero más aún como respuesta a la violencia desatada en torno al negocio de los loteos brujos. El caso del empresario conconino Alejandro Correa, asesinado por un sicario porque no quiso ceder ante las exigencias de los delincuentes que tenían tomado su terreno, estuvo siempre presente en el debate legislativo, como un ejemplo dramático de la escala que ha alcanzado el problema.
Allí radica, precisamente, una de las complejidades del tema. Ya no se trata de algunas familias que, empujadas por la necesidad, buscan un lugar donde vivir, con la esperanza de acceder en algún momento al sistema formal de vivienda. Lo que hoy se vive en muchas comunas es algo distinto, porque la búsqueda de un lugar para vivir queda mediada por bandas de delincuentes que organizan tomas, lotean terrenos y venden cupos, muchas veces bajo el engaño de que el proceso es totalmente legal.
No será fácil para el Gobierno salir de este atolladero. Primero, porque durante la tramitación quedaron expuestas las profundas diferencias internas que existen en las bancadas del oficialismo sobre este tema, lo que explica la dificultad de alinear a los parlamentarios en las votaciones claves de esta semana y la oportunidad perdida de una comisión mixta que hubiera acercado posiciones. Luego, porque la advertencia hecha por la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre los peligros de autotulela y defensa propia desproporcionada que contiene el texto ya aprobado no ha tenido ningún eco entre los parlamentarios de oposición y, al contrario, ha dividido aún más a sus propios legisladores.
Las aprensiones del Gobierno sobre el proyecto son razonables, pero no ha tenido habilidad política para crear el clima de negociación adecuado en un tema tan sensible como este y la confusión ha permitido la aprobación de una ley que, al parecer, podría crear nuevos problemas sin solucionar del todo los que pretende enfrentar.