En lo que parece ser una clara señal de malestar por la gestión de las autoridades elegidas, los alcaldes de las 10 principales comunas, el gobernador y los parlamentarios de la zona bajaron sus niveles de aprobación, de acuerdo a la 9° Encuesta de Opinión Política en la Región de Valparaíso, realizada por Fundación Piensa. En el área municipal, el mayor descenso corresponde a la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán (Convergencia Social), que baja 16 puntos porcentuales, del 26% obtenido el año pasado al 10% en el actual estudio. También experimentan retrocesos importantes Javiera Toledo, de Villa Alemana; Macarena Ripamonti, de Viña del Mar; Jorge Sharp, de Valparaíso, y Constanza Lizana, de San Antonio, cuya aprobación cayó de un 7% a un 5%, convirtiéndose en la jefa comunal con la menor adhesión ciudadana.

Esta caída generalizada en la popularidad de los alcaldes es un signo preocupante de que la ciudadanía no está conforme con la administración de los municipios y, desde otra perspectiva, revela que los jefes comunales no han sido capaces de desmarcarse de la pésima imagen que tiene la población del mundo político. Esta depreciación acelerada alcanzó este año un mínimo histórico que debería ser mirado con atención. Si en la encuesta de Piensa del año 2017 la aprobación de los alcaldes alcanzaba, en promedio, un 50%, en el sondeo de este año, realizado entre junio y octubre, la misma cifra se redujo a un escuálido 24%. ¿Qué han hecho los alcaldes para merecer esto? La respuesta es más o menos evidente. Muchos jefes comunales pasaron el útimo año más preocupados de crear nuevos partidos políticos y aprobar o rechazar procesos constituyentes, que de solucionar los problemas inmediatos de sus vecinos. Atrapados en el mismo torbellino de controversias que ha desprestigiado al resto del mundo político, los alcaldes pierden oportunidades valiosas para mejorar la gestión de sus comunas y, de paso, el voto de sus electores.

Ha pasado un año desde el histórico 62% que rechazó la propuesta emanada de la Convención Constitucional, aunque ello parece insignificante para el oficialismo, que busca imponer los pilares de aquel texto a través de leyes y reformas, como la independencia fiscal de las regiones, la estatización de los recursos y otras iniciativas que con porfía y desprecio a la voluntad ciudadana siguen empujando hacia adelante y que explican el abandono de áreas como seguridad, salud, educación y empleo ante el imperativo deseo de imponer la Constitución rechazada por vías alternativas.

La reforma de pensiones, que poco tiene que ver con ellas, sino que con administrar fiscalmente los ahorros, o lo que está sucediendo en materia de salud, donde cada persona que debe retirarse de una isapre entrega, obligatoriamente, su 7% de gasto en salud al Fisco, forman parte del afán estatista que imprimía la propuesta de Constitución rechazada y que siguen llevando adelante.

Lamentablemente, al igual que en aquel entonces, se usa la causa regionalista para expandir el Estado a través de la administración fiscal autónoma por parte de los gobernadores, curiosamente en su mayoría oficialistas, e intentando darles, además, la potestad de endeudar a las regiones y todo ello sin importar los graves casos contra la probidad que han desfilado sin cesar durante todo este año.

Las empresas del Estado están peligrosamente endeudas y muchas de ellas han aumentado considerablemente sus gastos en recursos humanos, lo que ha significado una menor contribución a las arcas fiscales. Varias están acercándose a ser un problema para todos cuando de las mismas arcas se tendrán que desembolsar recursos para financiar sus pérdidas. En esta línea, la anunciada empresa nacional del litio entregará menos recursos al Estado que las concesiones hacen a través de impuestos; y por si fuera poco, con todos estos antecedentes se impulsa una reforma tributaria y ello sin mediar en el aumento del desempleo, la persistencia de la inflación y el crecimiento negativo con que cerraremos el 2023.

La propuesta de Constitución de la Convención Constitucional, que muchos calificaron como un "mamarracho", le costó al país un año de inamovilidad por la incertidumbre que generó y hemos perdido un segundo año ante la porfía infantil de querer llevarla adelante seccionada, infiltrándola entre reformas.

Haber rebajado el quorum de 2/3 para reformar la Constitución de 1980 abrió el apetito al reformismo que ha dejado de lado las necesidades de la población y en esa porfía del "si no es hoy, será mañana" estamos bajo la amenaza de quedar estancados en un proceso eterno, el que, paradojalmente, sólo podrá revertirse con una nueva propuesta de Constitución.