En medio del álgido debate abierto sobre el desarrollo inmobiliario del sector costero en Viña del Mar, algunas voces han pedido una suspensión de los permisos de construcción, para que no exista opción de que se levanten nuevos edificios en dicha área, antes que un cambio normativo establezca mayores restricciones. La idea no es nueva en Viña del Mar. La suspensión de permisos de obra fue usada en 2013, para frenar la construcción de edificios que tapaban vistas a los vecinos de Recreo; en 2015, para evitar la proliferación de torres en la población Vergara, y finalmente en 2017, cuando un evento de marejadas destruyó parte del borde costero y afectó algunas edificaciones, aunque en esta última ocasión la petición del Concejo Municipal no llegó a materializarse.

Quizás por el aprendizaje de dichas experiencias, los concejales viñamarinos se muestran hoy mucho más cautelosos ante la posibilidad de usar una herramienta que públicamente puede parecer pertinente, pero encierra dificultades que la hacen poco aconsejable en estos momentos. La suspensión de permisos de obra requiere una tramitación extensa ante el Ministerio de Vivienda, debe tener fundamentos técnicos específicos que justifiquen su implementación y la simple filtración de que es analizada por el municipio puede gatillar una explosión de ingresos de carpetas a la Dirección de Obras, con proyectos que buscan ser tramitados bajo la normativa vigente, antes que sea cambiada por una más restrictiva.

El problema de fondo en Viña del Mar es que no existe una planificación de largo plazo, construida colectivamente entre el sector público, los privados, la comunidad y el mundo académico, que concite un consenso sobre el desarrollo urbano que la ciudad necesita. Tampoco existen instancias de diálogo permanente que permitan a las autoridades elegidas, la ciudadanía y los empresarios resolver controversias o simplemente construir espacios de confianza. El resultado es una sospecha mutua que lo paraliza todo. Es cierto, los marcos normativos urbanos se han quedado desfasados ante los problemas complejos que vive una ciudad del tamaño y la ambición de Viña del Mar, pero construir nuevas reglas urbanas y concordar objetivos protectores de medioambiente requieren de un clima de cooperación que no se ve posible si lo que domina son el recelo mutuo y la desconfianza.

Luego de ocurrido el socavón a un costado del edificio Kandinsky, emplazado sobre las dunas de Viña del Mar, y las inundaciones registradas en la zona centro-sur del país, se ha retomado el debate en torno a la planificación territorial, la calidad de nuestras construcciones y la fiscalización de la infraestructura urbana.

En un contexto de cambio climático, algunas de las herramientas con las que contamos para enfrentarlo se concentran en planes metropolitanos y reguladores comunales -conocidos como Instrumentos de Planificación Territorial (IPT)- que deben incorporar el riesgo y sus condicionantes de ocupación, regulables a través zonas protegidas, usos restringidos y estudios específicos, que han de ser aprobados por organismos competentes y debidamente preparados para realizar estos nuevos procedimientos.

Al revisar la antigüedad de algunos IPT -con casi 40 años- queda en evidencia la urgencia de actualizarlos, incorporar nueva información y reconocer formatos de interacción entre zonas riesgosas y áreas habitadas, donde el concepto de "buffer o zona de amortiguación" puede ser útil para evitar contactos directos de la ciudad con inundaciones, grandes incendios o remociones en masa, hechos que se presentan periódicamente.

Diversas organizaciones ya han alertado que, de un total de 346 comunas a nivel nacional, 255 tienen un plan regulador propio y 91, no lo tienen. Y pese a que la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que el plazo para actualización de estas herramientas debe ser cada diez años, en muchos casos ello no ocurre. En esa línea, deben ser protagonistas de estos cambios las municipalidades y los gobiernos regionales, como también la cartera de Vivienda y Urbanismo.

Un buen ejemplo de todo esto es nuestra norma sísmica, que puede orientarnos al estar consensuada y perfeccionada antes y no después de la catástrofe, y donde el conocimiento científico es traspasado a la norma y aceptado por constructores, inversionistas, legisladores y habitantes, todos conscientes de la inconveniencia de evadirla.

Al mismo tiempo, los servicios públicos deben fiscalizar a los privados, pero también hacerse cargo de sus propios proyectos de inversión en las ciudades, con el fin de monitorearlos y detectar posibles fallas.

A su vez, es necesario plantear la inversión y fortalecimiento estatal que se requiere para contar con los estudios de riesgo generales y específicos que garanticen seguridad, lo cual implica que en su calidad pueden disminuir los tiempos en permisos y revisiones.

Conocer, gestionar y actualizarnos respecto al riesgo es el camino adecuado, sabiendo que la experiencia internacional demuestra que la destrucción es siete veces más costosa que invertir en su prevención, reubicando, condicionando y educando habitantes, sin considerar el incalculable valor de la pérdida de vidas humanas.

Sólo de esta manera podremos salir del ciclo de tipo reactivo hacia el preventivo. Nuestro objetivo es llegar a tener ciudades verdaderamente resilientes y convivir con el riesgo de mejor manera.