El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, confirmó que la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, rectificó su declaración de patrimonio e intereses en relación a ciertas actividades profesionales que realizó y omitió. Entre ellas, asesorías al exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y a la municipalidad de Maipú, encabezada por Tomás Vodanovic.

Según precisó Bermúdez, "las declaraciones de interés y patrimonio son un instrumento con el que se cuenta por parte de la Contraloría para poder detectar incrementos que sean pocos fundados de patrimonio, como también las relaciones de interés que pueden existir entre distintas autoridades. Nosotros al año recibimos un poco más de 145 mil declaraciones de intereses y patrimonio. Todas ellas son fiscalizadas y para eso necesitamos un espacio de tiempo para poder realizarlo".

Descartó sanciones

Asimismo, dijo que todos los años "muchas personas deben hacer rectificaciones de sus declaraciones, (…) no es raro que una autoridad tenga que rectificar esa declaración. Y eso fue lo que entiendo que tuvo que hacer la directora de Presupuestos".

En esa línea, aseguró que esta modificación "no es sinónimo de una irregularidad" y "tampoco es una cosa que necesariamente sea una manifestación de que hay algo extraño".

Al ser consultado sobre si la Contraloría recomendará establecer sanciones en este caso, Bermúdez indicó que "por ahora no", ya que aún se están revisando las declaraciones de este año, pero precisó que "cuando no se cumple con la completitud y la veracidad de la declaración, la Contraloría, este es uno de los pocos casos donde puede iniciar un sumario y aplicar sanciones".

"No ofrece garantías"

Pese a que el contralor puso paños fríos ante la rectificación de Martínez, RN envió una carta al Presidente Gabriel Boric pidiendo la renuncia de la directora "en vista de una serie de actuaciones que han impactado negativamente en materia de probidad y en la correcta ejecución del presupuesto público". En la misma concluyen que "la actual directora de Presupuestos no ofrece garantías de suficiente diligencia para liderar la tramitación de una Ley de Presupuestos".

Además de la controversia por la declaración de patrimonio, los legisladores detallaron que la directora omitió actividad previa como directora de la Fundación Rumbo Colectivo, vinculada a partidos políticos del oficialismo.

A su vez, sumaron que las acciones de Martínez contribuyeron directamente a los déficits que posibilitaron transferencias de fondos fiscales a organizaciones de la sociedad civil que están bajo investigación por actos de corrupción y delitos; promovió mecanismos de mayor flexibilidad para la recepción y utilización de recursos públicos, lo que estuvo antecedido por cambios en la Ley de Presupuestos; y también se conoció su omisión en representar la decisión del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, lo que modificó normas de contabilidad para evitar el control interno.

¿Qué hay de malo en la ley de usurpaciones que está aún en trámite? No cabe duda que en materia de ocupación ilegal de terrenos, especialmente en el sur, la mejora legal es urgente. El derecho actualmente vigente permite la intervención de la policía pero a condición que el ilícito sea flagrante. El resultado es que la demora en la intervención consolida el ilícito y obliga al propietario de la tierra ocupada a ejercer acciones legales (recurso de protección, acción reivindicatoria, precario, etcétera) que son particularmente enrevesadas.

Y la ocupación entonces se extiende en el tiempo.

Así las cosas, establecer la flagrancia permanente tiene múltiples ventajas: permite la intervención de la fuerza pública sin que, como ocurre hoy, el transcurso del tiempo permita hacerse fuerte a los ocupantes.

¿No cabe entonces sino aplaudir la iniciativa?

Desgraciadamente no porque ella contiene un aspecto peligroso: una semilla que puede causar peores males que los que pretende evitar.

En efecto, el proyecto consagra lo que se ha llamado legítima defensa privilegiada: autoriza al dueño del predio ocupado, cumplidas ciertas condiciones, a reunir la fuerza y desalojarlo por sí mismo. Se trata de una regla que puede parecer atractiva en lo inmediato, pero basta pensar un momento para reparar en los peligros que conlleva.

Los peligros son dos y de ahí que sea correcto el veto que ha anunciado el Gobierno.

El primero es fácil de identificar. El propietario solicita por sí mismo el desalojo y si es resistido por los ocupantes, se desata la posibilidad de la legítima defensa. Basta pensar lo que ocurriría con agricultores organizados, a disposición de quienes vieran sus predios ocupados para darse cuenta del incremento de la violencia que ello podría significar.

Pero el segundo quizá sea el más alarmante por el significado político que reviste.

Dentro de las justificaciones clásicas del Estado (¿por qué financiamos al Estado y le prestamos obediencia?) la más obvia es la que señaló Hobbes en el XVII: el Estado expulsa la violencia de las relaciones sociales y al monopolizar la fuerza hace posible el derecho y el respeto de las reglas.

Pero si -como ocurre con este proyecto- el Estado delega en los ciudadanos el ejercicio de la fuerza y la coacción que hace posibles las reglas, entonces está renunciando a sí mismo, o lo que es peor, confesando que no es capaz de hacer aquello que lo legitima.

De esta manera, el Estado (y el Gobierno) no puede consentir este proyecto de ley, incluso si ha sido aprobado por amplia mayoría, puesto que ello significaría, sin exagerar, que está abdicando de su cualidad más propia, renunciando al monopolio de la fuerza que lo constituye.

Sí, es verdad, los ciudadanos, especialmente todos aquellos que viven con el alma en un hilo temiendo que su propiedad sea ocupada y ellos quedar inermes frente al hecho y frente a los usurpadores, deben sentirse desilusionados con el veto que ha anunciado el Gobierno. Sin embargo, nada se resuelve con una regla en la que el Estado en vez de cumplir su deber, que es el de proteger a los ciudadanos, les entrega a ellos el deber de protegerse a sí mismos o, lo que es lo mismo, confiesa que en realidad el Estado en esos casos no existe.

En cualquier caso, el veto sería sólo parcial y la parte de veras importante de la ley -la consagración de la flagrancia permanente- quedaría incólume. El veto afectaría sólo a aquellas reglas que establecen la legítima defensa privilegiada y que al hacerlo, como se ha dicho, abren la puerta a la autotutela, que es el otro nombre que recibe el Far West, el lejano oeste, que se llama así porque estaba tan lejos que el Estado no podía llegar.

Pero el Far West es el otro nombre de una guerra larvada, una autorización a que quien tenga la fuerza -sea quien es hoy propietario o quien sea mañana ocupante ilegal- el que imponga las reglas.

Y algo así que llama ley a la mera fuerza, es la ley de la fuerza, es decir algo incompatible con la democracia y el Estado de derecho.

El Consejo del Banco Central decidió ayer en forma unánime, y en línea con la expectativa que tenía el mercado, bajar la tasa de interés en 75 puntos base, dejándola en 9,5% tras la sexta Reunión de Política Monetaria de 2023.

"En el escenario externo, la inflación ha continuado disminuyendo a nivel global, aunque sus perspectivas y las de política monetaria difieren entre países. Por un lado, en las economías desarrolladas se anticipa que la política monetaria seguirá siendo restrictiva por un período prolongado", justificó el ente emisor en un comunicado.

También argumentó que "en varias economías emergentes ya se dio inicio o pronto se iniciará el ciclo de recortes".

En cuanto a perspectivas de crecimiento mundial, tanto para este como para el próximo año se mantienen débiles, con lo que el impulso externo que recibirá la economía chilena se mantendrá acotado", advirtió el Central.

"El escenario macroeconómico ha evolucionado acorde con lo anticipado, proyectándose que la inflación convergerá a la meta de 3% en la segunda parte de 2024", agregó y señaló que "en términos generales, la actividad y la demanda evolucionan acorde a lo esperado" y el consumo privado "se estabilizó".