Sebastián Mejías O.

A seis días de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Gobierno presentó desde el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) su agenda legislativa en materia de derechos humanos, luego de una reunión en la que se entregaron detalles del plan a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura.

La actividad, que fue encabezada por la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo; el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, fue el puntapié inicial para un trabajo parlamentario orientado en cinco materias que apuntan a la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada; la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal; poner en marcha la Política de Memoria y Patrimonio; además de eliminar el carácter secreto de un conjunto de leyes dictadas en dictadura.

Sin embargo, el punto más relevante del plan tiene que ver con el levantamiento parcial de confidencialidad de 50 años que rige sobre los testimonios entregados por más de 30 mil víctimas a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, lo que, según indicaron desde el Gobierno, "permitirá hacer disponibles, bajo reserva, los antecedentes contenidos en ese informe para su análisis y sistematización como parte del Plan Nacional de Búsqueda".

La iniciativa regirá, eso sí, para todos aquellos que deseen solicitar el levantamiento de la moratoria del secreto y, de esta forma, permitir el acceso de la Justicia a testimonios específicos, junto con poner bajo reserva los antecedentes a disposición del Plan Nacional de Búsqueda, habilitado la semana pasada por el Ejecutivo.

Levantar secreto

Respecto al levantamiento parcial del secreto Valech, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aclaró que consiste "fundamentalmente en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes del Informe Valech 1 y 2, en los mismos términos que lo tiene actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos".

El secretario de Estado dejó claro, además, que esta idea de levantar el secreto Valech "descansa en la voluntad de las víctimas y sus herederos". Información que, según dice, sólo será un antecedente más, recordando que "es relevante destacar que Plan Nacional de Búsqueda requiere de mucha más información y la que se encuentre acá es una información más".

Cordero recordó que cumplir con esos desafíos se requiere, primero, un proyecto de ley, en torno al cual, confía, "hay una razón de persuasión suficiente" para conseguir los votos que se requieren para su aprobación.

Debate parlamentario

Tras los anuncios realizados por el Ejecutivo y la posibilidad de levantar el secreto, de manera voluntaria, a los testimonios de víctimas que son parte del Informe Valech, el senador del PPD por la Región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, espera que se hable "con la verdad y que seamos capaces de mantener una mirada respecto de lo que pasó en Chile, en ese desencuentro muy brutal que significó 17 años de oscurantismo".

En ese sentido, dijo valorar "la propuesta de avanzar respecto de la información que hay y que está recogida en el Informe Valech, y donde se les va a preguntar a las víctimas que testificaron voluntariamente en ese informe, para que ellos autoricen a utilizar la información que está ahí para poder recabar esa información".

Mientras, el diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, enmarca sus dudas en el derecho de privacidad de los testimonios, lo que ha sido explicado por el Gobierno, insistiendo en que quienes "declararon en la Comisión Valech lo hicieron bajo las condiciones establecidas y que les fueron comunicadas".

"Cambiar esas condiciones, pasando a llevar el derecho a la privacidad de quienes declararon, sólo para seguir agregando al show de la izquierda, que quiere mantener la agenda puesta en un tema que para los chilenos no es prioridad. Parece una forma muy burda de seguir evadiendo las discusiones que a la gente hoy si le interesan", lamentó.

Política de memoria

De los cinco focos que tiene la agenda legislativa en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, destacó por encima de todos los anuncios "la elaboración de la Política Nacional de Memoria y Patrimonio".

Explicó que se busca "establecer una mesa técnica que termine con la formulación de esta Política de Memoria y Patrimonio, además de mejorar el mecanismo y sistema de financiamiento de los sitios de memoria y así fortalecer sus regulaciones".

"Se ha anunciado un nuevo proceso de búsqueda de DD.DD. Valoro la propuesta de avanzar respecto de la información que hay".

Ricardo Lagos Weber, Senador (PPD)

"Se ha establecido la facultad para que las personas decidan, voluntariamente, alzar ese secreto".

Luis Cordero, Ministro de Justicia

El conjunto del gabinete regional, más la delegada presidencial y los delegados provinciales fueron citados ayer por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, con el objetivo de reordenar la agenda regional e iniciar una nueva etapa del Gobierno en la Región de Valparaíso. Fue una instancia que sirvió, según contaron, para hacer una revisión acerca de las urgencias de la región, sus prioridades, además de visualizarse los desafíos y proyectarse el trabajo del Ejecutivo en el territorio.

Según contó la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, el encuentro se pensó ya que "vivimos en la segunda región con mayor cantidad de población, luego de la Región Metropolitana". Por tanto, indicó que "eso supone un desafío y un estímulo de desplegar todas nuestras capacidades técnicas y principalmente de gestión política, con el fin de avanzar en aquellas acciones y soluciones que los habitantes de nuestra región requieren".

El objetivo, según Moraga, apunta de ahora en adelante a "progresar en aquellas reformas indispensables para un mejor futuro en nuestra región y nuestro país".

Si bien la seremi de Gobierno no se refirió a sobre posibles cambios en el gabinete regional, esta instancia se da semanas después de que algunos parlamentarios, incluidas autoridades del PS, insistieran en la necesidad de otorgarle algo de aire fresco a ciertas secretarías regionales ministeriales.

A 20 años de presidio mayor en su grado máximo fue condenado el ciudadano venezolano José Pereira Iguarán, como autor del delito de homicidio calificado en contra de Camila Ignacia Palma, mujer transexual de 26 años que perdió la vida el 2 de agosto de 2022, luego que el imputado procediera a incendiar su ruco ubicado a la altura del cruce ferroviario Simón Bolívar, en Valparaíso. De esta forma, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal porteño "acogió la pretensión del Ministerio Público, condenándolo a las penas más altas que se podían arribar en la presenta investigación", precisó el fiscal José Miguel Subiabre, agregando que el sujeto deberá cumplir la pena impuesta "de manera efectiva". Cabe recordar que el juicio oral contra José Pereira Iguarán se extendió por tres días, comunicando el tribunal la sentencia condenatoria el pasado 29 de agosto.