Como si la crisis de las isapres, los problemas de infraestructura, el colapso de los sistemas de atención y los manejos poco prolijos de algunas autoridades designadas no bastaran, el Ministerio de Salud debe enfrentar ahora las críticas de un arco transversal de parlamentarios y gremios debido al despido de miles de trabajadores, porque sus contratos estaban condicionados a la alerta sanitaria por covid que terminó el 31 de agosto. En el caso de Valparaíso, 103 de esos funcionarios son del Hospital Carlos van Buren y 114 del Hospital Eduardo Pereira, de los cuales sólo algunos podrán mantenerse en sus funciones luego que el Minsal enviara a los recintos recursos adicionales de urgencia para conserva parte de esa fuerza de atención hospitalaria. Esta medida aplicada in extremis no alcanza, lamentablemente, a amortiguar todo el impacto que representa este éxodo masivo de trabajadores de la salud. Es evidente que la pérdida de cupos va a perjudicar la atención de los pacientes, especialmente en aquellos recintos que habían redestinado a los funcionarios a labores de contingencia distintas a los casos de covid. La partida, ya lo advierten los gremios, tendrá un efecto multiplicador en toda la red, ya que los términos de contrato afectarán también la atención de salud primaria, las centrales de abastecimiento y algunas labores administrativas. La sospecha del diputado Andrés Celis es que la consecuencia más dura e inmediata estará en las ya abultadas listas de espera. En una situación que era totalmente previsible, llama la atención la sensación de que el Minsal se encuentra improvisando sobre la marcha un plan de medidas que surge luego de la presión ejercida por los gremios y los directores de hospitales, no de la planificación elaborada por el ministerio. Más allá de esta contingencia, los equipos del Minsal tendrán ahora el desafío de justificar la necesidad de más cupos de funcionarios en la discusión que recién comienza sobre el Presupuesto de la Nación. Será en los pasillos del Congreso donde se pondrá a prueba la capacidad de la ministra Ximena Aguilera y su equipo para transformar una crisis en una oportunidad.

Estamos en una crisis de seguridad sin precedentes en el país. Los delitos de mayor connotación social aumentaron el 2022 respecto del 2021. Los homicidios con un aumento de un 42%, los robos con violencia con un incremento de un 63%, los robos con fuerza con un 47%, el delito de lesiones con un 25% y las violaciones con un 11%. A agosto del 2023, diversos delitos siguen incrementándose respecto del 2022: los robos con violencia (11,1%), los robos con fuerza (4%), las lesiones (8,5%), los hurtos (13,8%), los homicidios (3,1%). Es por esto que el recientemente aprobado proyecto para elevar los requisitos de la libertad condicional para delincuentes condenados, del cual soy autor, y que nace a propósito del terrible asesinato de la adolescente Ámbar Cornejo en Villa Alemana, en manos del psicópata Hugo Bustamante, quien previamente había recuperado la libertad condicional, a pesar de su evidente peligrosidad, es una positiva herramienta para prevenir situaciones como ya vimos en el pasado, donde delincuentes -sin cumplir las condiciones - salen y vuelven a delinquir.

La nueva regulación establece que el informe de postulación psicosocial de Gendarmería de Chile, sobre los factores de riesgo de reincidencia, "será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud". Hoy podían darse situaciones en que existiendo un informe negativo de libertad condicional, este no era valorado a pesar de su vital relevancia. Se agregan adicionalmente en el referido informe los beneficios intrapenitenciarios que hubiese tenido el delincuente y las revocaciones, aspectos hoy inexistentes. Además, se incorporan nuevos delitos en el grupo de aquellos que sólo se puede postular cumpliendo 2/3 de la pena y no la mitad como hasta ahora: secuestro, sustracción de menores, robo con violación, incendio con resultado de muerte, entre otros.

Con relación a la víctima del delito, se establece la obligación de notificar a esta por parte del tribunal cuando el condenado postulare al beneficio de la libertad condicional. La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional, o cuando esta así lo solicite, hacerlo en audiencia, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.

La nueva ley es un paso importante para establecer mayores requisitos y exigencias para la libertad condicional, precaviendo de mejor manera que delincuentes vuelvan a reincidir y dando derechos explícitos a la víctima para que su requerimiento sea analizado, escuchado y considerado cuando el condenado postule a un beneficio.