Sebastián Mejías O.

En medio de los cuestionamientos e investigaciones penales a las que se han visto sometidos algunos gobiernos regionales y municipios producto de traspasos irregulares a fundaciones, es que la bancada de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley para acelerar la acusación a gobernadores y alcaldes apuntados por notable abandono de deberes y prácticas que contravienen el principio de probidad.

Lo que busca la iniciativa es que ese requerimiento deje de depender del criterio político de concejales y de consejeros regionales, otorgándole atribuciones a la Contraloría General de la República para que pueda entregar los antecedentes a los tribunales competentes e iniciarse, así, el proceso de destitución en caso de determinarse la existencia de actos de carácter ilegal.

Hoy día, bajo la normativa actual, aun cuando la Contraloría compruebe irregularidades, se necesita el respaldo de un tercio de los concejales en ejercicio para materializar la denuncia contra un alcalde ante el Tribunal Electoral Regional (TER). En el caso de los gores, se requiere de un tercio de los consejeros regionales para, recién ahí, consolidar el proceso de destitución de gobernadores ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Trabas de LEY actual

Ejemplificando las trabas que hoy tiene la ley a la hora de denunciar a autoridades regionales, el proyecto de la bancada RN expone, en base a datos de la Contraloría, cómo desde 2015 hasta ahora se han detectado 35 casos de faltas graves por parte de alcaldes y, sin embargo, 20 de los respectivos concejos municipales decidieron no pronunciarse al respecto.

De ahí que para los parlamentarios RN es tan relevante dotar de mayores herramientas a la Contraloría para perseguir de manera efectiva y eficiente el buen uso de los recursos públicos, sin depender del criterio político de un Consejo Regional y un Concejo Municipal.

Para el diputado Andrés Celis (RN), el país "necesita una legislación que no dependa de composiciones políticas o afinidades personales, sino que promueva la probidad administrativa en todos los niveles de gobierno". Su par y correligionaria Camila Flores insiste en que el objetivo al que apuntan es que los tribunales respectivos "puedan autónomamente perseguir las responsabilidades frente a estos casos de delincuencia y faltas a la probidad que estamos viendo".

Quorums

Uno que hoy acompaña a los 16 consejeros regionales de Coquimbo en su denuncia ante el Tricel contra la gobernadora, Krist Naranjo, por notable abandono de deberes y faltas a la probidad, es el abogado Mario Zumelzu, quien cree que lo importante no es sacar de en medio al Core y al Concejo Municipal para agilizar denuncias contra autoridades. Por eso plantea que lo fundamental es "que se bajen los quorums y que, en vez de un tercio del core, por ejemplo, cinco consejeros puedan llevar al gobernador al Tricel".

Que la Contraloría remita los hallazgos de notable abandono o faltas a la probidad a los tribunales respectivos sin pasar por concejales, cores y un abogado patrocinante, es algo que deja a Zumelzu con varias dudas. "¿La Contraloría va a ir a alegar en contra del gobernador?", se pregunta, advirtiendo que "son muchos los puntos que habría que revisar sobre el proyecto de RN, además que la reclamación ante el Tricel es una forma de hacer efectiva la responsabilidad política y ese rol no le corresponde a la Contraloría".

Alberto Precht, abogado experto en probidad y que representa a concejales de Rinconada en su acusación ante el TER contra el alcalde Juan Galdames por la compra de terrenos por sobre el avalúo fiscal, valoró el proyecto de RN, ya que su experiencia le ha mostrado que "recurrir al TER es muy complejo desde el punto de vista político y muchas veces es difícil conseguir los concejales necesarios por la dinámicas que se dan dentro de la municipalidad que impiden alcanzar el quorum".

Si la Contraloría hoy puede enviar antecedentes a la Fiscalía o al Consejo de Defensa del Estado, Precht sostiene que sería "interesante que los enviara al TER y que este pudiera analizar una admisibilidad, aunque por supuesto que debiera dejarse una instancia para que concejales o ciudadanos pudiesen adscribirse a esas denuncias".

Opinan ediles y cores

Sobre el proyecto de RN que afecta directamente una de sus facultades más relevantes, el core Manuel Millones (Ind.-UDI) dijo estar "de acuerdo en cambiar las normas y así permitir a la Contraloría acudir al TER y al Tricel con informes que den cuenta que un alcalde o gobernador ha incurrido en una causal por notable abandono de deberes". Sin embargo, propone mantener "la facultad de concejales y cores para interponer las denuncias, bajando los respectivos quorums".

Su análisis es compartido por René Lues (DC), edil de Viña del Mar, quien afirmó que la "propuesta va en línea con los esfuerzos que debemos hacer para resguardar el buen uso de los recursos públicos, permitiendo que la Contraloría y el TER activen directamente los procesos de remoción de alcaldes y gobernadores cuando hayan cometido faltas a la probidad administrativa, sin la obligación de pasar por los concejos comunales o consejos regionales".

Sólo así, advierte, se evitarán "las afinidades políticas, alianzas por prebendas o amiguismos que se crean al interior de estos cuerpos colegiados y que muchas veces impiden o limitan su acción fiscalizadora".

Su par Pablo González (PC) opinó "que el gesto de los parlamentarios RN es oportunismo político, pues su iniciativa nada contribuye al ejercicio de la gobernanza cotidiana en la administración pública en materia de control y fiscalización efectiva". Además, dice que se "deja en evidencia su falta de compromiso y convicción por la probidad", recordando que "ante las acusaciones contra la administración Reginato todos esos parlamentarios tuvieron una actitud tibia, sin opinión y negando sistemáticamente todos los hechos".

"Se necesita una legislación que no dependa de composiciones políticas o afinidades personales, sino que promueva la probidad administrativa en todos los niveles de gobierno".

Andrés Celis, Diputado (RN)

"El gesto de los parlamentarios RN es oportunismo político, pues su iniciativa nada contribuye al ejercicio de la gobernanza en materia de control y fiscalización".

Pablo González, Concejal (PC)

"Recurrir al TER es muy complejo desde el punto de vista político y muchas veces es difícil conseguir los concejales necesarios por la dinámicas que se dan dentro de la municipalidad".

Alberto Precht, Abogado experto en probidad

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