Tras revelarse que casi el 10% de quienes han recibido pensiones de gracia por ser víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales durante el estallido social tenían antecedentes penales, el ministro de Justicia dijo que el Presidente Gabriel Boric no tuvo injerencia en la asignación del beneficio y el subsecretario del Interior aseguró que "se respetó rigurosamente" el procedimiento.

El subsecretario Manuel Monsalve reveló el miércoles en el Congreso que en 2022 se entregaron 418 pensiones y que 40 mantenían antecedentes penales. De ellos, 17 recibieron el beneficio durante el Gobierno de Sebastián Piñera y 23 en la administración actual, detallando que "se respetó rigurosamente el reglamento que establecía el procedimiento" y que "en ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales". Todos tenían "antecedentes antiguos o por delitos menores".

Las críticas desde la oposición no tardaron en llegar (ver recuadro) y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se apuró en remarcar que el Presidente Gabriel Boric no tuvo injerencia en la asignación del beneficio. "La manera en que operan estas pensiones de gracia es por firma delegada, por lo tanto el Presidente no tiene acceso a ese expediente y en consecuencia es una tramitación que se realiza por el departamento especializado en la subsecretaría del Interior", explicó.

Más tarde, Monsalve explicó que "los decretos que asignaron pensiones de gracia a personas que estaban por el estallido social -en este y en el anterior Gobierno-, son decretos idénticos y todos hacen alusión a la glosa 12. Por lo tanto, las pensiones se entregan en base a la glosa 12, que fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados".

El subsecretario agregó que "me he comprometido, y así lo voy a hacer, a modificar las resoluciones internas del ministerio del Interior, porque nos parece, a partir de los hechos que han ocurrido, que no sólo en estas, sino que en todas las pensiones de gracia que entregue el Gobierno de Chile, es necesario y razonable establecer entre los requisitos que las autoridades tiene que tener a la vista para tomar esa decisión, contar con los antecedentes penales de las personas".

Prontuario

Uno de los casos más polémicos es el de un prófugo. Según el medio Ex Ante, tras ser formalizado como presunto autor de estafa en Conchalí, se intentó ubicar a J.V.F. en sus domicilios de la capital, pero como no hubo éxito en el trámite, el 23 de junio de 2022 se dictó su orden de detención.

En 2008 había sido condenado por hurto en Puente Alto y mantiene además causas por lesiones leves y lesiones menos graves. J.V.F. recibe el máximo de dos ingresos mínimos mensuales como pensión, casi $570 mil.

S.H.F., otro de los casos, tiene dos detenciones en Rancagua por casos de violencia intrafamiliar (VIF), además de otro que se negó a exámenes tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad.

Otro, E.C.E. registra más de 10 causas penales y detenciones por distintos delitos, entre ellas diversos tipos de robo y maltrato de obra a Carabineros.

Según legisladores que informaron a Emol, también estarían entre los beneficiarios el líder de una barra brava chilena y el cabecilla de una banda criminal.

Por el estallido llegaron 715 solicitudes y se aprobaron 418.

Cada beneficiario recibe entre $283.619 y $567.238.

Luego de que el Gobierno y el Ministerio Público iniciaron acciones legales para revertir la orden del juez Héctor Barraza de dar a conocer las identidades de testigos protegidos de una causa relacionada con el clan "Los Gallegos", brazo armado del Tren de Aragua, ayer la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de protección presentado por la Fiscalía y paralizó la medida.

"Corte de Apelaciones dio lugar a orden de no innovar que pidió Fiscalía, en recurso de protección presentado en favor de testigos protegidos con identidad reservada en causa contra Los Gallegos", precisó la Fiscalía ariqueña.

"Esto suspende resolución de juez que ordenaba entregar sus nombres a defensas", agregó en la red social X.

Además, el juez Barraza debe entregar un informe en un plazo de cinco días sobre "hechos expuestos en el recurso y el acto que se impugna" y adjuntar todos los antecedentes.

El tribunal determinó que "la parte que desee efectuar sus alegatos por vía remota mediante videoconferencia, deberá hacerlo hasta dos días antes de la vista de la causa, lo que no afectará el derecho de la contraria a alegar presencialmente".

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, comentó antes de conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones que estaban "absolutamente sorprendidos por la resolución del tribunal, que ordenó entregar el nombre de los testigos reservados a las defensas".

"A la vez estamos consternados por esta resolución, que entendemos que va totalmente en contra de la protección que debemos dar como sistema a todos y cada uno de nuestros testigos y peritos que participan en las causas vinculadas, sobre todo delitos como el crimen organizado", agregó.

El caso de "Los Gallegos" tiene un total de 44 acusados, 36 de ciudadanía venezolana, seis chilenos, un colombiano y un dominicano, investigados por funciones en la estructura criminal como homicidio, cobrar extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas y otras.