Mientras la Contraloría investiga al actual director de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar, Julio Ventura, por una eventual falta a la probidad en la entrega de permisos para construir en las dunas, la alcaldesa Macarena Ripamonti ya advirtió que está la posibilidad latente de desvincularlo de la administración tomando en cuenta su labor, que calificó como "reprochable".

Para concretar la remoción de Ventura, la jefa comunal deberá evaluarlo negativamente durante dos años consecutivos, proceso que inició en 2022 cuando dejó al director de Obras como condicional, en lista 3. Ripamonti justificó dicha calificación con más de 11 órdenes de servicio que Ventura no le respondió, además de las "personas que han entrado a las oficinas como constructores y desarrolladores y que no pasaron por (la ley de) lobby".

A estas conductas, que la autoridad dijo tener completamente identificadas y con pruebas durante el periodo 2022, se sumarían los nuevos cuestionamientos surgidos en las últimas semanas por otorgar permisos en el sector de las dunas a proyectos inmobiliarios que no habrían cumplido con la normativa, además de la denuncia que Ripamonti interpuso contra Ventura ante el Ministerio Público, en mayo pasado, por visar construcciones en zonas de riesgo.

"persecución absurda"

Para el concejal DC René Lues, los reclamos cada vez más intensos de la alcaldesa contra Julio Ventura son parte de una "persecución" que considera "un absurdo, pues él ya culminó su carrera funcionaria y presentó su expediente de retiro, por lo que es muy probable que en los próximos meses la Subdere apruebe su solicitud y finalmente jubile".

Plantea que la alcaldesa ha "emprendido una obsesiva persecución en contra del director de Obras, mediante la permanente afectación pública de su imagen profesional, a sabiendas de que este funcionario, en el cumplimiento de sus labores, sólo se limita a aplicar la normativa urbanística vigente, no la crea ni la interpreta, sólo la aplica".

Y es que según el edil DC, Ventura no tendría responsabilidad por los socavones originados en el sector de Cochoa, que dejaron a cientos de familias en la incertidumbre, y por esa razón estima que se debe apuntar a "modificar la normativa y no perseguir al que la aplica, quien, además, lo hizo con rigurosidad".

Trato digno al dom

Los argumentos que dio Lues para defender a Ventura los comparte su par Antonia Scarella (Ind.-UDI), quien limita las atribuciones del DOM a "hacer valer la Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcción, además de regirse por las normativas del Plan Regulador que, no debemos olvidar, fue diseñado en la época de Jorge Kaplan y Rodrigo González y aprobado de manera transversal por el Concejo de la época".

De ahí que culpar al DOM por las construcciones que se han desarrollado en el sector de las dunas le parezca "absolutamente fuera de lugar", por lo que estará atenta "a las pruebas para su destitución si existiesen".

Dijo que espera que "quienes están realizando estas acusaciones tengan pruebas fundadas y no estemos frente a una persecución política".

Críticas oficialistas

Desde la vereda oficialista, la edil que comparte partido con la alcaldesa, Nancy Díaz (RD), está de acuerdo en que si Ventura "tiene malas evaluaciones", debería ser removido. Cree que "por todos los cuestionamientos, Ventura debería presentarse ante el Concejo y explicar los 38 permisos de construcción sobre el campo Dunar".

"Es necesario que él asuma responsabilidades y que dé la cara de una vez por todas", indicó.

Mientras, Alejandro Aguilera (CS) recordó que "la naturaleza ha indicado claramente que hay lugares donde se puede y no se puede construir, y aquí hubo una concertación de distintos actores, públicos y privados, que pasaron por encima de una realidad para proponer otra, dándole habitabilidad a un ecosistema extremadamente frágil".

Hoy la realidad está a la vista, lamentó: "Tenemos cuatro edificios sin la posibilidad de ser habitados. Y más que puntualizar en alguien en específico, hay una falla del Estado en su conjunto que ha favorecido la especulación inmobiliaria".

Más allá de si se quiere destituir al DOM, al concejal Sandro Puebla (Ind.-PS) le preocupa "que se haga una investigación y se determine si hay o no más responsabilidades en esto". Cree que "es un error centrar todas las miradas en una sola persona, ya que el tema de los riesgos de construir en las dunas va mucho más allá y eso se debe investigar y determinar causas y responsables para evitar que se vuelva a repetir".

"Espero que quienes están realizando estas acusaciones tengan pruebas fundadas y no estemos frente a una persecución política".

Antonia Scarella, Concejala (Ind.-UDI)

"Más que puntualizar en alguien en específico, hay una falla del Estado en su conjunto que ha favorecido la especulación inmobiliaria".

Alejandro Aguilera, Concejal (CS)

De acuerdo a un levantamiento realizado por GPS Corredora de Seguros, los propietarios de las tres comunidades de los inmuebles afectados por los socavones en las dunas de Viña del Mar arriesgarían en conjunto pérdidas por más de 1 millón de UF, una cantidad equivalente a cerca de $36 mil millones.

Esto sucedería en el caso de que la autoridad finalmente resolviera decretar la demolición de los edificios Santorini Norte, Miramar de Reñaca y Kandinsky, que son los más expuestos al riesgo debido a los derrumbes. En dicho escenario, desde la firma especializada recalcan que los dueños de las propiedades perderían la inversión que llega hasta los $1.000 millones por unidad.

Cobertura

Y es que desde la corredora subrayan que los edificios no contarían con cobertura en sus pólizas. "Si bien la ley de copropiedad inmobiliaria obliga a las comunidades a contratar el seguro de incendio por los espacios comunes de estos y controlar que cada unidad tenga su propio seguro, los edificios afectados por los socavones no tendrían cobertura en caso de que la autoridad decrete la demolición de estos", dijo el gerente general de GPS Corredores, Luis Alberto Alcalde.

En esa línea, el ejecutivo precisó que los actuales instrumentos se activan sólo en el caso de que sufran algún daño, lo que hasta ahora no ha pasado.

"Las pólizas de incendio utilizadas en el mercado asegurador chileno para cubrir estos riesgos otorgan cobertura de incendio, riesgos de la naturaleza (sismo opcional), inhabitabilidad y riesgos políticos. La cobertura de la póliza se activa siempre y cuando exista algún daño en el edificio asegurado de acuerdo con las cláusulas y condiciones insertas en la póliza vigente, lo que hasta el momento no se ha comprobado".

Alcalde también aclaró que en caso de que existan daños o incluso llegue a producirse un derrumbe, "este evento podría o no tener cobertura, dependiendo de las diferentes visiones del origen del siniestro".

Por último, desde la corredora subrayan que lo más probable es que el caso se judicialice, apuntando, a su vez, a la responsabilidad que le cabe en este caso al Ministerio de Obras Públicas.

"Creemos que tienen una responsabilidad que han evadido. Evidentemente, la mantención en el colector de aguas ha perjudicado a una comunidad completa que hoy ve amenazada su habitabilidad y posterior cobertura por los daños que sufrieron. Probablemente, este tema termine en tribunales", precisaron.

"Este evento podría o no tener cobertura, dependiendo de las diferentes visiones del origen del siniestro".

Luis Alberto Alcalde, Gerente general GPS Corredores