Diversas reacciones, y no precisamente positivas, generó la carta-denuncia a esta Diario enviada por el consejero regional Manuel Millones, quien levantó la alerta sobre los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Chile, a desarrollarse el próximo mes de octubre, poniendo énfasis en la baja o nula inversión realizada en la Región de Valparaíso, que albergará diversas disciplinas en San Esteban, Los Andes, Quillota, Viña del Mar, Valparaíso, El Quisco y Algarrobo, con algunas de ellas (equitación y balonmano, por ejemplo), sin boletos disponibles.

Más allá de la construcción de una pista ecuestre de estándar internacional en el Regimiento Granaderos de Quillota y de nuevas pistas de canotaje y slalom en San Esteban y Los Andes, otros recintos como el estadio Elías Figueroa y Sausalito recibirán mantenciones (el segundo, mucho menos que el primero, por cuanto en Playa Ancha no se realizaron revisiones con la periodicidad requerida) y huelga un cambio de techumbre en el Polideportivo de Viña del Mar, como bien lo han advertido en estas mismas páginas el seremi del Deporte, Leandro Torres, y destacados exdeportistas como el handbolista Marco Oneto.

La Corporación Santiago 20223, encargada de la organización, debió prever -a juicio no solo del core Millones, sino que de toda la Región- la asignación de una parte del presupuesto de US$550 millones en la creación de nuevos espacios o, como bien precisa el core, de otras ideas más creativas, tales como haber recuperado y remodelado el Hotel O'Higgins de Viña del Mar como Villa Olímpica.

El déficit de infraestructura en regiones explica buena parte de la desigualdad que tanto dicen combatir los inquilinos de La Moneda. Sin embargo, y a la hora de la verdad, el abandono y centralismo es sencillamente indignante y descorazonador.

En Fundación Súmate del Hogar de Cristo nos alegramos mucho al conocer que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reconoce a las aulas hospitalarias como una modalidad educativa válida.

Según lo señalado por el médico cirujano y diputado independiente Hernán Palma, este reconocimiento podría "beneficiar a más de 35.000 almas" que hoy no pueden asistir regularmente a clases por estar hospitalizadas.

En Súmate hemos luchado durante 30 años para erradicar la exclusión escolar bajo todas sus formas, incluida la marginación del sistema educativo y de su contexto social y cultural que se produce por una enfermedad crónica grave que obliga a la hospitalización.

Hoy, en Chile, 227 mil niños, niñas y jóvenes no se encuentran inscritos en ningún establecimiento educativo, vulnerando su derecho a la educación y acrecentando así mayores inequidades y riesgos sociales. Nuestras escuelas de reingreso son una solución concreta, aunque limitada, para estos jóvenes, por eso dedicamos ingentes esfuerzos para incidir en una política pública adecuada y aportar nuestra experiencia en reingreso a quien lo requiera.

Por eso celebramos cuando, en 2020, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Modalidad de Reingreso Escolar, la que al año siguiente fue ratificada por la Cámara de Diputados. Hoy vemos que el proyecto de ley se encuentra estancado y que, por desinterés o desidia, no hay avances en las mejoras que requiere para asegurar que la modalidad de reingreso logre finalmente una fuente de financiamiento adecuada.

Si bien nos alegramos por el reconocimiento a las aulas hospitalarias, que existen desde los años 60 del siglo pasado en Chile, recibimos esta noticia con cautela. Nosotros ya vivimos la alegría del logro y la frustración del empantanamiento del proyecto de ley.

El éxito de estos anuncios depende en gran medida de los próximos pasos que den tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Un proyecto de ley, como bien lo sabemos en Súmate, no asegura financiamiento y, por ende, podría quedar guardado en un cajón y convertirse en letra muerta, tal como vemos que ha sucedido con la modalidad educativa de reingreso.

Los niños, niñas y jóvenes de Chile enfermos físicamente, como son los que están hospitalizados, y enfermos socialmente, como son los que viven en pobreza y marginalidad, los que sufren violencia, problemas familiares, económicos y de aprendizaje, no pueden quedar sin derecho a la educación. Y para ello se requiere acción y capacidad de gestión política y legislativa después de los optimistas anuncios.