Conocedores de los efectos devastadores de un incendio y del impacto que el cambio climático ha tenido en este tipo de desastres, en la Corporación Nacional Forestal ya partieron con las reuniones de coordinación y los preparativos básicos que permitirán enfrentar de mejor forma el periodo de mayor probabilidad de siniestros. A la capacitación técnica de los 59 jefes de brigadas y cuadrillas que liderarán el combate de estas emergencias en la Región de Valparaíso, la Corporación sumó en los últimos días una reunión con los seis prefectos de Carabineros de la zona, con quienes busca establecer un plan de trabajo conjunto que permita prevenir y sancionar los incendios de vegetación y otros ilícitos ambientales relacionados con conductas de riesgo.

La institución forestal quedó comprometida para entregar a las prefecturas policiales los mapas que definen las rutas de más riesgo en materia de ocurrencia de incendios de vegetación, para que los funcionarios puedan desplegar rondas preventivas.

Frente a este activo trabajo de Conaf y Carabineros, queda preguntarse qué hacen las otras instituciones involucradas en las acciones preventivas ante un tipo de desastre que ha sido particularmente dañino para los habitantes de la Región. No se aprecia que haya equipos municipales desplegados para garantizar el despeje de los pastizales que han crecido más que otros años debido a las copiosas lluvias, ni al Gobierno ocupado en la asignación de recursos que deben estar disponibles antes de que ocurran las emergencias. Esta inmovilidad da cuenta de la fragilidad que tienen nuestras instituciones para aprender lecciones de los traumáticos hechos vividos en los últimos años. Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana tienen un historial reciente de incendios demoledores, pero no se percibe en las administraciones municipales el sentido de urgencia que debe haber en este tema.

Una buena parte de los territorios rurales de Chile se abastece de agua a través de los 2.450 Servicios Sanitarios Rurales (SSR ex APR), reconocidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Pese a su importancia, estos se encuentran en extrema vulnerabilidad, administrativa y operacional, debido a la escasez hídrica y a la compleja puesta en marcha del nuevo marco normativo de la Ley N°20.998 de 2020. La norma lleva tres años de aplicación y no se logran avances concretos.

El problema más relevante, además de la falta de agua, es la ausencia de liderazgo y conducción del Estado en la implementación y fiscalización de la nueva ley. A esto se suma, durante el año 2023, el término de los convenios de la asistencia técnica de esta infraestructura, sin que a la fecha existan una definición de cómo se procederá en esta materia.

Por otra parte, existen algunas directivas -que son minorías- que se han tomado la agenda transformándose en centros de poder y de creación de caudillos locales, descuidando la calidad de servicio y sus usuarios y restando el protagonismo de la gran mayoría de servicios y dirigentes que intentan cada día asumir los nuevos desafíos.

Esta etapa de transición que regula y profesionaliza estos servicios requiere de un cambio en la forma de administrar y operar, pero en especial un cambio en las personas que operan y dirigen los servicios. La carencia de una hoja de ruta o planes y de un equipo de profesionales del MOP con recursos suficientes para acompañar el proceso, es parte de la ausencia del Estado en este ámbito. Las cooperativas, en su mayoría, no están en condiciones de gestionar los servicios y cumplir con los nuevos requerimientos de la ley sin poner en riesgo la calidad de los mismos.

Son más de 5 mil personas en todo el país los que deben participar en un adiestramiento, pero no todos desarrollarán las nuevas competencias. No bastan las charlas, encuentros o exposiciones de la ley, se deben evaluar los conocimientos adquiridos; de otro modo, la ley podría quedar sólo en el papel.

La ausencia del Estado ha permitido que algunos dirigentes tengan el espacio suficiente para exigir nuevamente cambios al texto normativo. Entre el 2020 y el 2023, el Congreso ha aprobado tres modificaciones a la ley, destinadas a perfeccionar la aplicación por los efectos de la pandemia; para ajustar los requisitos y dar nuevos plazos de implementación y para dejar exento de IVA a estos sistemas.

En agosto pasado se abrió nuevamente una mesa de trabajo en el MOP -dirigida por el subsecretario de Obras Públicas-, con el objetivo de abordar una vez más una eventual modificación a la ley.

El programa de agua potable rural gozó por décadas de un alto prestigio y reconocimiento nacional e internacional por sus logros. El Estado ha invertido más de US$ 3.000 millones y proyecta US$ 2.000 millones más la próxima década, pero hoy debe dar un paso más en su desarrollo y al parecer no está preparado.