De un minuto a otro la polarización política, con la cual los termocéfalos de siempre suelen teñirlo todo, contaminó la discusión -legítima, honesta y hasta necesaria- por los incovenientes producidos por los socavones en el campo dunar de Reñaca, que mantienen evacuados y bajo amenaza los edificios Kandinsky, Santorino y Miramar 1 y 2, además de bloqueado el camino costero por el derrumbe sobre la avenida Borgoño.

La ecuación es bastante simple: preguntar si hubo vicios en los permisos que posibilitaron la construcción sobre las dunas, citar al director nacional de Sernageomin diciendo que el Kandinsky no está anclado en roca sino en una zapata o acaso cuestionar el apabullante desarrollo inmobiliario en la zona es sinónimo de estar en contra del progreso, el mercado, las libertades públicas y hasta la patria. Al revés, dar a conocer versiones de que el MOP fue de una ineptitud tremenda al no mantener el colector de marras que desató la emergencia, discutir que los dos socavones pongan bajo cuestionamiento toda la ingeniería utilizada en la construcción dunar o, sencillamente, no desear que se derribe uno u otro inmueble para que todo arda termina por convertirlo a uno en un fascista, destructor del medioambiente y esclavista neoliberal.

Finalmente, la Región de Valparaíso acabó convirtiéndose en una parodia de sí misma. Ya nadie se acuerda del lío por los 500 millones de pesos de indemnización propuestos por un abogado medioambientalista al Concejo Municipal de Concón por el Punta Piqueros, como tampoco de que los grandes litigantes que dicen haber ganado todas las batallas también han perdido más de alguna.

Lo único que importa es tener la razón. Y tenerla, implica atacar a la actual alcaldesa de Viña del Mar, sacarle en cara no haber previsto los socavones con cambios al Plano Regulador en los poco más de dos años que lleva a cargo de la Municipalidad (no importa que haya habido pandemia, incendio y crisis económica y de vivienda), aún a costa de defender la, al menos, contradictoria gestión del Director de Obras Municipales que lleva más de cuatro décadas en el cargo, con un intervalo de 14 años por un sumario que nadie entiende cómo pudo durar tanto.

Todos tienen la razón. Todos opinan. Si alguien dice algo que a usted no le gusta, cancélelo, que de eso se trata todo esto. Bastará con dispararle al mensajero para tapar y esconder todas nuestras vergüenzas. Porque, si en algo estamos de acuerdo, es que todos somos ingenieros expertos en mecánica de suelos por estos días. ¿No es así?

Apesar de las obvias diferencias, no viene mal volver por un momento la vista a la España de 1978, cuando finalizada la dictadura franquista se elaboraba una Constitución, que sigue vigente 45 años después. Dos partidos de derecha y centroderecha de asimétrico tamaño tenían votos suficientes en la Cortes para aprobar por sí solos la propuesta que se sometería a plebiscito. En la comisión de siete diputados encargada de la redacción del texto, en la que esa mayoría se reflejaba, comenzaron a tomarse decisiones relevantes sin consenso con la izquierda. Entonces entraron en escena dos personajes clave: Fernando Abril Martorell, Vicepresidente del Gobierno, de la Unión del Centro Democrático (centroderecha), y el diputado socialista Alfonso Guerra. Ellos fueron fundamentales para identificar y destrabar los nudos. Al final, la propuesta fue respaldada por un arco que iba desde exministros de Franco hasta los comunistas y por un 91,8% de los algo más de dos tercios de ciudadanos que acudieron a las urnas. España inició el que ha sido por lejos el mejor período de su historia, en el que se convirtió en una moderna y próspera democracia desarrollada europea.

¿Hay en Chile hoy la esperanza de algo siquiera pálidamente semejante a ese resultado? La complejidad del nuevo proceso constituyente (en que interviene una Comisión Experta designada por el Congreso y un Consejo Constitucional elegido por la ciudadanía) le da por momentos una trayectoria de montaña rusa y eso mismo permite conservar todavía esperanzas. Pero éstas se van reduciendo. El trabajo de la Comisión Experta en la elaboración de un primer borrador fue uno de nuestros momentos más luminosos de las últimas décadas, pues hace tiempo no teníamos un acuerdo trasversal tan robusto y relevante.

El Consejo Constitucional contaba con la ventaja de ese buen punto de partida. Pero hasta ahora su labor ha sido decepcionante y la oportunidad para enmendar eso se va cerrando. Pasada la discusión en comisiones y las primeras jornadas de votaciones en el pleno, va quedando claro que el Partido Republicano de José Antonio Kast no busca un acuerdo amplio, sino una nueva propuesta partisana de Constitución, abundante en materias impropias de una ley fundamental, que en algunos casos recogen malas políticas con propósitos demagógicos (xenofobia incluida). Y Chile Vamos no ha ejercido el papel moderador debido. Gloria Hutt, de Evópoli, y Lorena Gallardo, de RN, han hecho los mejores esfuerzos, seguidas por Edmundo Eluchans, de la UDI. Pero sólo en una materia de importancia han logrado hasta ahora sumar el decisivo cuarto voto de Germán Becker (RN).

A mi juicio, la fecha clave de este proceso es el 7 de noviembre, cuando el Consejo debe presentar el texto que será sometido a plebiscito. Si cuenta con un apoyo político siquiera parcialmente trasversal, valdrá la pena salir a buscar el respaldo masivo de la ciudadanía. Si eso no es así, en el referéndum de diciembre estarán en juego sólo ventajas políticas partidistas de corto plazo, mientras Chile habrá perdido la oportunidad de fraguar una sólida base de consenso sobre la que edificar una deliberación democrática que pueda volver a hacernos progresar con vigor.

En lo que va del 2023 hemos sido testigos de frecuentes decomisos de medicamentos que se comercializan de manera irregular. Losartán, prednisona, paracetamol y amoxicilina son sólo algunos de los fármacos que presentan mayor frecuencia en estos decomisos.

Las cifras son elocuentes. Según datos del Instituto de Salud Pública (ISP), en 2022 se llevaron a cabo 174 decomisos por comercio ilegal de medicamentos, lo que significó la incautación de más de 10 millones de dosis de medicamentos, un aumento del 1.000% en comparación al 2021.

La creciente venta ilegal de medicamentos en ferias libres, estaciones de Metro y calles en general es una práctica de alto riesgo que genera preocupación, ya que fomenta, además de la falsificación de los mismos, que las propiedades medicinales sean inexistentes o que incluso contengan sustancias nocivas para los consumidores.

Desde el gremio de los laboratorios este incremento en las cifras es visto con gran preocupación, porque significa un problema de salud para la población chilena. Detrás de este explosivo aumento hay un riesgo oculto y es la creciente automedicación, ya que la venta ilegal de medicamentos se ha convertido en una fuente importante de acceso a remedios sin consulta ni prescripción médica.

Según la OMS, la resistencia bacteriana a los antibióticos se considera como una de las mayores amenazas para la salud, siendo su principal causa la automedicación por acceso a través del comercio informal.

Existen casos en que los productos decomisados provienen de farmacias establecidas que venden al por mayor a los vendedores ilegales; sin embargo, la legislación permite perseguir la comercialización ilícita sólo de medicamentos sujetos a control legal, impidiendo la detención de personas que venden estos por vías no autorizadas.

Es por ello que desde la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos A.G. (Asilfa) estamos optimistas con el proyecto de ley que busca modificar diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal, endureciendo las sanciones penales y sanitarias para quienes vendan medicamentos en lugares no destinados para ello y fármacos adulterados, como para quienes los prescriben o faciliten este tipo de hechos perjudiciales para la salud de la población.