Casi un mes después de que fuera presentada, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la decisión del Juzgado de Garantía y admitió a tramitación, esta semana, la querella del expresidente del directorio del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), Sebastián Redolés, contra todos quienes resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, del delito de malversación de caudales públicos.

Redolés fue sacado de su cargo en el PCdV a fines de julio pasado, por el entonces ministro de Cultura, Jaime de Aguirre, bajo el argumento de que el Gobierno buscaba un cambio en la forma en que enfocaba el trabajo del recinto cultural porteño.

En el marco de su salida, Redolés alertó de una serie de irregularidades y acusó a De Aguirre de no atender adecuadamente a los antecedentes que le presentó sobre anomalías asociadas a los problemas financieros que vive el Parque Cultural.

Es en ese marco que Redolés interpuso la querella ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso el 24 de agosto, representado por las abogadas Marta Herrera y Karina Fernández, que participan de la asociación Acción Cívica Contra la Corrupción y la Captura Estatal.

Aunque la acción inicialmente fue desestimada por el juzgado porteño, la apelación fue aceptada por el tribunal de alzada, que el 21 de septiembre admitió a trámite el libelo y aprobó las diligencias solicitadas por el querellante.

Irregularidades

Sobre los hechos denunciados, el texto de la querella expone que "como Presidente del Directorio, el Sr. Redolés comenzó a advertir una serie de irregularidades cometidas por la entonces Directora Ejecutiva, doña Nélida Pozo Kudo al interior de la Asociación. Así, por ejemplo, las diligencias que debían cumplirse ante diversos entes públicos no fueron efectuadas prolijamente o llegaban a reñir con la probidad, lo que a posteriori se traducía en incumplimiento de formalidades exigidas de acuerdo a lo que la ley y otros instrumentos legales contemplan".

Agrega que "con conocimiento de las irregularidades y las consecuencias económicas

y financieras ocasionadas para la Asociación y, ante la falta de una respuesta por parte del Ministerio a cargo, el Sr. Redolés optó por poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público, para la investigación de hechos que podían ser constitutivos de delito, lo que se materializó en una denuncia estampada en la Fiscalía Local de Valparaíso con fecha 28 de julio de 2023".

El libelo también detalla que "desde el momento de interposición de la denuncia y hasta la fecha el Sr. Redolés Jadresic ha sufrido actos de hostigamiento de distinta índole, que buscan amedrentar su calidad de denunciante; así el martes 1° de agosto, aproximadamente a las 8.30 hrs., mientras se dirigía en su vehículo con sus hijos a dejarlos al colegio, sufrieron una suerte de 'encerrona' a dos cuadras de su domicilio, en calle Tocornal con Portales, Cerro Barón, Valparaíso: un vehículo obstaculizó el paso de los vehículos que concurrían por vía contraria y se sorprendió al constatar que el conductor del vehículo era el Sr. Fidel Rudolffi, quien tras miradas amenazantes detuvo su vehículo obstaculizando el tránsito, lo que obligó al Sr. Redolés a esquivarlo desarrollando una compleja maniobra vehicular que expuso su integridad física de sus hijos y la suya propiedad", hecho sobre el cual habría una investigación de Fiscalía.

Diligencias bridec

En su admisión de la querella, la Corte de Apelaciones de Valparaíso también dio curso a las diligencias solicitadas por Redolés y sus abogadas, entre ellas que se despache una orden amplia de investigar a la Brigada de Delitos Económicos, o a la unidad policial que el fiscal adjunto a cargo de la investigación estime pertinente, a efectos que se empadronen testigos, tomen declaraciones, y realicen todas las diligencias destinadas a esclarecer el hecho objeto de la presente querella y la identificación de todas las personas que tendrían responsabilidad penal, ya sea a título de autor, cómplice o encubridor".

Este diario contactó a Sebastián Redolés para que diera una versión sobre el proceso, pero el ex funcionario del PCdV dijo que no estaba entregando declaraciones y dejaba todo en manos del equipo que lo asesora en asociación Acción Cívica Contra la Corrupción y la Captura Estatal.

En tanto, Nélida Pozo, quien hoy ejerce como directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, no respondió los mensajes de este Diario, pero al sitio Mega Investiga comentó que en sus 25 años en el rubro cultural nunca ha tenido un problema legal ni administrativo.

"Desde el momento de interposición de la denuncia y hasta la fecha el Sr. Redolés Jadresic ha sufrido actos de hostigamiento de distinta índole".

Texto de la querella

Tras meses de conflicto en torno a la construcción de una planta desaladora en la bahía de Quintero, los representantes de la empresa Aguas Pacífico y dirigentes de todos los sindicatos que conforman la Federación Bahía Narau firmaron un acuerdo que establece una serie de compromisos para evitar nuevas ocupaciones del terreno donde se emplaza la iniciativa.

Entre los acuerdos suscritos se incluye la aplicación de un programa de monitoreo participativo de la bahía de largo plazo, para velar por el cuidado de los recursos hídricos y ecosistemas, prestando especial atención a los niveles de salinidad

También se incluye financiamiento, apoyo técnico y gobernanza para la construcción de una planta procesadora multipropósito de recursos marinos, que busca agregar valor a la pesca artesanal en Puchuncaví y Quintero.

"Queremos que nuestro Proyecto Aconcagua sea un hito importante para esta zona, haciendo la diferencia de cómo juntos colaboramos en la renovación de los territorios y el desarrollo de las comunidades a través de industrias sustentables que traen soluciones concretas a problemas de gran relevancia para la zona como la falta de recursos hídricos", señaló Javier Moren Hueyo, Gerente General de Aguas Pacífico.

El ejecutivo agregó que este acuerdo reafirma la disposición al diálogo y búsqueda de acuerdos que la empresa manifestó desde el inicio del conflicto, cuando se intentaron diferentes caminos para construir el mutuo entendimiento y llegar a consensos.

Acuerdo difícil

Por su parte, Hugo Poblete, presidente de la Federación Bahía Narau, indicó que "fue un acuerdo difícil, llevamos cerca de cinco meses movilizados pero lo bueno es que se ha entendido por ambas partes que esto tiene que llevarse en común acuerdo, escuchar a la comunidad y hacerle cambios estructurales, previendo que haya el menor impacto posible en el medioambiente".

Agrego que "nosotros no quisiéramos que este proyecto se hiciera, pero ya que los permisos están aprobados desde el año 2018, lo vamos a hacer de la mejor forma y vamos a estar fiscalizando la empresa y nosotros, una vez al mes y cualquier alteración importante o significativa que haya en el medioambiente marino se va a detener la realización del proyecto. Esta fórmula nos va a dar certezas de que el daño que se haga va a ser amortiguado por los cambios de ahora y los que va a tener en dos años más".

"Vamos a estar fiscalizando; cualquier alteración importante (...) se va a detener la realización del proyecto".

Hugo Poblete, Pdte. Federación Narau