Luego de cinco meses de intensas movilizaciones, que incluyeron la ocupación de terrenos privados y su posterior desalojo, los sindicatos de pescadores que conforman la Federación Bahía Narau firmaron un acuerdo con la empresa Aguas Pacífico, que permitirá darle continuidad a las obras de construcción de una planta desaladora en la bahía de Quintero. El proyecto contempla una inversión de US$ 1.000 millones y promete producir hasta mil litros por segundo de agua dulce, que será redirigida para el abastecimiento de clientes del rubro de la minería y la energía, disminuyendo la estrechez hídrica de la zona, pero también a beneficiarios de los Sistemas Sanitarios Rurales (Ex APR) y la Comunidad Agrícola La Dormida, lo que implica que 40 mil personas podrán acceder al recurso hídrico de manera estable y segura.

Pese a los beneficios evidentes de la iniciativa, su impacto en el borde costero de una zona saturada, como la bahía de Quintero, despertó una férrea oposición de diversos actores locales, entre ellos un grupo de pescadores que se sintió afectado económicamente. La movilización, liderada por la Federación Bahía Narau, tensionó el desarrollo del proyecto en los últimos meses y recibió el apoyo de numerosas autoridades regionales, cuyos argumentos sobre el daño que representa la desaladora quedaron en entredicho con este acuerdo, que incluye varias medidas adicionales. La más importante de ellas es el aporte de financiamiento, apoyo técnico y gobernanza para la construcción de una planta procesadora multipropósito de recursos marinos, que agrega valor a la pesca artesanal en Puchuncaví y Quintero y la pone en el camino de consolidar un servicio más industrializado en las labores de pesca. No es posible avizorar cómo será el desarrollo de esta nueva iniciativa, pero se hace indispensable destacar que el acuerdo representa el fin de uno de los tantos conflictos que afectan a la Región de Valparaíso y el camino recorridopor Aguas Pacífico y los pescadores, aunque fue tenso y lleno de incidentes, puede ser una fórmula interesante de analizar para un sector privado que clama por un liderazgo regional capaz de destrabar el cúmulo de proyectos regionales entrampados en obstáculos administrativos y objeciones ambientales.

En medio de la discusión sobre si el país debe volver a implementar una política de construcción de embalses, resulta necesario precisar qué se ha hecho en la materia y sugerir líneas de acción. La autoridad anunció en 2019 un extenso plan de 26 grandes embalses -con una capacidad entre 25 y 500 millones de m3-, financiados por el Estado, el que se redujo solamente a cuatro. Esta iniciativa no tuvo éxito principalmente porque el cambio climático parecía ir reduciendo la disponibilidad hídrica, lo que ponía en cuestión que dichos embalses se pudieran llenar y por el agotador trámite para su construcción que toma entre 12 a 20 años. A esto se suma la dificultad de financiamiento.

Los privados, en cambio, durante este periodo de sequía han construido muchos pequeños embalses -de menos de 2 millones de metros cúbicos- bajo financiamiento propio y con un trámite y autorización que permite emplazarlos en un periodo de alrededor de tres años.

Hoy casi no se construyen embalses de capacidades entre 2 y 25 millones de m3, a pesar de las ventajas que tienen en cuanto a identificar lugares de emplazamiento, grupos de interesados, una menor cantidad de afectados, territorios limitados, financiamiento, menores problemas ambientales e interferencias con obras existentes. Se trata de obras construidas fuera de los cauces de los ríos para evitar las crecidas destructivas como las que ocurrieron este año.

Hay otras consideraciones. Para solucionar el problema de la escasez hídrica en el valle central, es recomendable utilizar la regulación en embalses subterráneos y superficiales. Ambas soluciones son complementarias. Los acuíferos han adquirido mayor importancia en el tiempo: el agua bombeada ha salvado situaciones de crisis de la demanda. Sin embargo, para su utilización plena se requiere más información para determinar los volúmenes extraíbles en relación con las aguas superficiales que provienen de la misma fuente. Sin esta información no se pueden hacer predicciones en los modelos, por sofisticados que estos sean.

Respecto a otras fuentes requeridas, el tratamiento de aguas servidas es de interés, suponiendo que los costos son pagados por los usuarios del agua potable y que las inversiones para su habilitación son compensadas por beneficios ambientales.

También hay que señalar que resulta necesaria la participación de las juntas de vigilancia en estos procesos, las que tienen la facultad legal de construir obras y, además, la experiencia para definir lo que se necesita. Tal como han planteado expertos, es imposible que los profesionales de las instituciones, a pesar de tener una excelente preparación, puedan dar soluciones acertadas a los problemas de escasez sin la colaboración de quienes la sufren.

Aunque se puede mejorar la institucionalidad vigente, es posible en este caso operar con la actual.

El programa "Chile irrigation" del Banco Mundial permitió entre 1995 y 2005 la construcción de 50 obras de riego. Fue clave una donación japonesa para financiar 20 proyectos bajo el concepto "sin proyectos no hay obras".