Sebastián Mejias O.

Inmediatamente después de que el Senado despachara, el 30 de agosto pasado, la iniciativa que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles y fija nuevas penas y mecanismos de restitución, conocida también como ley de usurpaciones, el Gobierno anunció un veto presidencial para modificar aspectos de la normativa que molestaban a una parte del oficialismo, fundamentalmente a Apruebo Dignidad.

Fue el viernes, en la noche, que el Ejecutivo hizo valer su palabra, ingresando una serie de modificaciones para dejar atrás la idea de la autotutela que tanto criticó la izquierda en el proyecto original. Además, el veto pone énfasis en la gradualidad de las penas -dejando de lado la cárcel como pena principal para todas las formas de usurpación, que era una de las pretensiones principales de la oposición- y en los instrumentos para la restitución de los bienes.

En definitiva, con la eliminación de la legítima defensa privilegiada y el límite de 12 horas para que los particulares puedan detener a los responsables, la ley de usurpaciones, de aprobarse, ya no contendrá la posibilidad de autotutela por parte de los privados. Sí estará el mandato para que las policías puedan actuar en cualquier momento, en tanto se mantenga activa la ocupación de un terreno.

Valoran determinación

A nivel regional, la diputada Camila Rojas (Comunes) justificó el veto del Ejecutivo por la preocupación que dejaron algunos temas incluidos en la ley que despachó el Congreso. "El más grave de todos tenía que ver con la autotulela, porque si cada persona pudiera hacer uso de la fuerza teniendo respaldo legal, terminaríamos con escenas muy peligrosas y violentas", alertó.

En ese sentido, valoró del veto "la proscripción de la autotutela, así como también la gradualidad de las penas". Sobre este último aspecto, considera positivo que se "establezcan orientaciones para la decisión del juez, considerando la cárcel sólo si es que la persona ha cometido delitos de usurpación antes, entre otros factores".

La multa, en cambio, "valdrá si es que quienes hicieron uso de un terreno se encontraban en situación de necesidad habitacional y si es que hay restitución voluntaria", precisó.

Reparos de lagomarsino

Pese a la molestia de Apruebo Dignidad y otros parlamentarios oficialistas respecto al proyecto original, el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) aprobó buena parte de los artículos que contenía el proyecto de ley original. Aun así, el veto del Ejecutivo, a su juicio, tiene "una parte positiva, ya que apunta a eliminar aquello que yo no aprobé, es decir, la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente que permite la autotutela por parte de la población, cuestión que pone en entredicho el uso de la fuerza legítima que tiene el Estado".

Lamentó, eso sí, "que el veto del Ejecutivo vaya mucho más allá de los aspectos que se han cuestionado y se apunte contra otros aspectos que yo consideraba positivos de la ley".

Interpelación

Sobre la herramienta que utilizó el Gobierno para moderar la ley contra las usurpaciones aprobada por el Congreso, el diputado Andrés Celis (RN) dijo sentir "impotencia y angustia por un veto que es de verdad una burla a todas las personas y al esfuerzo de años por tener su propiedad".

La idea de este proyecto era "ponerle un freno a la mafia de las tomas y no avalarlas como hace este Gobierno" y por esa razón hizo un llamado "a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a dar explicaciones, ya que sus argumentos son una vergüenza".

Y es que para el legislador no son suficientes los reclamos ante la prensa y la carta que su partido, Renovación Nacional, le envió al Presidente de la República. Al contrario, cree que "a la ministra del Interior hay que interpelarla y eso es lo que yo, personalmente, voy a impulsar".

"Aquí no hay que ser tibios en defender el derecho a la propiedad de las personas y a su seguridad. Aquí debemos y tenemos que tener claro que está en juego el derecho de las personas a vivir en tranquilidad y el Gobierno está jugando de una manera cobarde en contra de eso", agregó.

Su par y correligionario Andrés Longton entiende que el "veto del Gobierno al proyecto de usurpación, al igual que lo que ocurrió con los indultos, demuestra que el Presidente está más preocupado de darle en el gusto a los delincuentes que de proteger a las víctimas de la delincuencia".

En tanto, la parlamentaria Camila Flores también dio cuenta de la molestia de su partido, RN, con la las modificaciones a la ley original, argumentando que esto es "un veto nunca antes visto en materia legislativa, algo que realmente no tiene ningún sentido".

Para la diputada, esto demuestra una vez más "del lado de quién está este Gobierno: de los delincuentes, a quienes indultan, entregan pensiones de gracia y ahora, además, les permiten que se tomen la propiedad privada que con esfuerzo a muchas personas les costó".

Por su parte, el diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) dijo que con esta determinación "una vez más el Gobierno muestra del lado de quienes está: de los delincuentes y terroristas". "Chile hoy necesita un Gobierno comprometido con la seguridad y este no cumple", indicó.

"El veto va mucho más allá de los puntos cuestionados y apunta contra otros aspectos que yo consideraba positivos".

Tomás Lagomarsino, Diputado (Partido Radical)

"A la ministra del Interior hay que interpelarla y eso lo que yo personalmente voy a impulsar".

Andrés Celis, Diputado (RN)

"Es un veto nunca antes visto en materia legislativa, algo que realmente no tiene ningún sentido".

Camila Flores, Diputada (RN)

"Rescatamos del veto la proscripción de la autotutela y la gradualidad de las penas".

Camila Rojas, Diputada (Comunes)

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