RECUERDOS DE UN FUNCIONARIO
por demetrio infante figueroa, abogado y exdiplomático
En estas últimas semanas, con motivo de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, los conceptos de derechos humanos, golpe de Estado y democracia han sido profusamente usados para servir intereses políticos determinados. Se les ha dado a veces un significado que busca olvidar su sentido exacto, se les ha mezclado para producir un resultado político previamente buscado o, simplemente, se les ha ignorado. Pienso que eso nos hace mal como sociedad. No sólo se ha deteriorado el real sentido que aquellos poseen, sino que ha servido de base a tesis justificativas que no tienen sostén en sí mismas.
Quizás el ejemplo más claro lo constituye aquel levantado por la izquierda -incluyendo al Presidente Boric- que indica que quienes analizan el caos creado por la administración Allende sólo buscan justificar el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos habidos durante el gobierno de Pinochet. Se encontró así un método para inhibir cualquier juicio crítico que quisiera hacerse a esos 1.000 días.
A quienes intentan demostrar el fracaso de ese régimen se les tilda de ser antidemocráticos y de golpistas. Antes que nada, deseo dejar en claro que ese tipo de acusación me es inoponible. Sólo como un medio de demostrar ese aserto y para claridad de los lectores, debo indicar que soy abogado, que fui profesor ayudante de Derecho Constitucional y profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Chile en Santiago, que fui por más de 40 años miembro de la DC, que soy Doctor Honoris Causa de la Universidad de Soka, de Japón, que perdí mi trabajo de 12 años en el Senado la noche del 11 de septiembre de 1973 y que defendí los intereses de Chile en el exterior por más de treinta años. Pienso que lo indicado inhibe una posible tacha. Creo firmemente en la democracia.
Los derechos humanos, siguiendo la doctrina de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín, son parte integrante de los primeros principios del Derecho Natural. Este -de acuerdo a esos teólogos- no es ni más ni menos que la publicación de la ley divina en la naturaleza humana. En otras palabras, el individuo al nacer como miembro de una sociedad primaria como es la familia, lo hace trayendo en sí mismo las normas del Derecho Natural y dentro de ellas está el respeto a los que hoy genéricamente llamamos derechos humanos. Sin estos la vida plena del individuo dentro de esa sociedad primaria en que nace no es tal y menos lo sería en las otras formas de asociación que con el correr de los años se fueron creando, es decir, la tribu, el clan y luego la nación. Se me preguntará qué pasa con los esclavos o con otros tipos de personas a los cuales se les negaban o conculcaban esos derechos. Precisamente el tema es ese. A aquellos individuos se les sometió o se les somete hasta el día de hoy a la negación de tener una vida plena acorde con su condición de ser humano portador de ciertos derechos y es por ello que la civilización moderna -usando los adelantos de la ciencia y de la técnica- ha puesto énfasis en su preocupación por su respeto, independiente del tipo de sistema político que rige.
Más de alguien podrá decir que el pensamiento de los teólogos no les llega para nada y que no creen en el derecho natural. Respeto absolutamente esa posición y es por ello que a aquellos los llevaré a una opinión que tiene como base a don Andrés Bello, quizás el más brillante de los intelectuales que ha habitado en este país. El sostiene que en los actos jurídicos existen elementos de la esencia, de la naturaleza y del accidente. Los de la esencia son aquellos que necesariamente deben estar presentes y su carencia hace que el acto mismo de que se trata deje de ser tal. Es este el papel que juegan los derechos humanos en la vida de un individuo. El hombre es un ser racional que nace con ciertas facultades dentro de una sociedad originaria que es la familia y si desde ese instante hasta el resto de su vida no se le respetan aquellas, se le está negando la posibilidad de ser tal. Por otra parte, los elementos de la naturaleza son aquellos que normalmente están presentes, pero que la falta de alguno de ellos no trae consigo la inexistencia del acto. En el caso de los seres humanos es de la naturaleza que tengan dos brazos, pero si falta uno de ellos no dejan de ser individuos. Llevado esto al tema que nos convoca, el sistema político en que la persona vive, sea democracia, plutocracia, monarquía, dictadura o cualquier otro, el reconocimiento a sus derechos humanos -sea pleno o menos pleno- no modifica la circunstancia que estos estarán ahí junto a ella toda la vida. Es indudable e indesmentible que el mejor sistema político para que el individuo pueda ejercer a plenitud sus derechos es la democracia, pese a que hay chilenos que llaman democracia a los gobiernos actuales de Cuba y Venezuela. Con lo dicho pretendo demostrar que los derechos humanos están en una categoría superior a los sistemas políticos y que intentar igualarlos para dar base a la defensa de un régimen específico más bien atenta contra la defensa de aquellos. Un caso notable de lo distorsionador que puede llegar a ser ese intento de nivelar ambos conceptos fue el de la República Democrática de Alemania, reconocida como ejemplo de democracia por todos los comunistas chilenos. Hubo ciertos socialistas en la misma postura. Carlos Altamirano se paseó por el mundo nada menos que con pasaporte diplomático de la RDA. En la realidad, aquel fue un sistema eminentemente opresor -pero para algunos connacionales era democrático-, donde el reconocimiento al ejercicio de los derechos humanos era inexistente. Desaparecida la tiraría de Honecker, los derechos humanos, cual flor del desierto cuando recibe algo de agua, renacieron con toda su fuerza. Estaban forzosamente dormidos, pero estaban ahí.
En Chile la izquierda ha tratado de imponer la idea que entrar a denunciar lo acaecido en los 1.000 días de Allende constituye un método para negar las violaciones a los derechos humanos que hubo, lo que en sí mismo -desde el origen- constituye una contradicción. La UP gobernó hasta el 10 de septiembre de 1973 y los derechos humanos denunciados fueron violados en actos acaecidos después del 11 de septiembre de 1973. Por lo tanto, aquello es cronológicamente inexacto.
Respecto a las violaciones a los derechos humanos acaecidos después del 11 de septiembre de 1973, los rechazo con todas las fuerzas de mi espíritu. Son absolutamente inaceptables y el error más grande de Pinochet fue la creación de la DINA y el otorgamiento de facultades omnímodas a su jefe, entonces un simpe coronel, quien incluso con sus maniobras consiguió que generales que no eran de su agrado fueran sacados de las filas. Por espacio no puedo entrar en detalle sobre los métodos y las víctimas de esa organización. Personalmente, tuve la poco grata experiencia que siendo jefe de la Embajada en Lima en un año tan crucial como 1979, tuve entre mis subordinados a un oficial miembro de aquella. En mi libro Confidencias Limeñas relato algo de esa situación. Por otra parte, a los inicios del Gobierno del Presidente Aylwin y siendo el segundo de la Embajada en Washington, me correspondió entrevistarme con Michael Townley en la Subsecretaría de Justicia de Estados Unidos, para cumplir un exhorto de la Corte Suprema de Chile. Debo ser de los pocos chilenos que vio y conversó con este hombre después que se acogió al sistema excepcional de protección con que vive en aquel país. Ningún chileno se habría atrevido al acto demencial de instalar o detonar bombas para matar a otros chilenos en Washington, Buenos Aires y Roma.
A todos a quienes sus derechos humanos les fueron conculcados les rindo homenaje en la persona de un hombre que conocí bien: Tucapel Jiménez. Fue durante años el presidente de la Asociación de Empleados Fiscales. Políticamente, pertenecía al Partido Radical. Era un ejemplo típico de una persona de clase media chilena. Era un gordo de gratas maneras, humilde, fácil de entenderse con él. Me tocó tratarlo en las Comisión de Trabajo del Senado. Nunca levantó la voz a nadie. Nunca tuvo una prepotencia con alguien. Al revés, como indiqué, era tremenda humilde. Conocía hasta el último detalle de las múltiples disposiciones legales que beneficiaban a su gremio. Muchas veces después de la intervención de un senador, con voz suave pedía la palabra y respondía a aquel dándole la razón, pero se permitía recordarle que la ley tanto, en el inciso tanto, dictada poco después a la que se había referido el parlamentario, había modificado esa situación. Era respetado y querido por todos. Pues bien, a ese hombre, por razones que son imposibles de entender, cuando manejaba su taxi en febrero de 1982 -no ejercía cargo alguno desde septiembre de 1973- fue parado por dos personas que le pidieron que los transportara a un lugar un tanto alejado del centro de Santiago. Cuando llegaron a un sitio más o menos desierto, le pidieron que se detuviera y procedieron a degollarlo. Eran agentes. Un acto brutal e inhumano en esencia. Insisto, era un ser respetado, querido y admirado por todos, que no le hacía mal nadie, salvo a la mente enfermiza de algunos. Por estas líneas reitero mi homenaje cariñoso a Tucapel Jiménez. (Continuará).