Con los votos del Partido Republicano y Chile Vamos, el Consejo Constitucional aprobó una norma que reduce la Cámara de Diputados desde los 155 escaños vigentes hoy a un total de 138 cupos, bajo el argumento de que el actual sistema de representación parlamentaria fomenta el fraccionamiento de las fuerzas políticas en el Congreso, lo que radicaliza las posturas internas y dificulta la construcción de consensos políticos. En su detalle, la regla visada por los consejeros establece que ningún distrito podrá elegir más de seis parlamentarios, lo que impactará directamente a la Región de Valparaíso, cuyos dos distritos (6 y 7) tienen ocho cupos cada uno.

Las voces que defienden el actual sistema, la mayoría de ellas vinculadas al oficialismo, plantean que reducir el número de escaños significa una merma en la representatividad de la Cámara de Diputados, especialmente en aquellas zonas alejadas de los grandes centros urbanos, que por años han reclamado la falta de conexión del Parlamento con sus necesidades inmediatas. Ponen como ejemplo el Distrito 7, conformado por doce comunas, algunas de ellas territorios insulares. La consejera María Pardo, de Convergencia Social, va más allá aún y plantea que detrás de esta modificación de escaños está la intención de manipular las circunscripciones vigentes para obtener resultados electorales específicos. La acusación es grave, pero imposible de demostrar.

Sin embargo, antes de desdeñar tan rápidamente el cambio, es necesario poner en perspectiva esta reducción de diputados con los cambios integrales al sistema político que ha realizado el Consejo, entre ellos la exigencia de que los partidos políticos tengan un 5% de los votos para subsistir como colectividad y el nuevo ordenamiento del Congreso en bancadas, que busca alinear la disciplina partidaria del Poder Legislativo.

La perspectiva de que mejore el quehacer político, y con ello el prestigio de sus ejecutantes a ojos de la ciudadanía, depende poco de una medida específica y mucho más de la coherencia general de un sistema que hizo crisis en octubre de 2019 y no ha repuntado pese a sus permanentes intentos por reformularse.

En su despliegue, las estructuras del sistema patriarcal producen desigualdades que, al no ser revisadas ni atendidas, no se las cuestiona y, por el contrario, se normalizan como lo esperable para la convivencia. Es así que, de manera histórica y sistemática, las desigualdades de género han establecido que las mujeres e identidades feminizadas estén supeditadas a labores que, hasta la actualidad, no son reconocidas como parte del sistema económico productivo y, por lo tanto, puestas en una posición de marginalidad donde proliferan la exclusión, invisibilización y violencia. Desde ahí, resulta vital interpelar la posición de los estados, gobiernos y actorías políticas y sociales frente a esta marginalización, la que precariza a mujeres e identidades sexogenéricas, desconociendo el aporte de las "economías de los cuidados" para la producción y la reproducción de la vida.

Como fenómeno, la "feminización de la pobreza" permite observar cómo las desigualdades de género afectan social y económicamente a las mujeres y diversidades sexuales, afectando sus trayectorias, impidiendo que estas alcancen autonomía económica mediante exclusiones sistemáticas de los dispositivos de educación y formación, empleos estables y con remuneración justa y jubilaciones dignas, apoyo a las capacidades productivas y creativas propias individuales y colectivas en el contexto de los hogares y/o en los circuitos de comercialización locales; lo que se suma a la falta de reconocimiento económico y social de las labores de trabajo doméstico y de cuidados de las personas comunidades y naturaleza.

En el ámbito del trabajo remunerado, existen marcadas diferencias a la hora de acceder a un salario en beneficio de las personas identificadas como hombres, y junto con ello, muchas personas están excluidas de estos circuitos o no logran insertarse con un nivel de estabilidad y remuneración digna: según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las mujeres ganan 18,9% menos que los hombres, "brecha que se mantiene e incluso aumenta con la edad".

Dado este problema estructural, debemos reconocer que en los hogares, barrios y territorios existen dinámicas económicas que han permitido generar circuitos económicos productivos, creativos, de servicios y de cuidados que hemos denominado "economías de los cuidados"; que son desarrollados por mujeres y diversidades para sostener sus economías domésticas y comunitarias.

Las actividades económicas que en este modelo económico generan lucro y acumulación deben su éxito al trabajo realizado y al que aportan también estos sectores, a los que no se retribuye lo que desarrollan. Los esfuerzos deben estar orientados a que en un futuro próximo, mujeres, diversidades y todas las personas sean consideradas, retribuidas y dignificadas en sus labores y aportes a una sociedad más justa, diversa y libre.