¿Más o menos parlamentarios?
El Consejo Constitucional aprobó la idea de reducir de 155 a 138 los escaños de la Cámara de Diputados, en un intento de darle estabilidad.
Con los votos del Partido Republicano y Chile Vamos, el Consejo Constitucional aprobó una norma que reduce la Cámara de Diputados desde los 155 escaños vigentes hoy a un total de 138 cupos, bajo el argumento de que el actual sistema de representación parlamentaria fomenta el fraccionamiento de las fuerzas políticas en el Congreso, lo que radicaliza las posturas internas y dificulta la construcción de consensos políticos. En su detalle, la regla visada por los consejeros establece que ningún distrito podrá elegir más de seis parlamentarios, lo que impactará directamente a la Región de Valparaíso, cuyos dos distritos (6 y 7) tienen ocho cupos cada uno.
Las voces que defienden el actual sistema, la mayoría de ellas vinculadas al oficialismo, plantean que reducir el número de escaños significa una merma en la representatividad de la Cámara de Diputados, especialmente en aquellas zonas alejadas de los grandes centros urbanos, que por años han reclamado la falta de conexión del Parlamento con sus necesidades inmediatas. Ponen como ejemplo el Distrito 7, conformado por doce comunas, algunas de ellas territorios insulares. La consejera María Pardo, de Convergencia Social, va más allá aún y plantea que detrás de esta modificación de escaños está la intención de manipular las circunscripciones vigentes para obtener resultados electorales específicos. La acusación es grave, pero imposible de demostrar.
Sin embargo, antes de desdeñar tan rápidamente el cambio, es necesario poner en perspectiva esta reducción de diputados con los cambios integrales al sistema político que ha realizado el Consejo, entre ellos la exigencia de que los partidos políticos tengan un 5% de los votos para subsistir como colectividad y el nuevo ordenamiento del Congreso en bancadas, que busca alinear la disciplina partidaria del Poder Legislativo.
La perspectiva de que mejore el quehacer político, y con ello el prestigio de sus ejecutantes a ojos de la ciudadanía, depende poco de una medida específica y mucho más de la coherencia general de un sistema que hizo crisis en octubre de 2019 y no ha repuntado pese a sus permanentes intentos por reformularse.