Luis Felipe Ávila

Debido a la denuncia del diputado Juan Irarrázaval, del Partido Republicano, se conoció que la Fundación Daya, encabezada por la parlamentaria humanista Ana María Gazmuri, firmó un convenio con la Municipalidad de Quilpué el año 2016, en el que se transfirieron $35 millones, de los cuales $ 20 millones nunca fueron rendidos correctamente.

Es por esto que desde el municipio quilpueíno, a través de su alcaldesa, Valeria Melipillán, anunciaron que ya están trabajando en medidas para resolver este problema.

"Hoy estamos estudiando las acciones que podemos tomar. Sin embargo, lo principal tiene que ver con el reintegro de dinero, que es lo que más afecta al municipio, el resto lo ve el equipo jurídico. Ya el 2022 llegamos a la conclusión de que se tenían que restituir estos recursos. No obstante, a día de hoy, la fundación aún no reintegra el dinero de manera completa, así que eso tiene que seguir su curso", informó la jefa comunal.

Además, respecto al origen de este convenio con la organización sin fines de lucro y sus irregularidades, señaló que "el municipio firmó un convenio el año 2016 con la Fundación Daya, donde se comprometía a la entrega de un medicamento específico para la comunidad. En el 2018 se generó la primera rendición del convenio de 35 millones, de los que se objetaron 20. Este monto se volvió a rendir los años 2019, 2020 y 2021, y se mantuvieron las mismas objeciones que tienen que ver con irregularidades en las rendiciones".

Por este convenio comenzó a operar en la Ciudad del Sol la Fundación Daya Quilpué, la que hoy se conoce como Fundación Dharma Quilpué.

Comisión especial

Frente a esta situación, desde el Concejo Municipal de la comuna se va a solicitar la creación de una comisión que aborde este caso.

"Hemos solicitado una comisión especial para que se nos informe sobre esta situación y exigir sean reintegrados los recursos que no hayan sido ejecutados dentro del convenio establecido entre las partes. La municipalidad no debería descartar perseguir acciones legales", indicó el edil Francisco Villegas, de Convergencia Social, quien responsabilizó a la Fundación Daya por este problema.

"Que la Fundación Daya no haya sido transparente en la rendición de los recursos municipales entregados por nuestros contribuyentes es lo que trae desconfianza en la política y sus instituciones".

El edil Renzo Aranda (DC) comentó que "la comisión debería ser una instancia para poder establecer los vínculos y ver si es que esto está en norma para así poder calificar si los fondos públicos están bien rendidos. Esto nos va a permitir realizar una pesquisa minuciosa respecto del uso de los recursos públicos en tareas tan importantes como la salud".

"Estamos estudiando las acciones que podemos tomar; sin embargo, lo principal tiene que ver con el reintegro de dinero".

Valeria Melipillán, Alcaldesa de Quilpué

Un total de 3,1 kilos de clorhidrato de cocaína decomisó la madrugada de ayer la Aduana de Los Andes, en un procedimiento de revisión e inspección efectuado en el complejo fronterizo Los Libertadores a un bus que se aprestaba a ingresar al país.

El narcótico fue detectado por un funcionario de la repartición que divisó tres paquetes adosados a la parte baja de algunos asientos, por lo que solicitó la presencia de un perro detector de drogas, que marcó la zona. Tras ello, se efectuó una prueba de campo, cuyo resultado dio positivo a cocaína.

"Nuestros fiscalizadores, utilizando diferentes técnicas de inspección, detectaron al interior de un bus que ingresaba al país por Los Libertadores, tres paquetes que contenían 3,1 kilos de cocaína, permitiéndonos sacar de circulación esta droga", precisó el administrador de la Aduana de Los Andes, Mariano Gómez.

El decomiso fue informado al fiscal de turno, Andrés Gallardo, quien instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) adoptar el procedimiento.

Una compleja situación se vivió durante la madrugada del viernes en el Hospital Carlos van Buren, de Valparaíso, cuando una paciente atacó con gas pimienta a funcionarios del recinto.

Al respecto, el director (s) del hospital, Simón Rojas, informó que "una paciente menor de edad con patología psiquiátrica agredió con gas pimienta a uno de nuestros funcionarios de la Unidad de Emergencia Adultos, a la vez que esparció este producto en el área, afectando directamente a personal y pacientes, varios de los cuales se descompensaron. No obstante, nuestros equipos actuaron rápidamente".

Explicó que "no está a nuestro alcance la revisión personal de cada usuario que accede a las urgencias. Antes del inicio de la pandemia nos apoyaba un carabinero de punto fijo y, lamentablemente, en la actualidad no contamos con este servicio".

El presidente de la Fenats Unitaria Base Van Buren, Raúl Delgadillo, advirtió que "esto se debe a que las autoridades no han dado las capacitaciones necesarias para este tipo de pacientes. Desde el nivel central insisten en que a los hospitales tipo 1 como el Van Buren sigan llegando y siendo hospitalizados junto a pacientes de otras patologías".