Redacción

La comisión técnica surgida desde el Senado para buscar una salida a la crisis de las isapres tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras privadas de salud a devolver altos montos a sus cotizantes, rebajó a menos de un tercio la estimación de la deuda que las empresas deben pagar: el cálculo de la Superintendencia de Salud había estimado en 1.400 millones de dólares el monto y esta nueva instancia la cifró en 415 millones de dólares y además propuso que este dinero fuera devuelto en un plazo de 10 años.

Uno de sus integrantes, el exministro Emilio Santelices, detalló que "la deuda total asciende a 402 mil millones de pesos. Nosotros también, a propósito de la otra dimensión que había que analizar, que era la estabilidad del sistema desde el punto de vista financiero, en términos de los vacíos que se generaban de inmediato y ante la necesidad de poder generar capacidad para que el sistema se pudiera adaptar en un tiempo razonable, consideramos hacer un análisis de la cifra a restituir a los afiliados a través de los excedentes, tal cual como lo señala el fallo, en un periodo de 10 años".

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, descartó que se trate de un "perdonazo" y puntualizó que "lo que se está planteando son supuestos distintos de cálculo de los cobros en exceso, pero efectivamente nuestra intención es reconocer e incorporar a través de las indicaciones los distintos planteamientos hechos en la comisión una vez que los podamos analizar".

El senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, llamó a realizar una "digestión progresiva y gradual" de este informe y cuestionó a quienes sacan conclusiones, aseverando que la propuesta debe ser analizada con el objetivo de pasarla a través de indicaciones a la ley corta de isapres.

Disconformidad

Pese a la ostensible baja en la deuda establecida por la comisión técnica, Gonzalo Arriagada, presidente de la Asociación de Isapres, se mostró disconforme con el monto y el plazo: "El periodo que calculó la comisión es una determinación de ellos, definieron ese plazo como aquel que es necesario para poder devolver este dinero. Ahora, no sentimos que tengamos una deuda a este respecto. Es un tema complejo, las realidades de cada compañía son diferentes".

El líder gramial enfatizó que "la verdad es que las isapres consideran que siempre han cumplido con las leyes" y que "existe un nuevo criterio definido por los tribunales de justicia que hay que cumplir, pero nosotros no sentimos tener una deuda a este respecto".

Ahora que el debate constitucional es sobre un texto completo que está en manos de los expertos, es hora de analizar los aspectos cruciales cuya resolución podría asegurar el éxito o el fracaso de este proceso.

¿Cuáles son los aspectos centrales del texto en torno a los cuales es imprescindible un acuerdo?

Los más relevantes son los que siguen.

Desde luego se encuentra la cuestión, por llamarla de algún modo, valórica. Como se sabe, el texto elaborado por el Consejo establece que la ley protege la vida de quien está por nacer. Se ha hecho cuestión entonces del quien (que sustituyó el que del texto actual) porque se teme que, haciendo pie en él, se discuta más tarde la constitucionalidad del aborto en tres causales. Este temor (porque más que objeción se trata de un temor) carece de sustento. Basta una revisión de las razones expuestas para admitir en su hora el aborto en tres causales para caer en la cuenta que ellas nada tienen que ver con negar la humanidad al embrión. Los expertos podrían fácilmente dilucidar este punto y disipar el temor. Lo que no parece posible -porque acabaría contradiciendo las convicciones de la mayoría del Consejo- es establecer una versión radical de los derechos reproductivos.

Se agrega a lo anterior, y relacionado con ello, la cuestión del género, la forma en que el texto constitucional impide que él siga siendo, como es en muchos casos, un factor mudo e invisible de discriminación. El texto establece un principio de no discriminación que se ajusta al criterio, por llamarlo de algún modo, liberal clásico. Por supuesto es posible cambiar este concepto elaborando una regla que, más allá de proscribir la discriminación, disponga el deber de los órganos del Estado por adoptar medidas en favor de una igualdad sustantiva, removiendo los obstáculos que para alcanzarla provengan del género.

Todavía está, además de los aspectos anteriores, el problema de la definición del Estado social. ¿En qué consiste él y cómo debiera consagrárselo? Este tipo de Estado se compromete, bajo la forma de derechos sociales, a garantizar el acceso uniforme, e independientes de la renta, a ciertos bienes básicos en materia de salud, educación o pensiones. El texto actual establece esos derechos; pero, y este parece ser el obstáculo que impide el acuerdo, que los ciudadanos podrán elegir entre proveedores públicos o privados para satisfacerlos. ¿Cómo resolver este desacuerdo? Una forma de hacerlo es convenir que el Estado social es un fin o propósito -un compromiso de la comunidad política de que las clases sociales no tendrán la última palabra a la hora del destino de cada uno, algo en lo que todos los sectores están de acuerdo-, pero dejando entregado a la lucha de convicciones que se despliegan en el debate democrático el diseño preciso para alcanzarlo, y ello incluye la discusión de si habrá provisión única o, en cambio, provisión mixta a cargo de prestadores estatales y privados a elección del ciudadano y bajo condiciones uniformes.

Por supuesto, no son esos los únicos nudos a desatar, pero parecen ser los más relevantes.

Y en cualquier caso, al llevar adelante esa tarea todos los sectores deben tener en cuenta la cultura que la modernización de la sociedad chilena -la modernización capitalista- ha expandido para bien o para mal en la sociedad chilena. Esa cultura incluye la autonomía de las personas (que hace absurdo el dirigismo moral en todos los aspectos de la vida), la posibilidad de incidir en aspectos significativos de la vida material (que aconseja contemplar la posibilidad de escoger al margen de la renta) y la meritocracia (la posibilidad de que las oportunidades y recursos vayan acompasadas con el talento y el desempeño).

Lo que no puede pretenderse es una Constitución contracultural, un texto que vaya a contrapelo de la cultura que se ha configurado en los últimos treinta años.