Durante el primer semestre de este año, la tasa de victimización de los establecimientos comerciales de Valparaíso y Viña del Mar alcanzó el récord de 69,9%, es decir, prácticamente siete de cada diez locatarios sufrió algún tipo de ataque o delito, la mayoría de ellos hurtos, hurtos hormiga o daños directos en sus establecimientos. En la estadística, recientemente dada a conocer por la Cámara Nacional de Comercio, también aparece un preocupante 7,6% para los casos de robo con violencia, el porcentaje más alto de todas las ciudades estudiadas y una confirmación de la tendencia que entregan las cifras de otras instituciones, como Fiscalía o Carabineros, en orden a que las dos comunas más grandes de la Región viven una oleada de criminalidad preocupante, que las medidas aplicadas hasta el minuto no han logrado atajar como corresponde.

Las respuestas a otras preguntas de la encuesta realizada por la CNC ayudan a configurar con mayor precisión el problema que deben enfrentar las autoridades. Un 57,8% de los comerciantes cree que los delincuentes atacan con mayor violencia que hace un año y un 13,3% afirma que siempre observa presencia de bandas de crimen organizado en su barrio. El 51,9% dice tener comercio ambulante ilegal en las cercanías de sus locales y un 70,7% manifiesta que la venta callejera ha aumentado respecto de la medición anterior.

Cifras como estas deberían movilizar acciones concretas y potentes de las autoridades a cargo de la seguridad pública, porque representan un problema que va más allá del comercio. Cuando tiene un impacto tan profundo, la delincuencia afecta la economía local, desincentiva la apertura de nuevos establecimientos, reduce la creación de empleos, alienta el éxodo de habitantes desde las zonas consideradas inseguras y vacía locales y calles, dejando grandes espacios desérticos que luego son víctimas del deterioro urbano. La pregunta es qué hará la autoridad para evitar esta escalada de consecuencias.

Avanza en Chile el proceso de instalación de la nueva Educación Pública sobre la cual el componente más visible es la creación y puesta en funcionamiento de los Servicios Locales de Educación, los ya famosos SLEP.

Los SLEP son servicios públicos autónomos que cuentan con un presupuesto propio incluido en la Ley de Presupuestos de la nación. Con dependencia técnica de la Dirección de Educación Pública, estos SLEP tienen la misión de administrar financieramente los establecimientos educacionales de varias comunas, según criterios geográficos y de matrícula, buscando garantizar el mejoramiento en los ámbitos de infraestructura, equipamiento y pedagógico.

En nuestra región ya está en funcionamiento el SLEP Valparaíso y se espera que en 2024 se sumen los SLEP Marga Marga (Olmué, Quilpué, Villa Alemana y Limache) y Costa Central (Viña del Mar, Concón, Puchuncaví y Quintero), datos que se pueden corroborar a través de la página web de la Dirección de Educación Pública, como así también el avance en Chile de su implementación.

La promesa básica detrás de esta reforma es una gestión eficiente y un mejoramiento de los resultados académicos y de las condiciones de calidad de equipamiento e infraestructura, tareas que no han sido fáciles después de que el año 1981 la dictadura traspasara a los establecimientos educacionales públicos desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, con capacidades disgregadas en su administración, lo que claramente hizo profundizar más la brecha para alcanzar una educación pública de calidad.

La búsqueda en que hoy nos encontramos es que la gestión y administración de las escuelas esté a cargo de un equipo equilibrado y dedicado exclusivamente a estas tareas. Por eso es que ha retornado paulatinamente a manos del Estado y el país debe entender que estamos en una transición que, como tal, tendrá éxitos y fracasos, pero lo que debe concentrar nuestra atención es avanzar en su implementación para retomar el camino del mejoramiento de la calidad de la oferta pedagógica que es, finalmente, el objetivo detrás de esta política pública.

Junto a ello avanzamos en otras decisiones que confluirán con ella, tales como la revisión y ajuste de la Jornada Escolar Completa (JEC) y los financiamientos basales, para dar respuestas a los diagnósticos que el sistema educacional ha emprendido.