A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario del 18-O, fecha que recuerda el inicio del estallido social de 2019, el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, anticipó la necesidad no sólo de desplegar un plan de seguridad pública acorde para minimizar eventuales hechos de violencia que puedan ocurrir durante esa jornada, sino que el Gobierno -desde el plano simbólico- entregue señales inequívocas al país.

"Uno esperaría que renunciara a esta simpatía que tuvo por lo que pasó el 18 de octubre, por su no condena a la violencia en esa oportunidad y que en esta ocasión tuviera una posición clara, no a medias tintas. También que se reforzaran las medidas de seguridad con firmeza, que haya respeto por las personas que quieren llegar tranquilas a casa, que no quieren correr el riesgo de que sus locales sean saqueados", pidió el parlamentario quien, desde la Comisión que encabeza, ha tenido ajetreadas semanas intentando empujar la agenda legislativa sobre seguridad, marcada por la ley de usurpaciones que actualmente se tramita en el Senado.

- Han sido días complejos, con lo que ha ocurrido en relación con la discusión de la ley de usurpaciones y el veto presidencial. Como promotor de esta iniciativa, ¿qué visión tiene respecto de quienes indican que el proyecto "criminaliza" la pobreza y a quienes viven en campamentos?

- Cuando sectores como el Partido Comunista (PC) hablan de criminalizar la pobreza, están tratando de engañar a la ciudadanía. Claramente la situación de los campamentos hacia atrás está excluida, y lo que queremos es que el día de mañana se manejen de buena manera situaciones que hoy ocurren; pero no se puede normalizar que los privados tengan que vivir con el perjuicio y la afectación de sus terrenos de manera permanente. Eso es incentivar la violencia y la comisión de delitos. Eso es inaceptable.

- Justamente desde el PC también se plegaron a las críticas sobre el veto presidencial. ¿Qué le pareció la distancia que tomó con el propio oficialismo?

- No es primera vez. Ellos insisten en una agenda de impunidad más que de seguridad. Ellos votaron en contra, incluso, de este proyecto, igual como hicieron con ley Naín Retamal. Tienen un complejo muy grande con la seguridad, y eso repercute en un Gobierno que pareciera estar bailando a su ritmo. Hay una contradicción constante con otros sectores de la coalición que sí coinciden con las mayorías en el Congreso. El PC está en una sintonía muy distante a lo que quiere el resto del país, que es tener barrios tranquilos. Les ha sido muy complejo tener una posición clara sin caer en caricaturas.

-¿A qué se refiere con "caricaturas"?

- A situaciones como la de la ley Naín Retamal, donde se hablaba de "gatillo fácil" y significó todo menos eso. Lo vimos también a propósito del proyecto que penaliza el porte injustificado de combustible, donde votaron en contra. Están enamorados de las multas, porque saben que no sólo no son disuasivas, sino que además nadie las paga y prescriben al poco tiempo. Entonces tratan de dar la apariencia de generar normas que producen algún efecto, cuando todos sabemos que en la realidad lo que proponen ellos es algo muy parecido a lo que hay en la actualidad, que sólo ha traído angustia y una sensación de injusticia tremenda.

- Mirando el propio sector. ¿Hay autocrítica como oposición por la forma en que llevaron la discusión? ¿Por qué no pudieron fijar una posición única en este proyecto, por ejemplo?

- Tiene que haber una autocrítica. Creo que tanto Gobierno como oposición, ambos sectores, pecamos de alejarnos de las posiciones que permitían llegar a un acuerdo más razonable. Nosotros quizás tironeados por sectores que quieren normas que son más extremas; y lo mismo en el oficialismo. Creo que ciertos elementos se pudieron haber morigerado, pero por la falta de un acuerdo integral aquello no ocurrió. Me refiero específicamente a la legítima defensa privilegiada en relación a la flagrancia permanente, entendiendo que había interpretaciones distintas. Se podría haber hecho un mejor trabajo, y si bien es posible que el Gobierno igual lo hubiera vetado, al menos iba a tener menos excusas para hacerlo. Tuvimos un tironeo con el Partido Republicano durante la votación de la legítima defensa privilegiada, aunque esa tensión favoreció la norma. Pero muchas veces no es bueno buscarlo todo, porque el Presidente tiene esta facultad de veto que es muy discrecional, y que siento que en esta ocasión la ocupó de manera abusiva.

- El senador Felipe Kast dio por superadas las tensiones y anticipó que se votará el veto durante octubre. ¿Comparte sus proyecciones?

- Es que la gente espera que haya una nueva ley. Para bien o para mal, no podemos dilatar que no salga esto del Congreso (…) Las penas de cárcel, la flagrancia permanente y la posibilidad de detención por parte de las policías son el corazón de la ley. Si cualquiera de esos tres elementos se elimina, sería una mala noticia para el país, porque va a significar que vamos a tener una ley que dará la apariencia de que va a generar un cambio cuando, en la realidad, no va a ser tal. Por eso el senador Kast ha morigerado el debate para poder lograr un acuerdo.

- Más allá del proyecto de usurpaciones, ¿cómo anticipa el avance de otras iniciativas que eran prioritarias para la Comisión de Seguridad?

- Hay que distinguir las que son parte del fast track y otras que deben avanzar no siendo necesariamente parte de esta agenda de acuerdos. Hay proyectos que han avanzado, pero no nos podemos detener con minorías que tratan de dilatar y un Gobierno que no pone las urgencias correspondientes. Por ejemplo, tipificar el ingreso clandestino por pasos no habilitados como delito o la modificación a la ley antiterrorista, que debería tener urgencia. Donde estamos tremendamente al debe es en la Defensoría de las Víctimas, que debiese ser prioridad, pero al cual no se le ha dado urgencia en la Comisión de Constitución. Es inentendible que a estas alturas sigamos sosteniendo que los delincuentes o quienes son acusados de un delito tengan defensa y las víctimas no.

- ¿Qué le parece el espaldarazo que parlamentarios oficialistas dieron a la ministra de Interior, Carolina Tohá? ¿Es oportuno en el momento actual?

-Creo que fue una señal política inoficiosa ya que la Ministra necesita que la apoyen en el Congreso con votos y eso no está pasando, y queda en evidencia, además, al no ir el PC. Me parece innecesario. La gestión pública habla por sí sola, desde el punto de vista del impulso en materia de seguridad. La Ministra no necesita que le vayan a tocar el hombro para decirle que lo está haciendo bien. Creo que esas defensas corporativas al país lo tienen un poquito cansado. La gente quiere que los parlamentarios, en vez de ir a hacer esta suerte de escudo de protección a la Ministra, mejor se pongan del lado de los ciudadanos y apoyen con fuerza en el Congreso los proyectos que dan mayor seguridad y tranquilidad a las familias. Ese va a ser el mejor respaldo que pudiera recibir la ministra Tohá, no otro.

- Esta semana se anunció un ambicioso Plan de seguridad en el marco de los Juegos Panamericanos. ¿Cree que tiene los focos adecuados?

-Es razonable que haya más seguridad para los Juegos Panamericanos, pero uno esperaría ver esa misma cantidad de policías, esa misma seguridad intensiva en los barrios, con un plan mucho más elaborado y con recursos que lleguen precisamente a destino en tiempo y forma, con celeridad. Como el plan de crimen organizado, donde 65 mil millones se gastan recién en el segundo semestre, como para cumplir con la Ley de Presupuesto y no quedar atorados. Uno ve mucha improvisación que, creo, tiene que ver con un programa muy precario en materia de seguridad.

- ¿Pero estima que ha habido avance en agenda y la gestión de seguridad?

- El otro día el Presidente dijo que él recibió un país con la delincuencia fuera de control y que su administración la ha logrado encausar. Yo le diría que hay una falta de conexión evidente con la realidad, que saliera un poquito más a la calle, porque la delincuencia está desatada: los delitos de mayor connotación social siguen creciendo, en más de 40% entre 2021 y 2022, y este año seguimos al alza. No se pueden desmentir los números, y en las estadísticas es claro que los delitos violentos no están encausados. Por eso le pediría que conectara más con la realidad que con discursos que tratan de dar la apariencia de algo que no está ocurriendo y que la gente nota en las calles. 2

"Creo que tanto Gobierno como oposición, ambos sectores, pecamos de alejarnos de las posiciones que permitían llegar a un acuerdo más razonable. Nosotros quizás tironeados por sectores que quieren normas que son más extremas; y lo mismo en el oficialismo".

Marcelo López M.

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El diputado siente que se está al debe en varios temas como la Defensoría de las víctimas.