En un movimiento que se convierte en un fuerte golpe para Valparaíso, la empresa sanitaria Esval decidió sacar sus oficinas corporativas del edificio ubicado en las inmediaciones del casco histórico porteño, con entradas por calles Blanco y Cochrane. Desde la firma, nacida en el Puerto en 1989 para prestar servicios de distribución de agua potable y tratamiento de aguas servidas en gran parte de la región de Valparaíso, explican que con el cambio buscan concentrar al equipo de funcionarios en un solo lugar, obtener mayor conectividad y espacios abiertos para fomentar el trabajo en red de todos sus colaboradores. El emplazamiento elegido sería una torre de oficinas ubicada en el vigoroso polo comercial de 15 Norte, en Viña del Mar, cuyo crecimiento en los últimos años ha ido en directa proporción al vaciamiento progresivo del plan de Valparaíso.

La partida de Esval se suma al éxodo de oficinas navieras, locales comerciales, franquicias gastronómicas y distribuidoras mayoristas. Esta sangría de activos económicos en Valparaíso siempre va precedida de la pérdida de habitantes. En busca de mejores perspectivas laborales, seguridad y acceso a buenos servicios, miles de porteños que residían en el casco histórico o el plan de la ciudad decidieron en las últimas décadas reubicar sus hogares en la zona de Placilla-Curauma o abandonar definitivamente la comuna para asentarse en una distinta, a menudo Casablanca, Viña del Mar, Quilpué o Villa Alemana.

Este vaciamiento habitacional y comercial de Valparaíso es ya de larga data y los urbanistas lo ponen al centro de todas las explicaciones sobre el deterioro urbano que sufre la ciudad en muchos de sus barrios históricos. Lo realmente grave y decepcionante es que no se aprecia en las autoridades comunales la urgencia de materializar los proyectos que existen para enfrentar este problema. Tampoco ayuda que el alcalde Jorge Sharp haya elegido al rubro inmobiliario como un pushing ball al cual golpear permanentemente con dudas, cuestionamientos y críticas. La reactivación del proceso de nuevo Plan Regulador Comunal abre una oportunidad para diseñar incentivos y medidas urbanas adecuadas para revertir esta situación, pero existe una duda: ¿Estará Sharp a la altura del desafío?

El 30 de septiembre el Gobierno ingresó al Congreso la Ley de Presupuestos 2024, superior a los US$ 92 mil millones. Pese a que esta tradición se repite año a año, cada discusión está marcada por un contexto económico, social y político particular, y esta no ha sido la excepción.

Chile vive una profunda crisis económica, debido a factores internos, como la inflación, el estancamiento de sectores productivos -generando pérdida de empleos y cierre de empresas- y la polarización política; sumado a causas externas, como conflictos armados y el fantasma de una recesión global. Las cifras en la Región de Valparaíso avalan lo anterior, con un desempleo que se eleva a un 9,4% y una actividad económica que se contrajo un 1,8% en el segundo trimestre de este año, según lo informado por el Banco Central. Pero pese a esto, el mayor énfasis del presupuesto 2024 está en el gasto público, con un incremento de un 3,5%.

Como Cámara Regional del Comercio, estamos conscientes de las necesidades que la ciudadanía posee, pero estas señales van por la vía opuesta a la austeridad, más aún cuando la posibilidad de que Chile alcance una deuda pública superior al 40% del PIB en 2024, cada vez es más factible. Asimismo, no existe un apoyo sostenido a las mipymes y se mantiene el subsidio por el incremento del sueldo mínimo a $500 mil, apoyo que a la luz del alza en los costos logísticos y de producción, es insuficiente. Tampoco hay iniciativas para promover la compra de viviendas, reactivando así la construcción, que registra las cifras de inversión más bajas en años, tras un 2022 que cerró con un retroceso cercano al 29% en esta actividad.

No hay anuncios que promuevan la contratación formal de trabajadores, ni para las empresas ni para las personas, fomentando la mantención de un mercado laboral deprimido. Tampoco se impulsa el comercio formal, afectando así las arcas fiscales en épocas donde, paradójicamente, el discurso gubernamental promueve el reforzamiento de un Estado que, además, necesita con urgencia una profunda modernización en diversas áreas, como la excesiva burocratización en proyectos de infraestructura que, de ejecutarse con celeridad, podrían ser un aporte significativo a la empleabilidad. En lo comunicacional, añoramos que el Gobierno pueda explicar con más énfasis cómo el erario fiscal contribuye al desarrollo de nuestra región, de tal forma que la discusión sobre menos o más asignaciones no se quede encapsulada en las élites políticas.

Desde nuestra asociación gremial, creemos que el Gobierno perdió una valiosa oportunidad de hacerse cargo de las necesidades de nuestra población de forma financieramente responsable, pero también de enviar una señal de que, como país, podemos retomar la senda del desarrollo. Sin embargo, todo quedó en un mero anuncio repleto de muchos gastos, pero con escasas inversiones, manteniendo así un clima de incertidumbre hacia el futuro.