La diputada de Convergencia Social (CS) por el Distrito 6, María Francisca Bello, coincide con Cuello en que "la derecha ha querido instalar el estallido como el estallido delictual". Por ello, considera "una verdadera lástima que las legítimas manifestaciones de descontento de la ciudadanía sean vistas de esa manera".

Para la parlamentaria, que el 18 de octubre de 2019 se enmarque de esa forma demuestra "que no hay realmente voluntad de avance si van a utilizar esos términos y se niegan a aceptar que durante el estallido sí hubo violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado, reconocidas hasta por la misma Cámara".

Bajo su mirada, "el estallido se origina como una respuesta a las tensiones acumuladas en el Chile posdictadura, donde se radicaliza un modelo neoliberal que profundiza la desigualdad y la segregación".

A su juicio, el ciclo permanece inconcluso y "a cuatro años de las marchas más masivas de la historia moderna en nuestro país, no hubo una sola respuesta estatal. Y ni el Consejo Constitucional actual ni la Convención pasada fueron una salida reconocida por la ciudadanía como la solución a las tensiones".

"malestar latente"

La idea de que el país está estancado desde ese momento, que las inquietudes sociales no se han resuelto y que incluso en términos económicos se evidencia un retroceso es compartida transversalmente por los parlamentarios.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) coincide "en que no hemos avanzado mucho en estos cuatro años pos estallido social. Un movimiento popular que levantó muchas demandas de cambios estructurales en distintas materias que, hasta el día de hoy, no hemos podido concretar".

En ese sentido, tiene la certeza de que "el malestar está latente, junto a una irritabilidad de la gente, el desencanto con el sistema político y la fragmentación que siguen presentes".

Lo importante para Latorre es recordar la fecha desde "aquella multitudinaria manifestación del 25 de octubre de 2019, donde millones de personas salieron a las calles de manera pacífica a pedir cambios profundos". El propio Sebastián Piñera, recordó, "en ese momento dijo que había escuchado al pueblo y que había que avanzar hacia un país más solidario y con más justicia social".

Sobres las salidas que se buscaron a la crisis, el legislador puso sobre la mesa "los dos procesos constituyentes que van y que no están generando unidad ni estabilidad, guiados por procesos electorales y con mirada muy de corto plazo".

"Los temas que a la ciudadanía le importan, en términos de mejorar las pensiones, la salud, la vivienda, la seguridad social, siguen pendientes", reflexionó.

"Un movimiento popular que levantó muchas demandas de cambios estructurales en distintas materias que, hasta el día de hoy, no hemos podido concretar".

Juan Ignacio Latorre, Senador (RD)

Sebastián Mejías O.

Tras dos meses de intensas manifestaciones afuera del edificio consistorial de Viña del Mar, de contar con apoyos en el Concejo y también en el Congreso, en el Comité de Vivienda Villa Dulce 2000 decidieron dar un paso judicial en sus expectativas por concretar el proyecto habitacional "Altos del Mar", hoy paralizado debido a acciones de la actual gestión municipal y de un movimiento ambiental que alega la presencia de un humedal, de nombre "Entre cerros", en los terrenos.

Precisamente el Comité Villa Dulce 2000 adquirió, hace más de veinte años, dichos terrenos. Justo ahora, cuando el Serviu había calificado positivamente el proyecto en base a antecedentes técnicos y administrativos, las obras se ven frenadas por acciones de la citada organización ambiental, movimiento que, según denuncian desde hace un par de meses las dirigentas del comité, contaría con el respaldo del municipio, pero también del Gobierno Regional, tal como lo denunció el diputado Andrés Longton (RN).

Reclamo en contraloría

El legislador llevó ayer un requerimiento ante la Contraloría Regional para que indague un financiamiento por $7 millones que el Gobierno Regional de Valparaíso le habría otorgado a una fundación de adultos mayores, con el objetivo de realizar acciones de intervención, de la mano del grupo medioambiental "Entre cerros", en los terrenos de propiedad del Comité Villa Dulce 2000. En tanto, las dirigentas llevaron el caso a Fiscalía para pedir que se investigue judicialmente este traspaso de fondos públicos que tendría como objetivo permitir la intervención de una propiedad privada.

Según Longton, "esta organización medioambiental no solamente invade ilegalmente un terreno privado, propiedad del comité, y se queda dentro de él de forma permanente rompiendo los cercos, sino que, además, se adjudica recursos públicos del Gore para realizar paseos dentro del terreno privado".

"Es como si me metiera a la casa de los ambientalistas de manera ilegal y con recursos públicos me financien esos ingresos ilegales", reclamó Longton, acusando que estamos frente a un caso que es "lo más cercano a una usurpación financiada con recurso públicos".

A juicio del diputado, esta entrega de recursos indicaría que "el fin medioambiental que apunta a la existencia de un humedal urbano -que ha sido negado por los organismos competentes- no tiene una preocupación real por el medioambiente, sino un fin oneroso, de hacerse con recursos públicos dentro de un terreno privado".

Asimismo, para conseguir los $7 millones del Gore, denunció Longton, "ocuparon la personalidad jurídica de una fundación para adultos mayores que funciona en Olmué".

"situaciones extrañas"

Además, a propósito de los reclamos del comité acerca del vínculo entre el municipio y el movimiento "Entre cerros", que sería la clave de la paralización del proyecto, Longton deslizó "que al parecer, parte importante de esta organización medioambiental estaría trabajando en el municipio de Viña del Mar", una "situación que es necesario clarificar", recalcó.

Tal situación, a juicio de la dirigenta del Comité interviniente, Virginia Malermo, es "tan extraña y sin un explicación clara", por lo cual iniciaron acciones en la Fiscalía para que se investigue.

Cree que mientras "el municipio ampara a estos activistas, el Gobierno Regional les autoriza proyectos sin ningún sustento para hacerlo, en un caso parecido a lo que ocurrió con Camila Polizzi y el Gore del Biobío, donde 'Entre cerros' utiliza a una fundación de beneficencia para adultos mayores para comprar pintura y materiales de propaganda".

Estos elementos, según la denuncia, serán utilizados por la agrupación para realizar actividades en el terreno propiedad del Comité.

En ese sentido, Virginia Malermo también apunta contra, "al menos dos funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar que recibieron fondos del Gore" como activistas de la organización "Entre cerros".

Se han manifestado contra el municipio, pero este "no ha sido contundente en este tema, sentándose en la misma mesa con activistas contratados por ellos", dijo.

"esto no es un reality"

Consultado sobre el reclamo interpuesto en la Contraloría por los $7 millones que el Gore le adjudicó a "Entre cerros" y las acciones del Comité, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, le recordó al diputado Longton que "esto no es un reality y que el proyecto al cual él hace alusión se presenta en el marco del fondo concursable del 8% del FNDR, donde hemos recibido 1.543 postulaciones y hemos financiado 593 proyectos".

Dejó en claro que la crítica del parlamentario apunta contra un proyecto "que fue presentado por la organización de Beneficencia Pública Adultos Mayores de Chile, que entró en el fondo ambiental del 8%, que tiene como finalidad el que la comunidad tome conciencia sobre los humedales, en particular uno que se encuentra en Villa Dulce".

Mundaca subrayó que "acá no existe ninguna irregularidad- como mencionó el diputado Longton, sino que esto fue un fondo concursable apreciado por todas las comunidades".

"Estamos frente a un caso lo más cercano a una usurpación financiada con recurso públicos".

Andrés Longton, Diputado (RN)

"Mientras el municipio ampara a estos activistas, el Gore les autoriza proyectos sin ningún sustento, en un caso parecido a lo que ocurrió con Camila Polizzi y el Gore del Biobío".

Virginia Malermo, Comité Villa Dulce 2000