A la luz de los cuestionamientos surgidos contra los directores de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar y Concón, por la aprobación de proyectos inmobiliarios sobre el campo dunar que se ubica en el límite ente ambas comunas, un grupo de senadores, encabezados por el DC Iván Flores, pidió al Gobierno que envíe un proyecto de ley para modificar el sistema de nombramiento de estas autoridades. La idea apunta a darle mayor transparencia a la elección de un director de Obras con un proceso por Alta Dirección Pública, que tenga una convocatoria abierta y regida por reglas conocidas por todos los interesados. Además, los senadores plantean que la designación en el cargo tenga una vigencia de 10 años, lo que evitaría la eternización vista en varias comunas del país, e incorpora un nuevo sistema para la remoción del DOM, en el que interviene el Concejo Municipal, que podrá cesar al director de su cargo con la aprobación de los dos tercios de los ediles electos.

Todas estas ideas son valorables y pertinentes para perfeccionar el control de un cargo que es fundamental para el desarrollo urbano de las comunas.

Sin embargo, hay un par de elementos que el Ejecutivo haría bien en considerar antes de enviar el proyecto de ley que piden los senadores. El problema central de todos los directores de Obras del país es su doble dependencia administrativa. Como un funcionario más del municipio, dependen jerárquicamente del alcalde de turno y reciben de la autoridad comunal las evaluaciones, sanciones y presupuestos correspondientes a cada año. Sin embargo, las decisiones técnicas de toda DOM están bajo la supervisión de las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo, es decir, bajo una autoridad totalmente distinta, con un criterio asociado a la Ley General de Urbanismo y un enfoque político que puede ser similar o diferir totalmente al que tiene el alcalde. Cualquier intento serio para mejorar la situación actual de las direcciones de Obras Municipales debe arriesgarse a desatar este nudo que termina enredando proyectos y anhelos ciudadanos.

Había finalizado una clase en Santiago y me dispuse a tomar el metro, el que se detuvo una estación posterior a Baquedano. Ahí nos avisaron que por motivos de seguridad estaríamos detenidos debido a que un grupo de jóvenes estaba sentado en la orilla de la línea. Comenzaba el estallido.

En medio de incendios y saqueos, las noticias mostraban a una mujer parada al lado de su automóvil, llorando y sin soltar la puerta, intentando "bailar" para complacer a quienes bloqueaban su paso. La violencia se instauró y justificó. Una turba casi llegó a La Moneda, situación que hoy día se reconoce como un intento de golpe de Estado no tradicional.

Se instauró la idea de una nueva Constitución, algo que no había estado en la agenda, dando paso a un proceso que terminó en una Constitución que Guillermo Teillier calificó como "un texto completo. Es muy difícil desmenuzarlo en sus partes, porque es un texto completo (…) muy positivo". No obstante, la propuesta fue ampliamente rechazada el 4 de septiembre del 2022, fecha en la que finalizó, por fin, el estallido.

La primera lección del estallido es condenar la violencia. Quienes la justifican son contrarios al pluralismo, los pensamientos divergentes y la democracia. Los intolerantes al pensamiento contrario justificarán siempre el imponer su visión de vida a quien piense diferente.

La segunda lección está en lo fácil que es instaurar falacias a través de minutas que coordinan un eslogan que se emiten cual canción y que va quedando en el discurso colectivo, como por ejemplo que el problema es el capitalismo, omitiendo que lo contrario es un Estado omnipresente; o que "fueron 30 años" -de constante prosperidad- que la izquierda democrática decidió no defender, o que el problema es el neoliberalismo sin saber qué es, etc.

Tercera lección: Chile no era perfecto, pero era mucho mejor de lo que es ahora y de cómo se proyecta. Muchos esperamos retomar la senda; no obstante, el daño causado tomará décadas para revertirlo.

Este año los intereses de la deuda pública serán equivalentes a otorgar casi un millón de PGU mensuales; la deuda del Estado va creciendo al alero de la falta de crecimiento. En el Chile neoliberal del año 2000 éramos acreedores netos, es decir, nos debían dinero, pero hoy debemos más del 40% del PIB y esa deuda seguirá en aumento. El Estado crece en contrataciones, indolente a la crisis en seguridad, salud, educación y vivienda.

El 25 de octubre de 2019 hubo una marcha masiva y apolítica, pero ella quedó relegada a un segundo plano, incomprendida y borrada de la historia por el octubrismo que instauró la falacia que la indignación y el clamor -aún vigentes- eran el llamado ciudadano a instaurar una ideología de extrema izquierda. Los datos matan al relato octubrista que nos ha hecho retroceder 30 años en civilidad y más de 10 años en materia económica, dejando al descubierto la tercera lección que dejó el estallido: no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos.