Convocados por la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio (CPC), un centenar de empresarios se reunió esta semana en la sede de Inacap, en Valparaíso, para analizar los problemas más acuciantes de la economía y construir una agenda común que permita destrabar los proyectos congelados durante tanto tiempo debido a la escasez de recursos, reactivar las iniciativas frenadas por la falta de permisos y recuperar el ritmo de crecimiento y creación de empleos que le permitieron a la zona mejorar muchos de sus indicadores en el periodo anterior al estallido social.

El mensaje que surgió del encuentro es claro: la articulación de los gremios productivos en torno a una serie de objetivos en común permitirá al sector privado tener una interlocución clara e influyente ante las autoridades que deben abordar temas como los atrasos en la tramitación de proyectos, la falta de seguridad que aleja al comercio de algunos barrios emblemáticos, el negocio ambulante que llena las calles de muchas comunas y la necesidad de apurar el desarrollo de infraestructura pública indispensable para gatillar nuevas inversiones y negocios, como ocurre en el ámbito portuario.

Con todo lo valiosas que son este tipo de instancias, su impacto en el largo plazo dependerá de la capacidad de los gremios empresariales para cultivar y sostener instancias de colaboración que, junto con un diagnóstico, puedan hacer propuestas de política pública regional, guiar decisiones y establecer marcos de resultados que vayan en beneficio del conjunto de la sociedad. Al comprensible retraimiento que tuvo el sector privado durante y después del estallido del 18 de octubre de 2019, debe seguir una presencia más intensa en el ámbito público, para que el conjunto de la sociedad revalore el rol del emprendimiento y sus beneficios. En este proceso, también la autoridad pública tiene una misión: la de abrir espacios de diálogo y vinculación sin restricciones ideológicas sin sentido.

Cuando iniciamos el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, nos propusimos una meta, trabajar por generar barrios y viviendas de calidad, justas y dignas para todas y todos. Es así como se origina el Plan de Emergencia Habitacional que ha impulsado el ministro Carlos Montes, como una respuesta frente a la evidente crisis en materia de vivienda que estamos viviendo como sociedad y que nos llevó a replantearnos los mecanismos que tiene el Estado para acceder a una vivienda definitiva, los cuales están radicados en el tiempo de espera y la escaza oferta habitacional que estaba entregando el ministerio en relación al déficit existente.

Ha transcurrido más de un año de gestión y podemos decir que el Minvu en la Región de Valparaíso está recuperando su capacidad productiva; esto, considerando que la tasa de entrega mensual de viviendas construidas muestra una tendencia al alza, registrándose a agosto de 2023 un total de 8.148 viviendas entregadas, avance que se complementa con las 15.481 viviendas en construcción y 5.666 por iniciar ejecución, registrándose en 26% de avance de la meta propuesta de 31.246 para el término del gobierno.

Junto con adquirir más de 13 mil millones de pesos para robustecer nuestro banco de suelos, hemos implementado distintas líneas de acción que hablan de diversificar las formas de acceder a la vivienda, los terrenos deben cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad. Asimismo, estamos desarrollando con fuerza la línea de Vivienda Industrializada, que busca hacer más eficiente la construcción. Impulsamos el programa de Vivienda para Organizaciones de Trabajadores, donde hacemos un llamado a que sean más los empleadores que se sumen a este proyecto. En esta misma línea surge el Arriendo a Precio Justo, con la creación de un parque masivo de vivienda pública destinada a quienes buscan ahorrar para luego ser propietarios, donde ya han postulado cuatro comunas.

Queremos recalcar que la territorialidad ha sido uno de los ámbitos fundamentales en la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional, pues con ello materializamos el compromiso de acción en todas las comunas de la región, por muy apartadas que se encuentren desde el punto de vista geográfico.

Sin embargo, queda aún una tarea ardua, y esta cifra sólo será posible si trabajamos como ha sido hasta ahora, en unidad y poniendo en el centro la vivienda como un derecho social que debemos consagrar en conjunto: Consolidando las alianzas con organismos públicos y privados, con la industria de la construcción, la academia, las empresas de servicio y, por sobre todo, con la comunidad organizada.

En el Minvu seguimos construyendo cambios, desde cosas concretas, como lo es la construcción de una vivienda, de un condominio o de una plaza; hasta el cambio emocional, como lo es cumplir el sueño de una casa, uniendo a la familia, recuperando la vida de barrio, la vida en comunidad, mejorando la calidad de vida de todas y todos.