Una revisión rápida a las estadísticas del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros con respecto a Viña del Mar muestran un aumento significativo en varios delitos. Los robos en general se incrementaron en un 41% en la jurisdicción de la Primera Comisaría, que vigila el centro de la ciudad y el borde costero, fenómeno dentro del cual llaman poderosamente la atención las alzas de 122% en los robos de especies dentro de vehículos y de 27% en los robos con violencia, lo que configura una situación delicada y urgente de abordar para una zona geográfica de evidente vocación turística.

Las cifras son igual de preocupantes en Valparaíso, donde el reporte de la Segunda Comisaría Central da cuenta de incrementos de 51% en los robos con violencia y de 25% en los robos por sorpresa, los conocidos lanzazos. Quilpué presenta totales mucho más moderados, de acuerdo a la estadística que entrega la Segunda Comisaría local de Carabineros, pero los incrementos de dos dígitos para los robos con violencia, con intimidación y por sorpresa, revelan un complejo escenario de seguridad pública que debe llamar la atención de todas las autoridades.

Las conclusiones de este recuento superficial son que el Gobierno debe redefinir las medidas adoptadas en el plan Calles sin Violencia, que se aplica en las tres comunas descritas, porque las cifras policiales desmienten las cuentas alegres prematuras y se hace urgente que la reflexión incluya a las mismas personas encargadas de materializar el conjunto de acciones que se presentó a la ciudadanía como un sólido plan de seguridad pública. Esta dosis de autocrítica se hace necesaria con particular urgencia en este periodo intermedio, en que aumentan las compras de fin de año en los centros de comercio detallista de todas las comunas, para que cualquier nueva medida esté en pleno desarrollo una vez que aterricen en la zona los turistas.

Hace unas semanas, y en medio de la problemática de violencia en recintos educacionales, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, afirmó que los incidentes violentos en establecimientos de su comuna son "hechos aislados" y "menos continuos en el tiempo, pero además (realizados) por un grupo muy acotado de personas". No obstante, el Informe Anual de 2022 la Superintendencia de Educación ha revelado un inquietante incremento en la incidencia de violencia en entornos escolares y el ciberacoso, con un aumento significativo en el número de denuncias, pasando de 14 a 26 por cada 100 denuncias de maltrato. En el contexto chileno, este aumento representa un preocupante 40% en comparación con períodos anteriores.

Durante los primeros seis meses de 2022 se registraron 2.968 denuncias relacionadas con actos violentos en el interior de escuelas, lo que representa un incremento de aproximadamente 6% en comparación con el mismo período de 2019. Por otro lado, un estudio realizado por Acción Educar ha revelado que casi el 70% de los encuestados identifica la violencia entre estudiantes como el principal problema de convivencia en las instituciones educativas.

Estas estadísticas contradicen las afirmaciones de la alcaldesa capitalina, destacando la urgente necesidad de abordar este problema, que se viene manifestando durante años bajo la excusa de las movilizaciones estudiantiles y se ha agravado después de la pandemia. Este fenómeno no sólo afecta a los estudiantes, sino también a todo el personal de las escuelas, incluyendo a los docentes y funcionarios. Se debe recordar que el 25 de septiembre, un inspector del liceo de Aplicación, en la comuna de Santiago, fue rociado con combustible durante violentos incidentes. No es primera vez que ocurren este tipo de hechos.

Recientemente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló a favor del Colegio Salesiano, que implementó detectores de metales para prevenir la entrada de armas por parte de sus estudiantes. Esto demuestra que la violencia estudiantil no se limita únicamente a Santiago, sino que es un problema de alcance nacional que requiere atención urgente. En este contexto, las declaraciones de la alcaldesa capitalina parecen carecer de fundamentos objetivos, especialmente a la luz de su propio historial político, que está directamente relacionado con las protestas estudiantiles de 2011, donde el vandalismo estudiantil se fue haciendo una mala costumbre.

Es hora de que las autoridades asuman la gravedad de la situación a nivel educativo y tomen medidas serias para garantizar la seguridad dentro y fuera de las instituciones educativas. La violencia en los colegios nunca debió ser tolerada, menos aún en nombre de la educación. Hoy esta está peor que antes. Ignorar esta realidad sólo perpetúa el problema y profundiza una crisis educativa que echa por la borda el futuro de varias generaciones.