Con sus trece años de cierre obligado debido a los daños que sufrió por el terremoto de 2010, sus obras en permanente controversia, las suspensiones interminables y las licitaciones fracasadas, la recuperación del Teatro Municipal de Viña del Mar, cuya reapertura fue anunciada esta semana por la alcaldesa Macarena Ripamonti y la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, se eleva como un caso paradigmático de las dificultades que tiene el Estado -sus municipios y gobiernos- para resolver a tiempo los problemas de infraestructura urbana.

El rastro de las incompetencias que mantuvieron cerrado más de una década el principal escenario viñamarino no debe quedar en el olvido, sino convertirse en ejemplo del tipo de afrenta pública que nunca más debe repetirse. El daño al patrimonio artístico viñamarino queda sólo parcialmente saldado con el término de las obras de reconstrucción y la reanudación de funciones, porque en la práctica, los trece años cerrado representaron un retroceso de Viña del Mar en el desarrollo de las numerosas actividades artísticas que usan el escenario del Municipal como principal centro de expresión y su rol insustituible como centro de eventos para la comunidad viñamarina nunca pudo ser cubierto en todo este periodo.

Por ello, tan importante como la recuperación física de la infraestructura es la reconstitución del tejido organizacional que le da vida al teatro. Nuevo como está, su administración debe estar a la altura de sus capacidades tecnológicas y dar vida a una cartelera de actividades que tenga la potencia de irrumpir con fuerza en el alicaído ambiente cultural de la ciudad. Más aún, porque el Teatro Municipal de Viña del Mar debe ser la pieza central de cualquier intento por recuperar el casco histórico de la comuna para beneficio de todos sus habitantes. En esas circunstancias, el desafío para la alcaldesa Ripamonti y su equipo no termina el 1 de diciembre con el acto de reapertura, sino que apenas comienza.

Recientemente, el Congreso Nacional ha aprobado una importante reforma para el ámbito educativo. El fin de la denominada doble evaluación docente viene a articular y consolidar el sistema de reconocimiento y promoción de la profesión docente en un único sistema de evaluación, fortaleciendo aspectos como la inducción y acompañamiento para profesionales de la educación y el alineamiento de prácticas evaluativas. Con ello se espera fortalecer la calidad, transparencia y justicia educativa, focalizando en un área sensible como es la evaluación educacional.

Esta iniciativa legal debiese tener un fuerte impacto no sólo en el gremio profesional, sino más bien su impacto más profundo debiese estar centrado en el aprendizaje de las comunidades escolares y, por cierto, en nuestros y nuestras estudiantes. De igual modo, podría ser una medida que logre frenar la carencia de profesores y profesoras en el mundo, donde según recientes datos de la Unesco 2023, se necesitan 44 millones de docentes, incluido nuestro país, donde la crisis es también evidente.

En definitiva, con estos antecedentes se está lejos de poder lograr los objetivos educativos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las razones de este déficit han sido suficientemente reportadas por estudios y por la literatura (baja motivación por estudiar pedagogía y retención de docentes idóneos para un sistema escolar cada vez más complejo, condiciones laborales-administrativas poco atractivas, altos niveles de estrés docente, entre otros aspectos).

En este marco, de diagnósticos ya conocidos, interesa conciliar técnicamente cuáles serán las mejores estrategias para abordar el problema desde una perspectiva integral. Al respecto, la Unesco propone siete recomendaciones posibles que es imperativo abordarlas con celeridad y como país en su conjunto (fortalecer la profesión inicial docente, programas de mentoría, salarios competitivos, revisar el exceso de tareas administrativas para centrarse en el aprendizaje, equilibrio entre lo laboral y personal, fortalecer el liderazgo escolar, etc.).

Como educadores -desde una visión formadora y ciudadana- interesa relevar la necesidad de contar con profesionales idóneos para cubrir las necesidades de educación para el actual y futuro escenario formador de miles de estudiantes, entendiendo que la razón de esta escasez docente es de múltiples explicaciones, pero que deben ser abordadas desde una perspectiva integradora. Con todo, se requiere arbitrar medidas prioritarias: mejorar la atracción hacia la profesión a través de la implementación de sistemas de ingreso selectivos pero flexibles que, efectivamente, diversifiquen el ingreso a las carreras de pedagogía y generar estrategias efectivas para atraer y retener a docentes para el sistema escolar. En este ámbito, la reciente ley que pone fin a la doble evaluación docente podría ser una ruta a seguir.