Cristián Rojas M.

Desde el jueves 26 de octubre, los 1.700 trabajadores del Servicio del Patrimonio están paralizados a nivel nacional, de los cuales 115 son de la Región de Valparaíso. Varios de ellos se manifestaron ayer en el frontis del edificio del Ministerio de las Culturas, en la Plaza Sotomayor.

A través de un comunicado, las asociaciones gremiales Anfupatrimonio y Anatrap expusieron que "este lunes 30 de octubre nos hemos reunido con la ministra Carolina Arredondo Marzán; subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari; la directora del Servicio del Patrimonio, Nélida Pozo Kudo, directorios nacionales de asociaciones y el presidente nacional de la ANEF José Pérez, para conocer contrapropuesta a nuestras demandas. A pesar de los buenos oficios y voluntades manifestadas por nuestras autoridades, no se presentaron mayores avances".

En ese contexto, agregaron, "como Asociaciones Nacionales de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Anfupatrimonio y Anatrap, seguiremos desplegando todas nuestras herramientas de negociación y acciones necesarias para exigir el respeto a los acuerdos y la dignidad de más de 1.700 funcionarias y funcionarios que merecen aspirar a una carrera funcionaria y a mejoramientos en sus remuneraciones, que reconozcan el esfuerzo de haber solventado por años una institución que se mueve principalmente por el compromiso y motivación de sus trabajadores y al servicio de las comunidades y sus territorios".

Dirigentes locales

Ayer, en Valparaíso, Alexis Antinao, dirigente de Anfupatrimonio, explicó que "este nudo crítico que hay hoy día pasa directamente por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda" y las diferencias radican principalmente en "los montos y los grados", dado que su principal demanda es "el aumento de los grados más bajos", lo que implicaría un desembolso anual para el Estado de 220 millones de pesos.

Recordó que "se han firmado acuerdos de parte de los dos exministros de esta cartera, que era la ministra Brodsky y el ministro De Aguirre, y eso se está desconociendo".

El dirigente precisó que a raíz de la movilización están cerrados recintos como la Biblioteca Santiago Severin y el Museo de Historia Natural, en Valparaíso, y el Museo de Rapa Nui.

Por otro lado, Antinao puntualizó que "aquí hay una responsabilidad del gobierno anterior en esto, ya que, por ejemplo, en el tema de la instalación del Ministerio y del Servicio fundamentalmente, en cuatro años del Gobierno de Piñera solamente se instaló un 28% del servicio".

Por su parte, Silvia Jorquera, dirigenta de Anatrap y funcionaria de la Biblioteca Severin, expuso que en dicho recinto "hay un déficit de funcionarios del 50%, lo que está llevando a una crisis extrema, funcionarios con licencias médicas personas muy mayores la mayoría, que no dan abasto para los servicios, se tienen que cerrar salas, suspender las atenciones porque no tenemos el personal".

"Se han firmado acuerdos de parte de los dos exministros de esta cartera, y eso se está desconociendo".

Alexis Antinao, Dirigente de Anfupatrimonio

Fuertes críticas suscitó en la red social X un video publicado por la cuenta @EJavierSpz, donde se registró a la jueza del 4° Juzgado Civil de Valparaíso, Carmen Gloria Vargas, estacionando su vehículo en un lugar prohibido en un centro comercial de Concón.

La situación causó indignación de una de las testigos del hecho, quien al percatarse de que el vehículo tenía una placa que lo identificaba con el Poder Judicial, decidió grabar y se acercó a la magistrada para buscar explicaciones.

"¿Por qué usted cree que con sus condiciones de jueza tiene la atribución de estacionar un vehículo en un lugar que dice no estacionar en toda la cuadra, si usted es justamente la persona que tiene que entregar justicia en el país?", le preguntó a la jueza, quien justificó la acción explicando que "lo habían hecho más personas y me iba a demorar poco. Por eso lo hice".

Este Diario contactó a la Asociación Nacional de Magistradas y la Corte de Apelaciones de Valparaíso; sin embargo, ambas entidades declinaron referirse al caso.

Por los delitos de violación impropia, abuso sexual impropio, producción de material pornográfico infantil y almacenamiento de material pornográfico infantil perpetrados contra tres menores de edad, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a 20 años de presidio al imputado individualizado con las iniciales E.I.F.A., quien cometió estos ilícitos en Placilla, parte alta de la Ciudad Puerto, entre los años 2020 y 2022.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó prueba testimonial, pericial, documental y otros medios para poder acreditar los delitos, proceso en el que también se utilizó la entrevista investigativa respecto a alguno de los hechos y se intentó exponer el daño causado a los menores, su familia y entorno.

Material incautado

El fiscal especializado en delitos sexuales, Álvaro Mansilla, informó en juicio que "a raíz de una orden de entrada, registro e incautación, otorgada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, personal del Cibercrimen incautó un teléfono celular y un notebook, que en su interior posee un disco duro propiedad del imputado. En dichos aparatos se encontró, maliciosamente almacenado, material pornográfico infantil, que consistía básicamente en imágenes y videos de menores realizando actividades sexualizadas explícitas".

En su sentencia, el tribunal, constituido por los magistrados Ángela Carrasco, en calidad de presidenta de la sala, Maureen Darrouy y Williams Vilches, consignó que "para los efectos de la pena precisa a imponer, el tribunal tendrá presente lo dispuesto por el artículo 69 del Código Penal, considerando que la extensión del mal causado por los diversos delitos cometidos por el acusado puede estimarse como grave, y por ello el tribunal le impondrá en definitiva la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Y el tribunal considera grave el daño causado con los delitos cometidos por el acusado, especialmente el daño proveniente de aquellos perpetrados en contra de la menor A.".

Con respecto a la sentencia, el fiscal Mansilla subrayó que "en juicio pudieron referir gran parte de los hechos por los cuales se acusa al imputado", por lo que "es sumamente relevante no sólo la condena, sino el hecho que el tribunal consideró legal la información que entregó una ONG de Estados Unidos a nuestra policía. Ello es absolutamente novedoso en nuestra jurisprudencia, que siempre exige autorización judicial".

"Se encontró, maliciosamente almacenado, material pornográfico infantil, que consistía básicamente en imágenes y videos".

Álvaro Mansilla, Fiscal de Valparaíso