Con 277 mil pacientes pendientes de recibir una prestación médica en el sistema público, la Región de Valparaíso presenta una de las situaciones por listas de espera más críticas a nivel país, de acuerdo al segundo informe cuatrimestral del Ministerio de Salud. La cifra representa un aumento de 12.5% desde marzo de 2022 y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, con 166 mil pacientes, acumula la mayor cifra de casos sin resolver. El problema es grave porque cada una de esas 277 mil personas representa una situación familiar dramática, el calvario personal de un enfermo que necesita la atención de un especialista o el sufrimiento de un paciente que requiere una intervención con rapidez. La falta de médicos disponibles, la infraestructura deficiente y la poca coordinación entre el sector público y privado para gestionar las soluciones que se necesitan son todas causas que desde hace muchos años gatillan el engrosamiento de las listas de espera y se vieron aumentadas durante la pandemia, que paralizó atenciones y operaciones que no fueran urgentes.

Para enfrentar esta verdadera emergencia sanitaria, el Gobierno contempla invertir cerca de $ 75 mil millones el próximo año en la zona, algo así como $ 275 mil por paciente pendiente, una cifra que es insuficiente y deja en evidencia la magnitud del esfuerzo que debe hacer el Estado para enfrentar el dilema de las listas de espera. Profundizar el actual plan, que incluye compra de servicios en el sistema privado, extender el horario de atención de los pabelllones quirúrgicos y transparentar la información para mejorar la coordinación entre servicios, es una acción loable, pero poco puede significar en un tema que se incrementa en cifras monstruosas cada día. Aquí se requiere una intervención mayor, que destine recursos, especialistas y un equipo administrativo con dedicación exclusiva, que permita a los pacientes albergar una esperanza de que su caso será atendido pronto.

Es indudable que el crecimiento, desarrollo y productividad de los países se estimulan y aceleran con inversiones en ciencia y tecnología. Los más prósperos y con mayor potencial de producción de riquezas son aquellos que invierten precisamente en esta actividad. Las cifras del Banco Mundial indican que los diez países con mayor inversión en C&T corresponden a Israel, con un 5,4% del PIB en 2020; República de Corea, con un 4,8%, Suecia, Bélgica, Estados Unidos, Japón, Austria y Alemania, consecutivamente, todos superando el 3%, considerándose también Dinamarca y Finlandia, que bordean esfuerzos en torno a esta última cifra. Todos estos países son desarrollados. En contraste, Chile se repliega con una inversión que alcanzó el 0,34% del Producto Interno Bruto en 2020, cifra que ha tenido reducidas variaciones desde la década del 2000.

El que se realicen investigaciones científicas tecnológicas en nuestro país no es garantía de avances si el nuevo conocimiento generado no se materializa en aplicaciones concretas, en forma de nuevos productos o nuevos procesos productivos. Existen salvedades, pero es frecuente que en nuestro país las empresas tengan poco incorporada la inversión en innovación en sus planes estratégicos. Se prefiere la integración y el empleo de tecnologías preexistentes, probablemente por la aversión al riesgo que implican los proyectos que tendrán resultados sólo en el mediano y largo plazo.

Lo cierto es que la mayoría de las empresas chilenas experimentan imposibilidades para poder invertir en la creación de departamentos de Investigación & Desarrollo con personal exclusivamente dedicado a esta función, sobre todo considerando que se requieren equipamientos especializados de alto costo y profesionales.

Es así como se visualiza la oportunidad de disponer en Chile de centros de desarrollo y diseño de productos en la línea específica del diseño industrial, dotados de equipamiento, operaciones y competencias profesionales concebidas para atender requerimientos de conceptualización, diseño, prototipaje de productos y adaptados a las posibilidades de industrialización. Centros de esta clase permitirían a las empresas tercerizar esta función, teniendo alcance a capacidades de innovación a través de prestaciones de servicios. Sería una forma de reducir riesgos en las empresas que deseen incorporar investigación y desarrollo tecnológico en sus desempeños.

La Región de Valparaíso cuenta con connotadas capacidades científicas, emprendedoras y empresariales para sustentar también la creación de capacidades de desarrollo y diseño de productos, enfatizando esta función al igual que lo hace Corea del Sur, por ejemplo, país que ofrece diversos productos de diseño de clase mundial, como los automotrices. Podría generarse una alianza público-privada asociada con universidades y centros científicos disponibles para ofrecer en la industria sus patentes de invenciones industriales para la invención de productos novedosos. La creación de centros de diseño industrial, fortaleciendo la unión de estas capacidades, permitiría aumentar la fluidez de la transferencia tecnológica local. Las condiciones están dadas para fortalecer el camino tendiente a consolidar la identidad del diseño industrial en Valparaíso.