Sebastián Mejías O.

Las 30 mil personas que asistieron al Festival Popular de Valparaíso dejaron cuentas alegres en la municipalidad porteña, que como organizadora apela al bienestar social y al desarrollo económico local que generó el evento. Sin embargo, surgieron detractores de la iniciativa que cuestionan el gasto de $123 millones en una ciudad que tiene falencias en distintas áreas y critican el uso de tratos directos -"a dedo"-, sin procesos de licitación públicos, para distintos contratos de la actividad.

Para Boris Kúleba, dirigente social de la comuna, se trató de "un despilfarro de una importante cifra en un evento que no fue más que una acción populista de una municipalidad que se convirtió en una productora de eventos con fines electorales". Es decir, agregó, mientras "el Gobierno de Estados Unidos alerta por las condiciones de seguridad de Valparaíso, mientras hay un mal estado de la calle Condell, del sitio del Patrimonio que se cae a pedazos, el alcalde prefiere hacer este tipo de gastos multimillonarios".

Kúleba pone en duda, además, un evento que "fue realizado con escasos niveles de transparencia, con pocas licitaciones y muchos tratos directo". En total, casi 74 de los 123 millones de pesos que costó el festival fueron asignados vía trato directo, mientras que los servicios de producción, guardias y baños fueron los únicos contratados por licitación.

Crítico de la administración, el concejal Dante Iturrieta (UDI) contó una situación que consideró "lamentable, en la que el Concejo Municipal no se enteró finalmente del costo total del Festival Popular". Si bien explicó "que aprobaron una licitación por $38 millones y fracción para infraestructura, criticó que el municipio no entregara la cifra final del gasto por contratación de artistas y otros".

Fueron más de $120 millones que, a su juicio, se contradicen con las "necesidades de la ciudad que hoy no dan para gastar esa suma de millones de pesos en dos días, pensando, además, que hubo que suspender uno de ellos por lluvia".

Para el diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano), el foco debería estar en "lo preocupante que es que el alcalde se gaste todo el presupuesto de la municipalidad en pagarle sueldos altísimos a sus amigos en estos festivales, estos espectáculos que no aportan en nada a la recuperación de la ciudad".

"Necesitamos que el alcalde Sharp ordene la casa de una buena vez. Ya va a cumplir ocho años al mando de la ciudad y hoy día la está dejando peor que como la recibió. Con ese legado, ¿cómo pretende reelegirse una vez más?", se preguntó el parlamentario.

Reactivar el turismo

Como encargado de la Dirección de Cultura del municipio, Sebastián Redolés respondió a quienes se instalan como detractores de iniciativas de esta naturaleza, señalando "que invertir en cultura es a la vez invertir en bienestar social, en seguridad comunitaria, en desarrollo económico local, con perspectiva de mediano y largo plazo".

En ese sentido, recordó que, entre otras cosas, "Valparaíso es capital cultural del país, siendo esta una de sus vocaciones de mayor relieve".

De ahí que el diputado comunista Luis Cuello considere que estamos frente a "una gran iniciativa", insistiendo en que "Valparaíso es una ciudad que siempre se ha caracterizado por su vida cultural".

"Acercar la música a los porteños y porteñas tiene un valor en sí mismo y, además, contribuye a potenciar y reactivar el turismo y los negocios locales", aseguró el legislador, para quien "eventos como estos le dan vida a la ciudad".

Por su parte, el concejal Vladimir Valenzuela ve al "Festival Popular como una celebración cultural para Valparaíso, como declaratoria de ciudad musical que, se ha demostrado, tiene un impacto positivo en la economía local, el turismo y la ocupación hotelera, donde artistas de la ciudad y nacionales de primer nivel son disfrutados por las familias porteñas y turistas".

Este edil esperaría incluso que festivales de este tipo pudieran "contar con más recursos públicos y privados como ocurre con REC, en Concepción, porque los beneficios serían mayores para una ciudad que se fortalece con eventos como este".

Múltiples necesidades

Sobre las dudas a cómo se invirtieron los recursos, la concejala Camila Nieto (CS) asegura que los procesos se cumplieron y que "pasó por el Concejo la producción del evento". Mientras que "no fue igual con las contrataciones y los pagos que se hicieron a animadores y artistas, ya que eso es otra modalidad que no hace exigible que pase por los concejales".

Para Nieto no "se debe empañar una actividad que es para la gente de Valparaíso indicando que no se debería hacer o argumento que los recursos deberían ir a otras prioridades". "Valparaíso tiene múltiples necesidades y esta es una de ellas", aseguró.

"Acercar la música a los porteños y porteñas tiene un valor en sí mismo y, además, contribuye a reactivar el turismo".

Luis Cuello, Diputado (PC)

"Es preocupante que el alcalde se gaste todo el presupuesto en estos festivales que no aportan en nada".

Luis Fernando Sánchez, Diputado (Partido Republicano)

El alcalde de La Calera, Johnny Piraino, es investigado por una supuesta malversación de caudales públicos, luego de, aparentemente, usar una retroexcavadora municipal y un camión aljibe en su parcela. A raíz de esto, la Fiscalía ya instruyó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) para que realice una incautación de documentos en la municipalidad.

Las diligencias fueron encargadas por la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) y pretenden esclarecer si el jefe comunal efectivamente usó los bienes públicos para sus actividades personales. Estas medidas surgen a partir de un correo denuncia enviado por un vecino de la comuna a la Fiscalía, en abril de este año.

El caso salió a la luz pública luego de unas fotografías difundidas en redes sociales hace unos meses, donde se veía la supuesta maquinaria en cuestión dentro de la parcela del alcalde calerano. Estas imágenes fueron vistas por el concejal Juan Carlos Reyes (DC), quien rápidamente tomó acción sobre este tema.

"Hice una consulta al contralor municipal por este asunto; sin embargo, nunca recibí una respuesta formal. Luego de esto, en Concejo Municipal solicité la hoja de ruta de las maquinarias y tampoco me respondieron. Es por esto que seguí el conducto regular y consulté a la Contraloría Regional, desde donde me encuentro esperando una respuesta", comentó.

No obstante, a pesar de estos antecedentes, el edil asegura que no tiene injerencia en la denuncia ingresada a la Fiscalía que terminó por desencadenar en esta incautación de documentos en la Municipalidad de La Calera.

"Desconozco quién denunció. De hecho, yo pregunté si la consulta que yo hice en Contraloría tiene que ver con este tema de Fiscalía y me dijeron que era algo completamente diferente. Contraloría Regional lo que hace es emitir un dictamen y este puede tardar hasta un año, por lo que me han dicho, así que lo que yo hice no está relacionado con estas nuevas diligencias", expresó.

Intereses polític0s

Hay otros ediles que creen que este tipo de acciones surgen con motivos políticos, a propósito de las próximas elecciones municipales.

"Los protagonistas de estas acciones son personas que generalmente se encargan de enlodar y denostar. Si hubiere alguna situación irregular el responsable tendrá que responder. No obstante, como se acercan las elecciones no descarto que podría haber algún interés político detrás de todo esto", señaló el edil Patricio Riveros (RN).

"Como se acercan las elecciones, no descarto que podría haber algún interés político detrás de esto".

Patricio Riveros, Concejal de La Calera