La hora de pensar en reformar los SLEP
La crisis que afecta a la educación pública en Atacama no debe invisibilizar los serios problemas que vive también en Valparaíso. Antes de profundizar en si los errores son de diseño o de implementación, la autoridad debe resolver los problemas urgentes y anticipar las dificultades futuras del proceso.
Pasado el paréntesis que significó la realización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el Gobierno deberá atender la crisis de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), cuya visibilidad por el conflicto desatado en Atacama, con 30 mil estudiantes de 46 colegios sin clases durante dos meses, no debe dejar en el olvido las graves deficiencias que acarrea también el sistema en Valparaíso, donde la desmunicipalización no cumplió con su principal promesa: mejorar la gestión administrativa, logística y de recursos de las escuelas y liceos públicos porteños. Para el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, experto en políticas públicas y exsecretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, el sistema requiere cambios urgentes, partiendo por su tamaño y dependencia, pero su implementación no debe frenarse bruscamente ni retraer las medidas adoptadas, como han planteado algunas voces ante los problemas evidentes que vive en cada lugar donde se ha puesto en marcha.
En este escenario, llama la atención la pasividad adoptada por algunos parlamentarios de la Región, principalmente en el oficialismo, que fueron grandes defensores de causas educacionales durante su época de dirigentes estudiantiles y luego abrazaron los cambios una vez que estaban instalados en el Parlamento. Es un misterio por qué este tema no está entre los más urgentes en la agenda de políticas públicas que proponen dichos diputados y senadores, pero antes de profundizar respecto de si los errores son de diseño o de implementación, el Ministerio de Educación y sus parlamentarios deben buscar caminos para resolver los problemas actuales, anticipar las dificultades que se puedan presentar si la desmunicipalización sigue adelante y generar las correcciones que permitan a los porteños recuperar su confianza en el sistema público de educación.