Con un timing poco favorable, las autoridades de gobierno cumplieron ayer cinco días tratando de explicar y defender la agenda de seguridad implementada en la Región de Valparaíso, principalmente en Valparaíso y Viña del Mar, sin alcanzar completa claridad en las cifras y en cada ocasión acompañadas de hechos que contradecían el discurso oficial sobre la evolución de los delitos en la zona. El mismo día en que la delegada presidencial, Sofía González, valoraba una reducción de 4% en los homicidios debido a la aplicación del plan Calles sin Violencia, la Embajada de Estados Unidos emitía una alerta a sus ciudadanos para que adoptaran medidas de resguardo especial ante algunos tipos de delitos que iban a alza en la capital regional y la Ciudad Jardín. Luego, cuando la preocupación norteamericana recibía respuestas de varias autoridades del oficialismo, entre ellas la ministra del Interior, Carolina Tohá, dos delincuentes hacían carne el temor diplomático y asaltaban, en pleno mirador porteño, a dos turistas australianos. El colmo llegó ayer, cuando con pocas horas de diferencia, una reunión del Comité Policial Regional, encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue seguida por el asalto más violento registrado en la avenida Valparaíso en mucho tiempo, en el que varios antisociales rompieron vidrios de una joyería en la galería Cristal y luego de sustraer objetos de valor se enfrentaron con detectives de civil que trataron de frustrar el robo con fuerza.

El punto no son las discrepancias en las cifras ni las sincronías poco afortunadas, sino los porfiados delitos, cuya reiteración y violencia mantienen a la población, principalmente al comercio en las grandes ciudades, bajo una sensación de temor permanente. El freno puesto al asesinato desatado por las grandes organizaciones criminales es valioso, pero no suficiente para evaluar que las medidas han sido las más adecuadas. El plan Calles sin Violencia ha sido un aporte, pero los mismos dirigentes del comercio y vecinos han planteado que ha quedado corto ante las reales necesidades de la población regional. No es el tiempo aún de discursos complacientes, sino el de profundizar y reforzar todas las estrategias de seguridad pública para consolidar un camino que aún se ve muy incipiente.

Después de ser incluido por el Consejo Constitucional, rechazado por el Comité de Expertos y modificado por la Comisión Mixta, el artículo que exime de contribuciones a la vivienda principal quedó como sigue (artículo 29, letra c): "El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Las excepciones legales a esta exención sólo podrán fundarse, en forma conjunta, en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia".

¿Qué cambió? Que mientras en la situación actual pagan todos excepto las personas de más bajos ingresos y/o cuyas propiedades valen menos, en la nueva propuesta nadie paga, excepto los más favorecidos. Lo que queda por verse es quiénes conformarán el grupo que deberá pagar.

En la actualidad el impuesto territorial, o contribuciones como se le conoce más coloquialmente, sólo grava aquella parte del avalúo fiscal que excede de $54 millones y medio (UF 1.500 aprox.). Esto explica por qué en Chile sólo pagan impuesto territorial un 23% de las propiedades. Además, existe una sobretasa para personas que tienen un patrimonio en bienes raíces "alto", esto es, propiedades avaluadas en más de 827 Unidades Tributarias Anuales (UTA) o UF 17.300, aproximadamente.

Adicionalmente, los adultos mayores -cuyos ingresos disminuyen cuando dejan de trabajar- pueden optar a un beneficio que rebaja las contribuciones dependiendo de sus ingresos, para evitarles tener que vender la casa donde viven y donde posiblemente han vivido muchos años. En particular, si los ingresos mensuales del adulto mayor son iguales o inferiores a $ 731 mil, este tendrá una rebaja del 100% de las contribuciones, y si los ingresos mensuales están entre $731 mil y $ 1 millón 625 mil, se aplicará una rebaja del 50% de las contribuciones.

Por lo anterior, el impuesto territorial actualmente es progresivo y protege el derecho a la vivienda de los grupos menos favorecidos. Posiblemente había espacio para ampliar el grupo que se quiere proteger, por ejemplo, subiendo el avalúo exento a UF 2.500 o UF 3.000, o aumentando el ingreso de los adultos mayores para acceder a la rebaja de contribuciones. El riesgo que se corre ahora es que queden exentas muchas de las propiedades que comprenden el 23% que está actualmente afecto.