Pese a las intensas negociaciones de las últimas semanas y a un paso exitoso por el Senado, el veto presentado por el Presidente de la República Gabriel Boric al proyecto aprobado por el Congreso que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, tendrá hoy un tenso debate en la sala de la Cámara de Diputados, donde persisten profundas diferencias sobre la mejor forma de enfrentar las tomas de terreno. El problema es doble para el Gobierno, porque cualquier norma que sancione de forma más gravosa la actual situación de las personas que viven en terrenos ajenos, debido a la necesidad de tener una vivienda propia, recibirá un duro cuestionamiento de los diputados oficialistas, en tanto que las propias disposiciones aprobadas en el Senado, que reducen la penalidad de algunas situaciones dispuestas en la ley original, son observadas por varios parlamentarios de oposición como un obstáculo para dar solución definitiva a un problema que tiene su expresión más impresionante en las decenas de campamentos aparecidos en los últimos años en la Región.

No parece haber una resolución fácil. La necesidad de equilibrar entre una persecución penal justa y la angustia de los dueños de predios bajo toma o en riesgo de serlo parece que es el punto más difícil de encontrar. El debate de hoy en la sala de la Cámara y las conversaciones que haya entre el Gobierno y los diputados más reticentes al veto marcará el destino de una ley que ha demorado más de lo conveniente en ser promulgada. La señal del mundo político no puede dejar espacio a las dudas: la legislación que sea aprobada debe responder con todas las nuevas herramientas que contempla para frenar la indiscriminada toma de terrenos y ser aplicada por los organismos públicos con toda la rapidez posible. Cada día que se pierde en la implementación de nuevas herramientas significa uno a favor de las mafias que hacen negocio con el dolor de cientos de personas.

En los últimos años, tanto Chile como Argentina han enfrentado desafíos económicos, y aunque ambas naciones comparten una situación compleja, es importante destacar las diferencias en términos de profundidad y características específicas.

En el caso de Argentina, el país se enfrenta a una crisis inflacionaria. En marzo, la tasa interanual superó el 100%, un nivel que no se veía en el país desde hace tres décadas. Seis meses después, en septiembre, el índice de precios al consumidor se situó en 138,3% interanual y, según las proyecciones, podría cerrar el año en el 180%, la tasa más alta desde la hiperinflación de fines de los años 80 en el vecino país. Esto ha erosionado el poder adquisitivo de los argentinos y ha llevado a un aumento significativo de la pobreza, afectando a más del 40% de la población.

Además, Argentina ha acumulado una deuda externa superior a los 45 mil millones de dólares, lo que ha limitado su capacidad para implementar políticas económicas efectivas. El país también enfrenta problemas en el mercado cambiario, con un tipo de cambio que superó los 1.000 pesos por dólar, lo que ha llevado a la discusión sobre la posibilidad de dolarizar la economía.

En relación con las cuentas públicas, Argentina tiene un elevado déficit y falta de reservas internacionales, lo que ha llevado a saldar deuda con yuanes chinos en lugar de dólares, lo que podría complicar aún más su situación financiera.

Chile, por su parte, se enfrenta a desafíos económicos como la desigualdad, atención de salud y la seguridad social. La pobreza (menos de 6,85 dólares al día) se redujo del 8,0% en 2020 al 4,8% en 2022; la desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini, alcanzó el 0,43 en 2022. Sin embargo, las privaciones en dimensiones no monetarias, como la atención sanitaria y la seguridad social, aumentaron en comparación con 2020.

Se prevé que el PIB real se contraiga un 0,5% en 2023 y vuelva a una tasa de crecimiento tendencial del 2% en el medio plazo. Se estima que la pobreza aumentará en 0,4 puntos porcentuales, alcanzando el 5,2% en 2023, mientras que el coeficiente de Gini se mantendría en 0,43.

Chile también depende en gran medida de los recursos naturales, como el cobre, lo que lo expone a fluctuaciones en los precios de las materias primas en los mercados internacionales. Clave se vuelve impulsar el crecimiento y la productividad para crear empleos formales bien remunerados y diversificar las exportaciones.

En cuanto a las políticas económicas, Argentina ha adoptado políticas intervencionistas y proteccionistas, generando incertidumbre y desconfianza en los inversores. En contraste, Chile ha mantenido una política de apertura económica y estabilidad macroeconómica, atrayendo inversiones extranjeras y promoviendo el crecimiento sostenido.

En definitiva, tanto Chile como Argentina enfrentan retos económicos considerables, pero sus desafíos son distintos en naturaleza y gravedad, lo que requiere soluciones adaptadas a sus circunstancias específicas.