En el marco del plan Calles sin Violencia, el Ministerio Público puso en marcha en la Región de Valparaíso el Proyecto Equipo de Tarea Reacción Temprana de Homicidios en Contexto de Crimen Organizado (ECOH - Fiscalía), iniciativa inédita en Chile que busca mejorar la colaboración entre los funcionarios especializados de la PDI y Carabineros en casos de asesinatos vinculados a las grandes bandas criminales que operan en la zona. El grupo está integrado por 30 profesionales -abogados, psicólogos, asistentes sociales y analistas-, más los fiscales que naturalmente corresponden a esta región, quienes establecerán la prioridades investigativas y el trabajo de contención para el entorno de la víctima, además de las pericias en el sitio del suceso.

Para la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, este sistema permitirá establecer desde temprano, inmediatamente posterior a la comisión del delito, los criterios de trabajo que facilitarán a los entes persecutores levantar, ponderar y analizar las diferentes pruebas y elementos con rapidez y precisión.

No existe claridad sobre por qué este equipo especializado con dedicación preferente comienza a trabajar recién ahora, a seis meses de iniciado el plan Calles sin Violencia, pero su puesta en marcha era sin duda necesaria ante los resultados insuficientes del programa de seguridad pública implementado por el Gobierno. Aunque parezca una reiteración aburrida, es importante plantear la urgencia de resultados en el combate del narcotráfico, el crimen organizado y las mafias de contrabando, porque es en torno a estos grupos ilícitos que surgen fenómenos como el sicariato, el robo a gran escala y el tráfico indiscriminado de armas. Lo que demuestra la implementación de este grupo de tarea especial es que las bandas criminales que operan en la Región han construido poderosas redes de apoyo y tienen un funcionamiento complejo que no es posible abordar con las tradicionales estrategias de persecución penal. Un enfoque centrado en torno a los familiares de las víctimas de homicidio permitirá además darles protección y obtener valiosos datos que puedan ser utilizados en la búsqueda de responsables. Todo ello debe hacerse con perseverancia y sentido de urgencia.

Si bien el Estado debe, a través de la creación de legislaciones y normativas, aumentar los estándares medioambientales en la extracción de minerales en nuestro país, es menester que los organismos competentes conduzcan sus decisiones a facilitar que las empresas amplíen su capacidad productiva porque, como lo he dicho en reiteradas ocasiones a los medios de prensa, comisiones y en sala, detrás de cada una de éstas hay seres humanos, familias, niños, que se podrían quedar sin nada en el futuro.

Recientemente visité, junto a dirigentes de la Asociación de Pequeños Mineros de San Felipe y autoridades locales y regionales, la planta que la compañía Cemin Holding Minero tiene en la comuna de Catemu, ubicada en el valle del Aconcagua.

Recordemos que a mediados de este año la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) aprobó el proyecto de ampliación "Amalia", propiedad de dicha empresa, luego que éste peligrara por no cumplir con ciertas condiciones ambientales, lo que provocó masivas manifestaciones de parte de la comunidad en Valparaíso con el fin de revocar esa decisión.

En ese momento planteé con fuerza que si el resultado hubiera sido adverso para las pretensiones de dicha compañía, más de 1.250 personas perderían su trabajo. Es decir: 1.250 familias se verían perjudicadas y con ello todo el poder de compra como el comercio local y el transporte, por nombrar algunas actividades económicas, lo que, de una u otra manera, podría haber destinado a la comuna de Catemu a la muerte.

Durante la visita a la planta de Cemin Holding Minero volví a destacar la importancia de la minería en la historia de nuestro país y lo que constituye también en nuestro futuro.

Nosotros tenemos una fortuna gigantesca que no la tienen otros países. Estamos llenos de minerales, porque no sólo contamos con cobre, tenemos prácticamente toda la tabla periódica. Somos unos afortunados de la naturaleza por la riqueza que tenemos. Por lo tanto, si la sabemos aprovechar, si fomentamos la educación metalúrgica y si además agregamos valor (es decir, no sólo exportamos concentrado), indudablemente haremos de Chile un país más rico.

El futuro de nuestra nación depende -más que cualquiera otra cosa- del desarrollo de la minería. Por lo tanto, tenemos que tener un plan que incorpore la educación, a los trabajadores, a las empresas y, por supuesto, al medioambiente.

Quiero detenerme en la educación, un recurso más poderoso que la misma minería, porque es un recurso renovable: es necesario que se implementen proyectos académicos para formar profesionales especializados en estas materias. Que sean éstos quienes a futuro, con su experticia, otorguen valor agregado a los elementos extraídos de nuestra tierra y no tengamos que seguir comprando productos importados cuando nosotros mismos somo capaces de hacerlo.

¿Cuántos países del mundo quisieran tener los recursos que nosotros tenemos? Ahora está en nosotros aprovecharlos, pero hay que hacerlo inteligentemente, no sólo extraer los minerales para que algunos pocos se enriquezcan.