Es triste plantearlo desde este punto de vista, pero no hay mucha sorpresa en la decisión tomada por la agencia de aduanas Oficina Santibáñez, fundada por Pedro Santibáñez González en 1890 y considerada la más antigua de América, de abandonar sus dependencias en Valparaíso para reubicarse en un piso del edificio Reitz III, ubicado en el sector de El Salto, Viña del Mar. El traslado se suma a la salida de Hapag, al cambio de Agunsa y a la pronta partida de Esval, por mencionar solamente a instituciones tradicionales de actividad administrativa, que ocuparon por años oficinas del barrio financiero. El cambio hacia Viña del Mar revela un movimiento cuya dirección tampoco es novedosa, porque imita el vaciamiento habitacional porteño ocurrido en las últimas décadas, principalmente desde inmuebles ubicados en el barrio Almendral.

Lo distinto, tristemente distinto, es que el éxodo de la Oficina Santibáñez a Viña del Mar representa también un golpe al valor patrimonial que siempre ha elevado a Valparaíso como cuna de muchas actividades profesionales que florecieron en torno al desarrollo portuario del siglo XIX. Sin embargo, en casos como este, las voces que suelen estar tan prestas para cuestionar proyectos de inversión, particularmente los habitacionales, que toquen o afecten algún valor que consideran patrimonial, guardan silencio. ¿Qué acciones tiene previstas la flamante Corporación Municipal para el Sitio del Patrimonio de Valparaíso? ¿Qué dirán el alcalde y los concejales sobre las razones evidentes que gatillan este problema?

La falta de reacción que se observa en las autoridades locales porteñas de todo ámbito ante la partida (pérdida) de negocios, restaurantes, pubs, empresas y oficinas históricas, da cuenta de cierta normalización del grave impacto que significan para la ciudad y sus habitantes los altos índices de delincuencia, la falta de oportunidades laborales y las trabas permanentes a toda inversión que trate de cambiar el estado actual de las cosas.

La actual crisis de seguridad que tiene el país es un hecho público y notorio. Los delitos de mayor connotación social, según cifras de Carabineros de Chile, el 2022 respecto del 2021 se incrementaron un 45%. A la fecha, respecto del 2022, este 2023 ya tiene un aumento de un 6,2%. En simple, este Gobierno no sólo se ha caracterizado porque la delincuencia se ha incrementado sustantivamente, sino también por su apoyo y actitudes incomprensibles hacia ella.

Pensemos en medidas como el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado; la primera urgencia que puso el Ejecutivo al proyecto de ley para indultar a los presos del estallido social; también los 13 indultos efectivos a peligrosos delincuentes; el apoyo explícito a una propuesta constitucional que favorecía más a los antisociales que a las familias chilenas; la nula prioridad del proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas de Delitos; el retroceso de la iniciativa legal que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado; la incapacidad ideológica de expulsar migrantes clandestinos; la oposición manifiesta a la Ley Nain-Retamal, entre otros.

Recientemente, otro paso dio el Gobierno en su idea inexplicable frente a la delincuencia. Se aprobó el veto presentado por el Presidente Boric a la ley de usurpaciones despachada por el Congreso Nacional. En síntesis, una medida que lejos de fortalecer la iniciativa legal, termina debilitándola completamente, quedando los propietarios a merced de los delincuentes. El veto en comento elimina la fuerza en las cosas como una forma de usurpación y la cambia dependiendo del daño que se produce. Fácil es advertir que la prueba del daño muy probablemente le quedara´ a la víctima, y si no se acredita, la multa se verá como la máxima pena del usurpador. En efecto, con la regulación del Gobierno, si un grupo de delincuente se salta la pandereta y usurpa la vivienda, ese hecho podría tener sólo pena de multa. En el proyecto que habíamos aprobado en el Congreso, ese hecho violento tenía una pena mínima de 3 años de cárcel. El daño no era lo relevante, sino la fuerza en las cosas.

Del mismo modo, si los delincuentes rompen el candado y usurpan el hogar, la multa se asoma como la más probable pena por la cuantía del referido daño. También la iniciativa original despachada por el Parlamento establecía una pena de cárcel a todo evento para quienes usurpaban, incluso sin violencia, intimidación o fuerza en las cosas. Es decir, la pena más baja siempre se dispuso al menos de cárcel. El veto del Gobierno, de forma inentendible, pone la pena más baja en una multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales, la misma que existe hoy en el artículo 457 del Código Penal, que data de 1874 y que no ha disuadido a los delincuentes ni tampoco al crimen organizado para actuar de modo alguno.

Así las cosas, si el Gobierno no cambia de actitud, deja la ideología de lado y les da prioridad a los aspectos más relevantes, no sólo habrá dejado un veto a la ley de usurpaciones, sino que, más profundamente, su gran legado será el veto a la seguridad y con ello, muy probablemente, un alza histórica de la delincuencia.