Gian Franco Giovines D.

Un gran impacto mediático y un sinnúmero de reacciones políticas y legales ha desencadenado el audio publicado por el medio Ciper, en el cual el abogado Luis Hermosilla, en una reunión tripartita con la abogada Leonarda Villalobos y su representado Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la de la corredora de bolsa STF, discuten la presunta entrega de millonarias coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF).

"Parte importante de esta huevá se arregla con plata. (...) ¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio. (...) Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos", dice Hermosilla, quien hasta esta semana representaba, entre otros, al asesor del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. En el audio difundido, tanto Hermosilla como la abogada Leonarda Villalobos, asumen que están cometiendo un delito.

"de extrema gravedad"

En medio del escándalo mediático, el presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, Alejandro Gómez, rechazó los acontecimientos en los que, eventualmente, estarían involucrados ambos juristas.

"Los hechos denunciados por la investigación periodística son de extrema gravedad. En ese sentido, como Colegio nos mostramos preocupados frente a los hechos que aparecen en esa denuncia. Son absolutamente graves y merecen que la Justicia investigue a cabalidad estos hechos".

El asesor y litigante en asuntos tributarios cree además que "de ser efectivos estos hechos, muestran también una debilidad no solamente en el punto de vista jurídico y penal, sino que también en el control ético del ejercicio de la profesión de abogado".

Finalmente, desde la institución aclararon que Leonarda Villalobos no se encuentra entre los socios del Colegio de Abogados de Valparaíso, aunque algunos antecedentes la sitúan con escolaridad en Valparaíso.

Consultado por este Diario, el abogado Juan Carlos Manríquez, presidente del Comité Asesor Jurídico de la Corte Penal Internacional de La Haya, señala que "se trata de hechos en desarrollo, sobre los que seguramente no tenemos, como observadores, toda la información. Pero, sin duda, provocan una ácida crítica sobre la abogacía en general y generan una opinión equivocada sobre la litigación en sede penal y sobre los organismos especializados de investigación, como el SII y la CMF".

"Aquí estamos haciendo una huevá que es delito. Esta huevá es delito. (...) Y es la única manera de hacerlo".

Luis Hermosilla, Abogado de Daniel Sauer

"(Los dichos) son absolutamente graves y merecen que la Justicia investigue a cabalidad".

Alejandro Gómez, Colegio Abogados Valparaíso

A inicios de junio, la pequeña Mía Olivares, de tan sólo dos meses, falleció en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en medio de la crisis de enfermedades respiratorias. A cinco meses de su deceso, el diputado Tomás Lagomarsino (Ind.-Partido Radical) denunció que las auditorías y sumarios que se realizaron sobre este caso están en manos del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio desde el 16 de agosto.

Según lo dicho por el parlamentario, en estos informes se detallan negligencias que derivaron en la muerte da la lactante y que están en conocimiento del director del servicio, así como también de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

"El resultado de la auditoría y el sumario establecería que sí hubo disponible una cama más cerca de la que se informó públicamente que era la que estaba en Arica, y que dicha cama estaba en el Hospital La Florida. Dicho hospital informó a la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) y un funcionario de esta unidad se quedó, según se me ha informado, dormido. Ello habría impedido que hiciera el vínculo", aseguró el legislador.

Agregó que "esto estaría en conocimiento tanto de la ministra de Salud como del subsecretario de Redes Asistenciales que no han movido ni un dedo para que se conozca los resultados de dichas auditorías".

Ante esto, el diputado Andrés Celis pidió la renuncia de la titular de la cartera de Salud.

"De ser cierto que la ministra Ximena Aguilera estaba en conocimiento de la conclusión de este sumario, ella por supuesto tiene que dar un paso al costado. En definitiva, tiene que renunciar. No se puede proteger la negligencia".

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao (Ind-Evópoli), hizo "un llamado a la ministra (Aguilera): fue aquí donde pedimos, junto a las familias, una auditoría clínica de la cual todavía estoy esperando y que no ha llegado. Cuando se revela la información de que sí están los informes, pero que no se entregan a las familias, es cuando nos preocupamos".

Respuesta

Desde el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio expusieron que "ninguno de los procedimientos relativos al lamentable fallecimiento de Mía Olivares García (QEPD) son públicos, por aplicación de normas legales expresas, en relación, a la confidencialidad de los datos sensibles y vida privada de las personas", comenzó diciendo el escrito.

"Hay que aclarar que el sumario administrativo tampoco es público por expresa disposición legal del estatuto administrativo y su estado actual se encuentra en tramitación -el que se prolongará- debido a las solicitudes de los padres de aportar pruebas y participar en dicho procedimiento", concluyó.

"El resultado de la auditoría establecería que sí hubo disponible una cama más cerca de la que se informó".

Tomás Lagomarsino, Diputado (Ind.-Partido Radical)

Más de $1.000 millones habrían sido desviados de forma fraudulenta desde las arcas municipales de Algarrobo a terceros, según confirmó ayer el fiscal Claudio Rebeco, perteneciente a la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía.

El caso, explicó, se encuentra bajo una investigación desformalizada, en base a la denuncia que en agosto efectuara la concejala Marcela Mansilla, a la que luego se sumó la que estampó el director suplente de Finanzas de la municipalidad.

"Estamos frente a un hecho de grave corrupción municipal, en pocos días hemos podido establecer la existencia de una operación dolosa encabezada por la funcionaria encargada del Departamento de Tesorería (Belén Carrasco), quien mediante la adulteración de la nóminas de pago logró desviar a terceros importantes sumas de recursos municipales. Entre marzo del año 2022 y noviembre del año 2023, de acuerdo a la cuantificación que hemos realizado hasta hoy, el perjuicio municipal asciende a una suma superior a 1.000 millones de pesos", precisó Rebeco.

Agregó que el pasado lunes "nos constituimos en la Municipalidad de Algarrobo y obtuvimos autorización judicial para la incautación de evidencia que es relevante en la causa, computadores, celulares, entre ellos los del alcalde (José Luis Yáñez, UDI), y hemos obtenido también autorización judicial para el levantamiento del secreto bancario".