Mucha agua ha pasado bajo el puente desde que el gobernador regional Rodrigo Mundaca asumiera el cargo a mediados de julio de 2021. Desde los días de "la victoria de los 'nunca', de los 'nadie' de los 'ninguno', de los 'ninguneados', de aquellos que valen menos que la bala que los mata", que propugnara con todo el ímpetu del combativo e intransigente dirigente social de entonces, hemos pasado a la hora de la resiliencia y el pragmatismo como jefe político de la Región de Valparaíso. Nadie dijo que sería fácil. En el camino, se cayeron las alianzas y los gestos amistosos con el Gobierno, el Presidente Gabriel Boric, su gabinete y el Frente Amplio. Entendió que el Consejo Regional de Valparaíso era una instancia mucho más compleja que conseguir convencer a los Cuatro Jinetes (Crichton, Marín, Millones y Murillo), que ser gobernador no consistía sólo en bajar millones de pesos del presupuesto a las distintas necesidades de los territorios y que desafiar a la Delegada Presidencial Regional y a los ministros de Estado necesariamente traería consecuencias, no del todo positivas, para él y su equipo liderado por Rodrigo Faúndez.

Así, hubo de abandonar el modo Modatima (el beligerante movimiento que encabezó en el norte de la Región y que lo encumbró con 300 mil votos al cargo que hoy detenta), y no por falta de convicción, sino por haber aprendido (a los golpes, si se quiere) que la política de conciliábulos y pasillos es infinitamente más dura, injusta, cruel y menos romántica que los movimientos sociales de base que muestran banderas concretas y bien definidas, como es el caso de la lucha por el acceso al agua.

Con todo, el gobernador se acostumbró también a navegar. En el camino quedará escrito que es uno de los pocos (si no el único) de sus pares que no fue salpicado por el Caso Convenios pese a aquella irresponsable denuncia de la UDI que ni siquiera fue patrocinada por sus voceros y que hoy nadie sabe si efectivamente se ingresó como corresponde en Tribunales.

Sabe también Mundaca que, aun cuando es un ave de paso, los cambios de ciclo hasta pueden hacerlo ganar la reelección y ponerle encima un gobierno de derecha, donde paradojalmente estará infinitamente más cómodo que hoy.

Dos de los Jinetes ya asoman como sus retadores, también dan vueltas nombres de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio. Será la hora de demostrar de qué madera está hecho, apelando a la astucia y no a las banderas, como bien tituló Hemingway escamoteándole la frase de aquel soneto isabelino a George Peele.

El panorama en Valparaíso es desolador. A los homicidios y los robos -que ahora incluso tienen como víctima al mismo alcalde de la comuna - se suma el aumento en el éxodo de empresas, lo cual sólo brinda malos augurios para el tejido económico y social de la ciudad.

Para ilustrar, en el último tiempo compañías como Esval, Agunsa, Emporio la Rosa, Beer House y el estudio de abogados Urenda han optado por irse a Viña del Mar o dejar de operar. Algo en común es que todas estas compañías se asocian a servicios, los cuales requieren de ambientes seguros y del flujo de público para operar óptimamente.

Dicho lo anterior, cabe preguntarnos por los fundamentos del abandono de la comuna y por qué no da señales de revertirse. Ante ello, considero que hay dos fundamentos a considerar: uno relacionado a la seguridad y otro vinculado a la dependencia económica entre empresas pequeñas con aquellas de mayor tamaño que se han ido.

Por un lado, la creciente inseguridad en la Ciudad Puerto ha disminuido su atractivo no sólo como lugar para vivir, sino también para trabajar. Un ejemplo contundente se encuentra en el estudio de vacancia comercial que realizamos el año pasado en Fundación P!ensa. En este, los locatarios destacaban la delincuencia y las protestas del estallido social como las principales barreras de operación. Un dato alarmante proviene del sector Puerto: el 94% de los encuestados afirmó haber presenciado un delito y el 69% manifestó haber sido víctima de uno en los últimos seis meses. Hechos como estos, probablemente, motiven a que empresas de gran envergadura, como Esval y Agunsa, opten por trasladarse para no estar expuestas ellas o sus trabajadores a los efectos de la delincuencia.

Por otro lado, también existen razones económicas que sustentan este efecto. Y es que estas empresas no sólo enfrentan el costo asociado a la inseguridad, sino también el de estar más distantes de sus clientes, situación que les impacta directamente en su éxito económico.

Lo anterior deja pendiente la interrogante de por qué algunas empresas deciden trasladarse a Viña del Mar si esta también ha experimentado problemas similares en su centro, el cual ha sido escenario de asaltos y crímenes varios. En este caso, los patrones de movilidad muestran una convergencia de los viajes desde otras comunas hacia la Ciudad Jardín, lo que, unido a su mayor densidad comercial, hacen que esta sea la capital regional de facto debido a su fuerza centrípeta. Es decir, Viña del Mar tiene mayores ventajas de localización actualmente y eso la hace una mejor alternativa, lo cual percola en la depreciación acelerada que vive Valparaíso al no tener un plan que las integre -como debería ser en una conurbación-.

El comercio sigue fugándose, lo cual es el resultado de la mala administración y el abandono que vive actualmente. Si no se toman medidas, como un mayor control policial y la reactivación de sus espacios públicos, Valparaíso será un nuevo ejemplo de cómo las malas decisiones y la falta de orden público dinamitan a una ciudad que tiene todas las ventajas naturales para ser próspera.

Los principales problemas que enfrenta hoy la construcción son bajas ventas, caída de nuevos proyectos, financiamiento y pérdida de empleos, lo que empeora el ya difícil acceso a la vivienda por parte de las familias chilenas. Esto es especialmente grave en el caso de la gran clase media, duramente golpeada por la pandemia y posterior crisis.

Este drama que hemos expuesto al país está lejos de una solución. Es por ello que como CChC hemos propuesto 25 medidas para impulsar la reactivación y el crecimiento de la economía, recuperar el empleo y facilitar el acceso de las personas, tanto a la vivienda como a la infraestructura que necesitan para una buena calidad de vida.

En el ámbito habitacional, con un déficit de 1 millón de viviendas a nivel nacional (100 mil en la región), destacamos medidas para favorecer a más familias de clase media. Como la ampliación de la garantía estatal al pie de los créditos hipotecarios -que ha sido poco eficaz en su aplicación-, elevando el límite a UF 4.500, pero según el monto del crédito, no del valor total de la vivienda. También ampliar incentivos tributarios transitorios para la compra, incluyendo descuentos de los dividendos de créditos hipotecarios de la base imponible de personas naturales. Además, proponemos implementar un mecanismo de reemplazo del CEEC (IVA a la construcción), como un subsidio directo a la compra de una primera vivienda.

Estas y otras propuestas tiene a la vista nuestro Informe Mach, que proyecta una caída de la inversión en el sector para este año de 4,5%. Sin embargo, como gremio estamos convencidos de que si adoptamos estas medidas, podremos impulsar la reactivación de la construcción, que bien sabemos ha demostrado ser un sector multiplicador de la actividad, probado ya en varias crisis. Pero para que esto ocurra, necesitamos un rol más proactivo del sector financiero. Actualmente, la banca presenta condiciones de tasa fija para créditos hipotecarios (80% de financiamiento) que van del 5,85% al 6,30%, lo que los vuelve muy caros. Con estas tasas, definitivamente se está dando un portazo a las aspiraciones de la clase media.

Somos conscientes de que las tasas están vinculadas al riesgo país y que el gobierno tiene un rol fundamental en dar las certezas para que las inversiones privadas se concreten. Pero la banca chilena, reconocida por su solidez, puede asumir un papel más protagónico -y también un rol social-: reducir las tasas es hacer una contribución al acceso a la vivienda para las familias. Ante esto, en este momento crucial, hacemos un llamado a la banca y al sistema financiero en general, para que flexibilicen sus políticas y reduzcan sus tasas de interés. Esta colaboración no sólo facilitará el acceso a la vivienda, especialmente para la clase media, sino que también impulsará nuevos proyectos, reactivando la construcción, generando empleo y dinamizando la economía, con todo el efecto virtuoso que ello tiene para el bienestar de las y los chilenos.