La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, asume el rol, cada cierto tiempo, desalir a opinar sobre actos de violencia contra mujeres. Es algo que no quisiera hacer, pero que se hace necesario cuando situaciones como los futbolistas profesionales involucrados en este tipo de casos quedan relativizadas en medio de la contingencia.

La periodista integra el gabinete del Presidente Gabriel Boric desde el día uno de su mandato, y desde entonces se sienta además en la mesa del Comité Político, dando cuenta de lo importante que es la mujer para un Gobierno que se ha definido a sí mismo como feminista.

- Ministra, pasa el tiempo y no se aprecian cambios rotundos en cifras de violencia o de femicidios. ¿Qué nos falta como sociedad?

- Creo que hay que ponderar dos cosas principalmente. Primero, que muchas veces se percibe como que hay cada vez más casos. Pero lo que nosotras vemos, mirando los números crudos, es que los casos cada vez se visibilizan más. Antes esto era algo que estaba relegado a la crónica roja, cuando era un femicidio especialmente escabroso. Pero no era algo que se informara. Entonces, en primer lugar, hoy esto es algo visible. Antes no. En segundo lugar, efectivamente hay un aumento desde el 2018 del número de mujeres asesinadas, pero también tiene que ver con el cambio legal. Desde el 2018 se aprobó la Ley Gabriela, que incluye el pololeo. Antes, las víctimas de femicidio en el pololeo no contaban como femicidios. En tercer lugar, no se trata solamente de cifras sí o cifras no: hay una agudización de la violencia a propósito del empobrecimiento de las mujeres.

- ¿Y cuál es la estrategia que tienen para enfrentar la violencia?

- En primer lugar, fortalecer lo existente. Con el presupuesto del año 2023 recuperamos la capacidad de atención que existía previo a la pandemia y con el presupuesto 2024, vamos a poder pasar de 60.000 a 79.000 mujeres atendidas en nuestra línea de violencia. Hablamos de orientación, atención reparatoria y representación. En el caso de la violencia, estamos aumentando nuestra presencia en distintas regiones, sobre todo con líneas de intervención más especializadas, como los próximos centros de atención a violencia sexual en Iquique y Coquimbo. También estamos cambiando la forma en que atendemos. Tuvimos un informe muy crítico de Contraloría sobre la forma en que se atendió la violencia en pandemia y nos estamos haciendo cargo de esas observaciones, aunque no son de nuestro periodo, pero sí es la misma institución.

- ¿Qué decía ese informe?

- Que había poca velocidad, poca capacidad de medición de riesgo, problemas de derivación entre una y otra institución. Que las víctimas iban a buscar ahí y les decían "no, usted tiene que ir para allá, y para allá, y para acá", y en eso terminábamos. Es precisamente porque nos hicimos cargo de muchas de esas observaciones que este año pudimos optar a aumentar nuestro presupuesto de atención a violencia en un 5 o un 7%. Hay que recordar que los programas mal evaluados no se pueden aumentar. Algunos aumentan a la mala por presión política, pero en cuanto a lo técnico, no. Y bueno, la última estrategia tiene que ver con el cambio legal después de más de 30 años de política contra la violencia de género. Hay que recordar que esto no existió siempre, y según hemos visto en otros países, no está garantizado que siempre existan, siempre está en riesgo de desaparecer; pero después de 30 años, lo que tenemos es un cambio de mentalidad muy grande en la sociedad chilena, que pasó de decir "la ropa sucia se lava en casa", a tener vías de denuncia, centros de orientación, etcétera.

- Los últimos casos de violencia, especialmente del fútbol, han demostrado que todavía hay quienes son capaces de justificar la violencia de género.

- Sí, bueno, la respuesta ha sido bien dispar. Hay entidades como el Club Social y Deportivo Colo Colo que ha rechazado desde un inicio y otros que han justificado. En ese caso, nosotras en particular creemos que no podemos dejar de manifestar nuestra molestia por el hecho de que los medios conocieran antes que el Servicio Nacional de la Mujer, que es parte en la causa, y por lo tanto de la víctima, que Jordhy Thompson iba a cambiar su prisión preventiva por cautelar de domiciliario nocturno. O sea, a nosotras no nos habían notificado siquiera y eso muestra también algo.

- ¿Qué es lo que falta para que esta situaciones no se repitan? ¿Más leyes, que se exijan protocolos?

- Recientemente junto al Ministerio del Deporte se aprobó una modificación a los protocolos en las instituciones deportivas, de todo tipo, no sólo el fútbol, pero que tienen que ver cuando ocurren situaciones entre integrantes de las instituciones. En este caso no es esa la situación, peroninguna institución necesita que la ley lo obligue. Por ejemplo, hay que revisar el caso de Dani Alves (jugador brasileño enjuiciado por violación en España). El club reaccionó inmediatamente (fue despedido por el São Paulo). Claro, hay países en los que los clubes tienen cláusulas y esto no sé si ha sido debatido al interior del directorio de Blanco y Negro, porque es una empresa, aunque me duele decirlo porque soy colocolina, pero claro, tiene que debatirse en el marco del derecho privado.

- Usted misma menciona que la dependencia económica es una de las razones por las que las víctimas muchas veces no denuncian o vuelven a vivir con sus agresores. ¿Hay forma de ayudarles en eso?

- Actualmente, de lo que disponemos es de un mecanismo rápido de acceso al subsidio de arriendo del Serviu. Eso ya está operando y existe desde hace muchos años, no lo creamos nosotros. Se conoce poco, pero las mujeres que se atienden en los centros de la mujer del SernamEG pueden acceder de forma preferente a subsidios de arriendo para poder salir. Hay una especie de afán de pensar que la solución de todo son las casas de acogida. Pero las casas de acogida no son soluciones permanentes. Son sólo para riesgo inminente y grave. ¿Por qué? Porque a la larga pueden terminar siendo peores. Porque es a la mujer a la que se encierra. Por eso nuestro foco en la Ley Integral está en no encerrar a la mujer, sino en fortalecer la vigilancia y las sanciones contra los agresores en épocas más tempranas, no cuando ya estamos llegando a un caso grave.

- La Ley Integral lleva seis años de discusión en el Congreso. ¿Qué pasa que no se ha aprobado? ¿No hay voluntad política de los partidos?

- Creo que aquí podemos hablar de varias cosas. En primer lugar, este proyecto de ley lo presentó la Presidenta Bachelet y, lamentablemente, estuvo sin urgencia todo el gobierno anterior. Ahí ya tenemos un rango importante de tiempo. Desde que asumimos el gobierno le ingresamos la urgencia y la hemos ido subiendo. Además, es un proyecto de ley largo. Cuando nosotros asumimos, el proyecto de ley tenía 400 indicaciones y lo simplificamos, por supuesto. Una de nuestras primeras tareas fue sustituir y simplificar el proyecto, y ahora estamos cerca de poder discutir las últimas 10 indicaciones de ese total. O sea, estamos cerca del final de la tramitación en el Senado. Esperamos que pronto pueda ser ley.

- ¿En qué mejora la situación actual esta ley?

- Desde la perspectiva de lo que viven las víctimas, hay mejores medidas de protección y cautelares, con más control por parte de las instituciones. En segundo lugar, la incorporación de niños y niñas como víctimas y no sólo como testigos, para que no se usen como moneda de cambio para que las mujeres desistan de las denuncias. Porque eso es lo que ocurre. En tercer lugar, un fortalecimiento del rol del Servicio Nacional de la Mujer que atiende

"Yo miré con mucha expectativa cómo, al inicio del trabajo del Consejo Experto (para la nueva propuesta constitucional), se buscó un ánimo de acuerdo. Creo que eso se perdió en el camino".