El primer paso concreto que dimos los chilenos para intentar acabar con esta tan nacional y particular pandemia de la Constitucionalitis aguda que nos aqueja, fue convocar a un plebiscito nacional para octubre del año 2020, a fin de que la ciudadanía decidiera libremente si quería reemplazar la Constitución Política de 1980 o Constitución de Pinochet por una nueva, la que sería redactada por una comisión especial seleccionada por votación popular. Se organizó la mencionada consulta con la esperanza de tener a mano el parecer de la ciudadanía al respecto. El acto mismo se llevó a cabo con la normalidad y tranquilidad tradicionales. Los sondeos previos indicaban que la opción afirmativa obtendría una alta preferencia. Con la tranquilidad histórica que Chile ha demostrado tener en este tipo de actos cívicos, en octubre del 2020, sin novedad alguna, se concretó esa consulta.

El resultado fue abrumador, ya que casi el 80% de los votantes lo hicieron por la afirmativa. Lo anterior dejó muy claro cuál era en ese momento la inclinación muy mayoritaria de todos los habitantes de esta angosta y larga faja de tierra llamada Chile. En otras palabras, se iba dar inicio a un proceso que se esperaba terminara con la pandemia de que hemos hablado y el país podría así quedar en principio habilitado para entrar derechamente a preocuparse en resolver sus agudos problemas dentro del marco de una Carta Fundamental nueva, moderna y aprobada abiertamente por la ciudadanía. Claro que en la campaña previa no faltaron los que añorando a Marx y Lenin en el sentido de que miente, miente, pues siempre algo queda, usaron argumentos extremos y otros carentes de veracidad. Entre los primeros estaba aquel que decía que el país vivía bajo una Constitución dictada por un dictador, en circunstancias que en la realidad Chile se regía por una Carta Magna suscrita por uno de los hombres más demócratas y brillantes que el país ha tenido en los últimos 100 años, Ricardo Lagos Escobar. En cuanto a los segundos, sostenían que esa sería la primera vez en la historia en que la opinión del pueblo se tomaría en consideración para redactar una nueva Constitución. Eso no era cierto.

En efecto, durante el gobierno de don Arturo Alessandri Palma, en el año 1925, se dictó una nueva Carta Fundamental, la que fue sometida a votación popular. El texto mismo había sido preparado por una comisión de muy destacados juristas, donde tuvo especial participación el ministro de Justicia de la época, José Maza. Se creó un sistema por medio del cual a cada votante se le proporcionó tres papeletas para que emitiera su parecer. Una de color rojo, si es que estaba a favor del texto, otra de color azul si su opinión era contraria y una tercera de color blanco para expresar una especie de abstención. La papeleta elegida por el elector debía introducirse en un sobre y este en la urna. El 30 de agosto de 1925 se llevaron a cabo los comicios respectivos y la papeleta roja obtuvo el 94,84% de los votos, la azul el 4,05% y la blanca el 1,1%. Votaron las personas que de acuerdo a la ley tenían derecho a hacerlo, es decir, hombres alfabetos, mayores de 21 años y que estaban inscritos en los registros electorales. Se dirá que fue un universo electoral muy limitado, lo que es absolutamente efectivo. Pero esa era la ley vigente en ese momento, la misma con que posteriormente fueron elegidos presidentes de la República Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla.

Pero volvamos al proceso actual. Aprobada por la inmensa mayoría del país la idea de elegir una Convención de carácter nacional que tuviera como tarea redactar el texto constitucional que se sometería al país, los días 15 y 16 de mayo del 2021 se llevó a cabo un nuevo acto eleccionario, esta vez destinado a seleccionar los y las 154 constituyentes en cuyos hombros recaería la alta responsabilidad de redactar un texto que interpretara el sentir del país, el que luego se sometería a la aprobación definitiva de la ciudadanía. Una vez realizada la elección popular indicada fuimos muchos los que levantamos nuestras cejas en tono de dudas al analizar los conocimientos y la experiencia de muchos de los electos. Otros sostenían que aquello importaba poco ya que lo sustantivo era que los elegidos tenían la calidad de tal gracias a la voluntad del pueblo y eso era lo único que había que considerar. El 4 de julio de 2021, los 154 electos comenzaron sus trabajos y los temores que algunos habíamos expresado sobre las pocas condiciones de muchos de los electos quedaron demostradas desde el primer día. La instalación del cuerpo electo nos dejó un sabor amargo. Desde la organización de ese acto hasta la conducta de un importante número de participantes provocaron en la ciudadanía más bien vergüenza que orgullo. En la ceremonia inaugural hubo incluso problemas para entonar la canción nacional y en el despliegue de las banderas exhibidas era difícil encontrar la histórica de la estrella solitaria. A muchos nos pareció más bien una feria que un acto que ameritaba altura y respeto. Gracias a la acción de una funcionaria pública con experiencia que estuvo a cargo de la dirección, el acto pudo concluir.

Pero lo más sustantivo es que a poco andar se pudieron comprobar las carencias, la falta de habilidad, la escasez de conocimientos y el mal comportamiento de muchos de los electos en los grupos de izquierda y entre los partidarios del Gobierno. Pese a ello, había algunos muy preparados que gozaban del respeto de todos. Para poner el tema a nivel local, lógicamente el distinguido profesor porteño Agustín Squella contaba con todos los pergaminos para ejercer esa función. Demostró una vez más ser un hombre de gran criterio y sabiduría. Pero en el mismo bloque de opinión que él representaba hubo personeros nefastos, tales como aquel abogado de pocas luces que había ganado popularidad gracias a su participación en programas de farándula matutinos de la TV. Este letrado tuvo la osadía de decir: "Ahora ganamos nosotros, por lo cual esta Constitución la haremos a nuestra pinta", expresión que resultaba ser la antítesis de lo que el país buscaba en orden a conseguir acuerdos transversales para lograr un texto que tuviera una amplia aprobación nacional. Luego apareció el hecho que uno de los convencionales había mentido sobre una enfermedad para obtener beneficios pecuniarios del Estado, otro no había encontrado nada mejor que delante todo el país darse el lujo de emitir su voto desde dentro de la ducha, un tercero se paró frente al plenario para cantar y un cuarto "revolucionario" que guitarra en mano entonó desde su asiento lo que sería la nueva primera estrofa de la canción nacional. En cuanto a lo sustantivo, los acuerdos daban cada día mayor inseguridad al país. En la práctica se eliminaba el Senado, se establecían diferentes sistemas judiciales para procesar a las personas de acuerdo al lugar donde se había cometido el delito, se establecían supuestos beneficios que nada tenían que ver con una Constitución, no se indicaba la forma en que se iban a conseguir los fondos para cumplir decenas de obligaciones que se imponían al Estado y un largo etcétera que sería demasiado extenso detallar.

La esperanza que muchos teníamos de que el texto que se iba a someter a la aprobación del país permitiría conseguir un gran acuerdo nacional que dejara atrás en forma definitiva la pandemia nacional de la que hemos hablado parecía alejarse. Y los hechos, como lo veremos luego, demostrarían que ese sueño era solo eso, un sueño.

El Gobierno, por su parte, en vez tener una conducta que demostrara ponderación ante el país a objeto que los ciudadanos y ciudadanas expresaran libremente su opinión, se embarcó en una campaña a favor del texto propuesto por la Convención. Todos los secretarios de Estado tomaron parte activa en esta cruzada y era curioso, por decir lo menos, ver que la ministra Vallejo en vez de atender sus importantes labores en su oficina estuviera prácticamente todo el día en un cubículo frente a La Moneda repartiendo gratuitamente ejemplares del proyecto a votarse e hiciera hincapié público de sus tremendos beneficios. (Continuará)