A pocas semanas del plebiscito constitucional, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó un nuevo Estudio Nacional de Opinión Pública N° 90, cuyos resultados muestran el profundo deterioro que tiene la imagen de la actividad política, del ejercicio del gobierno y de las personas que se han mantenido en la conducción del país, el Congreso y los municipios en los últimos años. Aunque los chilenos mantienen su opinión de que los principales problemas del país son delincuencia, salud, pensiones y educación, todos estos muestran una leve baja respecto de la medición anterior (junio-julio 2023), en cambio la corrupción, que aparece en un preocupante quinto lugar, experimenta un fuerte incremento frente a la cifra del estudio anterior y un salto de once puntos respecto de los resultados obtenidos en la encuesta CEP de fines del año pasado.

Más aún, de acuerdo al sondeo realizado de manera presencial a 1.478 personas, entre el 24 septiembre y el 2 noviembre pasados, un 59% cree que el nivel de corrupción en Chile es "mucho o algo mayor" que en comparación con hace 5 años. Respecto a las prácticas que se cree están más extendidas entre las autoridades públicas, un 32% opina que es "ubicar a sus familiares y amigos en posiciones de poder", un 22% el "usar información o fondos públicos para beneficio propio", un 15% que es "aceptar sobornos para asignación de contratos o decisiones de política pública" y un 11% que van a "influenciar la asignación de recursos a sus organizaciones o las de sus cercanos".

Como indican este y otros estudios de opinión, esta degradación rápidamente contagia la percepción de las instituciones y la sensación de abuso que las malas prácticas provocan en la ciudadanía pueden derivar en un lamentable detrimento de la función pública en general, sin individualizar a responsables específicos. Todo este escenario es particularmente preocupante ad portas del plebiscito por una nueva Constitución y el ciclo electoral que le seguirá. El desafío de toda autoridad no es repetir el gastado gesto de mostrar y decir que se tienen las manos limpias, porque eso ya no es suficiente. En el estado actual de las cosas, sólo vale una limpieza real que asegure la ejecución de todo recurso público con eficacia y transparencia.

En las sombras de los cerros y callejones de Valparaíso, la creciente ola delictiva parece estar tejiendo una red de intranquilidad que envuelve a la región. Los números no mienten, y el Informe de Seguridad Pública de la Fundación Piensa revela una alarmante realidad: siete de las ocho provincias de Valparaíso registran incrementos en la cantidad de delitos de mayor connotación social en comparación con el mismo período del año anterior. Los datos son más que cifras frías; son el reflejo de una comunidad que clama por seguridad y respuestas concretas.

Según un Informe de Seguridad Pública de la Fundación Piensa, la Provincia de Petorca encabeza un desolador ranking, con un incremento del 32%, seguida de cerca por Quillota, con un 22% de aumento en delitos de mayor connotación social. Estos no son sólo números, sino el retrato de una administración que no sólo ignora, sino que parece rendirse ante la creciente criminalidad. Las estadísticas revelan que los homicidios han aumentado en un alarmante 53%, mientras que el robo en lugares no habitados y el robo de objetos desde vehículos crecen a un ritmo del 31%. ¿Cuánto más debemos tolerar?

Mi llamado para designar un zar dedicado a combatir la delincuencia en Valparaíso ha caído en oídos sordos, en un Gobierno que prefiere mirar hacia otro lado mientras nuestra región comienza a reinar el miedo y la desesperanza. La falta de competencias y liderazgo de la delegada presidencial y la ausencia de medidas efectivas que apunten de manera efectiva y decidida a enfrentar la situación constituyen una falta a los deberes constitucionales básicos de aquel que tiene la representación del Presidente de la República en la Región.

Valparaíso y Viña del Mar, según el informe Ejecutivo de junio, ocupan lugares destacados entre las comunas más vulnerables a nivel nacional. ¿Y la respuesta del Gobierno? Un silencio que impacta y preocupa. La indolencia oficial ante esta situación deja en claro que la seguridad de la región no es una prioridad. Es más, ni siquiera debiera sorprendernos; parece que hemos olvidado quienes nos gobiernan. En efecto, es importante recordar que este es un Gobierno cuya coalición está compuesta por el Partido Comunista y los partidos del Frente Amplio, un conglomerado que no sólo valida la violencia como medio de acción política, sino que además consideran al delincuente como una víctima, pues, según ellos, sólo son el resultado de las injusticias e inequidades del sistema. Partiendo de esa base, resulta total y absolutamente estéril exigir al Gobierno algo que jamás estará dispuesto hacer.

Secuestros, sicariatos, ejecuciones a plena luz del día, descuartizamientos, ataques arteros a la policía hasta con granadas de guerra, secuestros y tantos otros delitos propios de países que hace no mucho mirábamos con distancia, hoy son el pan de cada día.

La seguridad de Valparaíso no puede seguir siendo postergada en la inercia burocrática. Exigimos, no pedimos, que el Gobierno deje de lado su ideología y que escuche el clamor ciudadano. Presidente, la delincuencia y el crimen organizado se combaten sin ambigüedades y por el bien de Chile y nuestros compatriotas.