La Cámara Baja despachó anteayer al Senado en segundo trámite constitucional el proyecto de Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, lo que en teoría estimulará la competencia del cabotaje marítimo.

La iniciativa apunta -según el Gobierno- a la diversificación de opciones para el transporte, mejoras en la eficiencia logística, reducción de tarifas, mayor actividad logístico-portuaria y menor impacto ambiental, lo que redundará -de acuerdo con el Parlamento- en beneficios para los generadores de carga, las mipymes y los consumidores.

De la misma forma, el Ejecutivo a través de su ministro de Economía, Nicolás Grau, remarcó su interés en un uso más intensivo de los puertos y mares chilenos, con mejoras en la productividad y el crecimiento. Su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se detuvo en el detalle de que pese a sus favorables condiciones geográficas y largas distancias longitudinales, sólo el 4% de la carga general de cabotaje se hace por vía marítima.

En corto, el proyecto mantiene la reserva de cabotaje para empresas nacionales, pero crea dos excepciones que abren la puerta a naves extranjeras: a) ruta de salida: se permite a las naves de comercio exterior que vengan con carga del extranjero a un puerto nacional realizar cabotaje en su ruta de salida; y b) waiver anual: corresponde a un permiso anual (renovable una vez) que se otorgará a navieras extranjeras, para que realicen cabotaje cuando no existan servicios de línea regulares prestados por navieras chilenas.

Varios gremios del rubro, encabezados por los armadores, rechazan las potenciales modificaciones por cuanto estiman que permitir el ingreso de naves extranjeras con otras leyes laborales y tributarias sería sencillamente una competencia desleal en desmedro de la marina mercante nacional.

En la denominada Zona Sur Austral, acaso la que se siente más perjudicada, organizaciones y representantes de los incumbentes argumentaron que la iniciativa legislativa perjudica los intereses de los trabajadores y acusan al Gobierno de intentar "engañarlos". Asimismo, los dos diputados que votaron en contra (Mauro González, RN; y Héctor Ulloa, Ind.) denuncian la eliminación del artículo transitorio que permitía que el sur austral tuviera un resguardo, con la entrada en vigencia gradual de la ley.

El asunto es bien simple: para hacer importantes tareas sociales en territorios donde no logra llegar el Estado, el gobierno entrega financiamiento a quienes proveen esos servicios, ya sea mediante subvenciones (usualmente insuficientes) o mediante licitaciones y/o fondos concursables. La entrega de esos recursos debe ser diáfana, justificada y sobre la base de credenciales de honestidad, expertise y probada trayectoria de las entidades que van a ejecutarlas. El traspaso del dinero debe ser ágil y el rendimiento del mismo igualmente rápido y detallado. Las tareas financiadas deben, además, tener sentido y prestar una ayuda real, porque se trata de atender urgencias que afectan dramáticamente la vida de los que no tienen nada.

Hoy, son 227 mil niños, niñas y jóvenes los que patean piedras en las poblaciones sin ir al colegio y están a merced del narco y el crimen organizado. Existen miles de personas viviendo en situación de calle, lo que se acrecienta con el fenómeno de la migración masiva. Hemos visto en los últimos días morir quemados a diez niños hijos de migrantes irregulares a causa de las precarias viviendas donde viven hacinados. Los problemas de salud mental y consumo problemático de alcohol y de otras drogas de los más pobres no los atiende nadie. La discapacidad mental es otro tema en que la oferta de ayuda está dramáticamente insatisfecha. Hacemos esta enumeración porque que abarca varios programas de trabajo del Hogar de Cristo en todo Chile que se encuentran en incertidumbre financiera, tanto para el cierre 2023 como para la proyección presupuestaria 2024. Esto, en parte a causa de los sinvergüenzas involucrados en el caso Convenios. La falta de escrúpulos de unos pocos tiene a muchas organizaciones de la sociedad civil que hacemos bien la pega con la entrega de recursos retenidos, haciendo pagar a justos por pecadores.

La situación económica del país tampoco favorece el dar hasta que duela que propiciaba nuestro fundador, Alberto Hurtado. En lo individual, muchas personas están sin trabajo y a otras la inflación las ha golpeado con dureza; y en lo institucional, las empresas que practican la filantropía son escasas y batallar por superar la pobreza no es visto masivamente como una inversión. Todo esto nos ha obligado a organizar una colecta nacional, que se llevará a cabo la primera semana de diciembre y que requiere de todos, de la comunidad completa. ¿Cómo se puede colaborar? Haciéndote voluntario de la Colecta para Superar la Pobreza. Así podrás representar a la fundación y difundir entre tus contactos en redes sociales la importancia de llegar a la meta para mejorar la calidad de vida de más de 43 mil personas, que son las que atendemos anualmente.

Antes se usaba salir un día con miles de voluntarios a la calle, armados de pecheras institucionales y tarros donde depositar los donativos. Lejos quedaron esos tiempos: ahora necesitamos fuerza digital y presencia en las redes. Compártenos tu círculo de contactos y sensibilízalos con participar. Así, ojalá, la primera semana de diciembre veremos extenderse la solidaridad en favor de los justos que pagan el pato por la frescura de algunos; esos justos que no son las organizaciones, sino aquellos a los que sirven, a los más pobres y a los más excluidos.