Presionado por una oposición que cuestiona la efectividad de las medidas adoptadas para combatir la delincuencia y en respuesta al llamado hecho por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, sobre la necesidad de avanzar en la agenda comprometida hace un año, el Gobierno dispuso ayer la discusión inmediata para el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, luego que en septiembre fuera aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, quita al Ministerio del Interior la coordinación con las policías y entes persecutorios, así como el diseño de las políticas de prevención de delitos, para entregar ambas materias a una nueva cartera. El objetivo es evidente: mejorar la profundidad con la cual el Ejecutivo aborda las materias vinculadas a la seguridad pública, especialmente aquellas que requieren miradas estratégicas nuevas y la asignación más rápida y eficiente de recursos ante el surgimiento de fenómenos delictuales de singular violencia, como el sicariato y el crimen organizado.

Este cambio específico genera consenso entre los parlamentarios, ya que significa elevar al rango ministerial aquellas materias que hasta ahora se encuentran repartidas en distintas subsecretarías, no siempre coordinadas de la mejor manera.

Sin embargo, en una evidente señal de que el ambiente político vive días de profundas discrepancias, ni siquiera este consenso básico alcanza unanimidad. Lo curioso de este caso es que los mismos diputados que apuestan a una preeminencia de la agenda de seguridad pública en respuesta a la proliferación de los delitos violentos, critican o minimizan el impacto de un ministerio específico dedicado al tema. La contradicción es evidente y revela un discurso superficial y equivocado sobre las acciones más eficientes para enfrentar la delincuencia. Es importante ser claros. La creación de un Ministerio de Seguridad Pública y el conjunto de cargos que lleva aparejados no soluciona por sí solo los problemas asociados a la delincuencia, pero significa un fortalecimiento de los esfuerzos encaminados a cumplir dichos objetivos y mejora la coordinación de los entes involucrados.

Hace unas semanas, como Seremi del Medio Ambiente, junto al Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente y el apoyo de Municipalidad de Viña del Mar, lideramos un gran encuentro ciudadano con el fin acercar a las personas a la Ley de Reciclaje o Ley REP, que se encuentra en plena implementación en nuestro país, la cual contó con un gran número de participantes presenciales y virtuales.

El interés ciudadano por conocer más sobre esta práctica es enorme, y cómo no, si en nuestro país generamos anualmente cerca de 2.082.396 toneladas de residuos de envases y embalajes, los que terminan en su gran parte en vertederos y rellenos sanitarios y, por desgracia, una cantidad menor en microbasurales y vertederos clandestinos.

De esas toneladas, un 27%, aproximadamente, de envases y embalajes (de origen domiciliario y no domiciliario) se recicla. Sin duda, una imagen algo preocupante, pues una parte de estos residuos también terminan en nuestro entorno natural.

En ese sentido, la Ley de Reciclaje tiene como objetivo disminuir la generación de estos residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. La ley obliga a las empresas que comercializan sus productos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de estos productos cuando terminen su vida útil. Para lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente está fijando, mediante decretos, las metas de recolección y valorización. Hoy ya se encuentran vigentes las metas de recolección y valorización de neumáticos (enero 2023) y las de Envases y Embalajes desde (octubre 2023). Además, se están elaborando decretos para otros productos (aceites lubricantes, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos).

Uno de los productos más cotidianos en nuestros hogares son los envases y embalajes presentes de forma transversal en el comercio. Hablamos principalmente de residuos plásticos, de papel, de cartón, de aluminio y de vidrio, entre otros. Estos residuos también tienen un alto potencial de valorización, pues todos ellos son reciclables. Las metas permitirán al país pasar del actual 12,5% de reciclaje de envases y embalajes domiciliarios a un 60% de estos elementos aproximadamente el año 2030, equivalente a tasas de reciclaje de los países desarrollados.

Una buena noticia es que el pasado 2 octubre comenzó a operar esta nueva forma de reciclar con envases y embalajes, la que será de manera gradual a través de los denominados sistemas de gestión, que es la contratación de servicios de recolección y valorización de estos residuos. A nivel regional, será Viña del Mar la municipalidad pionera en comenzar su aplicación.

En ese sentido, se ha vuelto imperante avanzar en el fortalecimiento de la educación ambiental, en apoyo a este nuevo sistema de recolección, para que todas y todos sepamos la manera correcta separar nuestros residuos.

Como Seremi del Medio Ambiente, seguiremos avanzando en esta importante tarea, impulsando esta nueva forma de reciclar y transitando hacia la economía circular para nuestros territorios.