La clase media, gran olvidada de las políticas públicas, comienza a evidenciar los rigores del frenazo económico que ha sufrido el país en los últimos años. Un estudio realizado por Equifax lo confirma al detectar que más de 135 mil personas en el país y casi 15 mil en la Región de Valparaíso pasaron desde los segmentos C2 y C3 para incorporarse al D, debido a su condición más vulnerable. El impacto de la inflación y la cesantía, de la crisis del empleo formal que empuja a muchos emprendedores a la informalidad y la precariedad laboral, ha sido devastador, sin que se observe la intención de aplicar medidas específicas que sean capaces de revertir esta tendencia.

No es secreto que la palanca para cambiar la situación es incentivar el crecimiento económico, actualmente frenado por el alto endeudamiento de muchas empresas, la incertidumbre constitucional, la brusca caída en la demanda por productos y servicios, y los obstáculos burocráticos que muchas veces imponen un muro a cualquier idea de emprendimiento y negocio.

Más preocupante aún es que la crisis vino a golpear una situación estructural de permanente déficit. De acuerdo a cifras que entrega el académico de la Escuela de Ingeniería y Negocios de la Universidad Viña del Mar y exseremi de Economía, Alejandro Corvalán, el crecimiento per cápita de la Región de Valparaíso en los últimos diez años ha sido un sexto del crecimiento a nivel nacional (0,13% versus 0,83%). Esto quiere decir que los esfuerzos en la zona deben multiplicarse y el ánimo de reactivación económica tiene que permear desde las autoridades con responsabilidad en esta área hasta el conjunto de emprendedores que necesita un empujón clave para salir adelante. No sólo hay que frenar la caída actual, sino que remontar el rezago que por años ha tenido la zona. La pregunta es si contamos, desde el nivel de gobernador a alcaldes, de seremis a directores de servicios, con las autoridades pertinentes para dar ese salto al crecimiento.

El pasado 11 de noviembre se celebró por primera vez en Chile el Día Nacional de las Áreas Protegidas, orientado a celebrar y reflexionar sobre la importancia de la preservación de la naturaleza. Esta fecha se conmemorará anualmente el segundo sábado de noviembre. La iniciativa ocurre en un contexto particularmente importante ya que, después de nueve años de discusión se promulgó la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Chile cuenta con 101 unidades protegidas, que alcanzan 18,6 millones de hectáreas, es decir, el 21% del territorio nacional, incluyendo 41 parques nacionales, 46 reservas nacionales y 18 monumentos naturales. Esta política pública, conocida como Ley SBAP, tiene por objetivo la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.

En la ceremonia de lanzamiento, realizada en el cerro La Campana, la ministra del Medio ambiente, Maisa Rojas, recalcó que la aprobación de esta iniciativa significará aumentar en casi un 58% el presupuesto anual destinado a la institucionalidad ambiental, potenciará la participación privada en la gestión de las áreas protegidas y duplicará la cantidad de guardaparques. La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas considera el traspaso de todas las áreas protegidas administradas por Conaf al SBAP, junto con sus recursos financieros y de personal.

La creación del Servicio de Biodiversidad es un avance enorme para Chile; no obstante, deja temas importantes por resolver. En cuanto a las concesiones sectoriales en áreas protegidas, el Ministerio del Medio Ambiente tuvo intención de prohibirlas, pero la propuesta no se aprobó y siguen vigentes las leyes previas.

El artículo sexto de la Ley N° 21.600 establece que las concesiones o contratos que se hubieren adjudicado antes de la creación de un área protegida en espacios comprendidos en ellas continuarán vigentes al interior de estas, hasta el momento que se efectúe su relocalización. En relación con las salmoneras, el año 2022 existía un total de 1.400 concesiones otorgadas, de las cuales 411 se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 100 de las cuales estuvieron operativas el 2022.

Es importante seguir avanzando hasta dejar sin exclusiones la prohibición de actividad industrial dentro de áreas protegidas, en particular el cultivo de especies exóticas a escala industrial, como es la salmonicultura. El artículo 158, que fue rechazado, establecía que "las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte de reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura".